La semana que pasó hemos sido testigos de reacciones ciudadanas contra resoluciones judiciales que incluso han motivado que la Ministra de la Mujer en funciones y la anunciada Ministra de Justicia del próximo gabinete, se reúnan con la Juez que emitió una de las resoluciones cuestionadas. En situaciones normales, que un Ministro pida una reunión con un Juez para conversar sobre un caso a su cargo, sería una franca interferencia contra un Poder del Estado y todos estaríamos de acuerdo en la necesidad de respetar la independencia judicial. No obstante, las imágenes propaladas del caso en cuestión y la indignación pública contra el fallo, no sólo no han condenado ninguna interferencia, sino que se ha puesto especial énfasis en conocer el resultado de las reuniones con la expectativa de revertir los fallos judiciales.
Sin embargo, la situación descrita no es aislada. Existen otros casos en los que el sistema judicial no responde a las expectativas ciudadanas. Ocurre en materia de seguridad, donde se escuchan disonancias entre la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. Esto sucede sobre todo en casos de corrupción en los que la sentencia parece no llegar o llega después de 15 años de ocurridos los hechos como pasó con el caso de Alex Kouri. Si a ello se suma el énfasis que se ha puesto en mecanismos alternativos como el arbitraje (popular, laboral, de contrataciones del Estado, etc.), parece evidente que el sistema judicial no está funcionando desde hace tiempo.
Cuando se aborda el problema, la primera solución que se propone es siempre la idoneidad de los jueces y su capacidad para interpretar el Derecho y aplicarlo al caso concreto (y las consabidas respuestas de la falta de pruebas en el caso concreto o la deficiencia de las leyes). Si bien la capacitación de los jueces es una necesidad innegable, se olvida con frecuencia que la Administración de Justicia,implica también la gestión u organización del sistema judicial. Esto incluye la planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, materiales, tecnológicos, etc.) que permiten lograr (o no) sus objetivos.
El Poder Judicial requiere un sistema de gestión que permita lograr eficiencia y eficacia en la atención al ciudadano y que sea coherente con el estado actual de la tecnología. Esto es necesario porque el sistema judicial es quizá uno de los campos en los que la tecnología parece no haber llegado. Seguimos con Juzgados llenos de expedientes en papel que no sólo ocupan grandes cantidades de espacio, que siguen formatos y formulismos antiguos y donde el acercamiento a las tecnologías de información y comunicación más esforzado parece ser la notificación electrónica. El sistema judicial no tiene reportes de productividad (la página web consigna alguna información del año 2013 y 2014), no hay indicadores de gestión, ni un sistema que sistematice el sentido de las resoluciones que los juzgados van emitiendo.
El sistema judicial debería estar organizado de manera que sepa con precisión dónde están los “cuellos de botella” en los procesos, qué juzgados son más eficientes, qué recursos debe otorgar (humanos, materiales, infraestructura, etc.), dónde y con qué jueces se dan la mayor cantidad de denuncias de corrupción, entre otros muchos aspectos. Esto permitiría gestionar sus recursos, atender sus propias demandas y lograr sus objetivos institucionales.
La consecuencia de estas carencias es que el ciudadano no conoce con algún grado de certeza, el tiempo en que se atenderá su proceso, el sentido que podría tener su caso, las pruebas que están valorando los jueces o la interpretación que están dando a la norma, que es la información mínima razonable que debería tener antes de iniciar un proceso judicial. En esas condiciones, las acusaciones de corrupción, la falta de legitimidad de las resoluciones judiciales y la sospecha sobre la actividad de los jueces estará siempre presente y debilitará el sistema.
Además, en las condiciones actuales, el Poder Judicial tampoco hace un aporte sustancial de información para los otros Poderes del Estado. No suministra la información para que el Congreso dicte las leyes que respondan a la realidad peruana, ni al Ejecutivo para tomar medidas respecto al sistema carcelario, ni el número de víctimas de los distintos delitos que requieren atención, entre otros. Esto es vital ya que el Poder Judicial debería ser la fuente más importante y confiable de información que permita que el Estado, de manera oportuna, articulada y unitaria, responda a las legítimas demandas ciudadanas.
Pretender solucionar el problema del Poder Judicial enfocándose únicamente en la formación de los jueces es una mirada parcial. A pesar que los Jueces Supremos cumplen importantes funciones directivas (relacionadas con la gestión del Poder Judicial), todas sus competencias están centradas en el ejercicio de la resolución de conflictos. Este enfoque olvida que detrás de las resoluciones que emite un juez, existe todo un sistema administrativo que merece ser revisado, actualizado y modernizado.
El Presidente del Poder Judicial tiene la responsabilidad de asumir el liderazgo de este proceso y sin duda su tarea es urgente e importante. La legitimidad de las resoluciones judiciales no se logra por decreto ni por declaraciones de un juez o de un funcionario. Esto se logra cuando los ciudadanos estamos persuadidos que se ha hecho justicia. Recordemos que hacer justicia es el resultado de un proceso mucho más complejo que la capacitación de los jueces.