La responsable del área de defensa y reforma militar del Instituto de Defensa Legal, IDL, Ana María Tamaya, consideró necesario revisar el Plan de Desarrollo del valle de los ríos Apurímac y Ene, Plan VRAE, para evaluar lo positivo y lo negativo que esta experiencia ha dejado al estado.
Señaló, al respecto, que dos años luego de haber sido implementado, «se debe hacer un balance muy minucioso para ver en qué medida (el plan) ha sido positivo o no y (de qué forma) está respondiendo a las necesidades de la población local y a las necesidades de seguridad del estado».
En ese sentido, la representante del IDL recordó en INFOREGIÓN que el objetivo del Plan VRAE es mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la zona, así como proveerlos de seguridad.
Indicó que el elevado número de muertos de las fuerzas del orden y de civiles acontecidos en los últimos meses nos habla de problemas y dificultades en la gestión de la estrategia de desarrollo.
«Es una cosa complicada, por lo que es necesario que este tema se revise y se vea si los objetivos planteados y la estrategia planteada estaba bien concebida», opinó.
Plan VRAE debe tener única autoridad a la que respondan las entidades integrantes
En otro momento, la especialista aseveró que es necesario que el gobierno central redefina el Plan VRAE y comprometa más en su gestión a las autoridades regionales, quienes junto con el gobierno central deben atender las necesidades de los gobiernos locales.
«Lo central es redefinir un espacio, una autoridad civil única a la que respondan todos los componentes del plan. Al que respondan los trece ministerios considerados en el plan», manifestó, no sin antes resaltar que se asignen los recursos necesarios para la estrategia de desarrollo en cuestión.
Dijo que todo lo anterior depende de la decisión política del ejecutivo y requiere de un pacto de los partidos para apoyar las disposiciones del gobierno en el tema de la estrategia antidrogas que el país requiere.
Del mismo modo, detalló que se debe invertir en el desarrollo de la zona del VRAE para dar la señal de que sí es posible vivir en democracia y con dignidad. El estado tiene una gran responsabilidad allí», finalizó.