Uno de los temas que más se discutió en la última edición de la Conferencia de las Partes (COP25) fue la creación de un mercado de carbón. El modelo, promovido por el Pacto Verde que impulsa la Unión Europea, busca crear un impuesto a la importación de productos cuyo proceso de fabricación implicara la emisión de CO2.
Aunque la meta, según la Unión Europea, es desalentar la creación de productos con alta emisión e incentivar a las industrias nacionales limpias, dos de los países que se mostraron más reticentes fueron los Estados Unidos y China, dos naciones que desde hace una década viven una guerra arancelaria para la exportación mutua de sus productos, además de que son dos de los más emisores del planeta.
Aunque la Unión Europea aún debe definir cómo se distribuiría en los distintos países la cuota de carbono permitida, lo que ya se ha señalado generaría un potencial mercado de especulación sobre los bonos del carbono. En medio de esta disputa, una nueva entidad ha alzado la mano para pedir explicaciones ante esta medida: la Organización Internacional del Comercio (OMC).
Como en la mayoría de discusiones sobre medidas vinculadas a la lucha contra el calentamiento global, los intereses económicos suelen intervenir. Ante el potencial mercado de carbono, China y EE.UU., así como alguna otra potencial industrial, ha amenazado con elevar los aranceles al ingreso de productos importados si sus propias exportaciones son gravadas con un impuesto por sus emisiones.
La preocupación de la OMC no precisamente el fracaso en la reducción de emisiones, sino la proliferación de medidas económicas proteccionistas que afecten al intercambio de bienes global. El capitalismo global se siente amenazado ante la incursión de políticas económicas “verdes”, y estas preocupaciones se han mudado a terrenos nacionales.
¿Y los no industrializados?
Las preocupaciones cambian cuando tu economía nacional no depende, primordialmente de tu parque industrial. Según una publicación de la revista Nature, este sería el caso de países tropicales como Colombia y Costa Rica, cuyas geografías sí se ven directamente afectadas por el consumo de petróleo, gas y carbón.
La revista afirma que la recaudación de impuestos por la generación de emisiones en los países industrializados, podría generar ingresos de hasta US$ 1.800 millones para el desarrollo de proyectos de protección de bosques y biodiversidad. Este monto, que se distribuiría a través del Fondo Verde –el monto global comprometido en el Acuerdo de París–, reemplazaría el retroceso de las cooperaciones ambientales de los países industrializados a los más vulnerables.
Lo cierto es que algunas empresas, vinculadas directamente a la emisión de gases de efecto invernadero, ya han tomado medidas especulativas. Por ejemplo, la petrolera argentina YPF aumentaría en un 0,24% el costo de su combustible en caso de imponerse un impuesto por la emisión de CO2. ¿Tendrá luz verde el mercado de carbono?
Artículo escrito por José Díaz – Servindi