Esta mañana una resolución suprema dio por concluidas las funciones de la procuradora para el tema de Lavado de Activos, Julia Príncipe Trujillo.
El documento lleva las firmas del presidente Ollanta Humala, los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano; del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; y de Justicia, Gustavo Adrianzén. Sin embargo, no se explica las razones de su salida salvo que fue una propuesta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. ¿Cuál es la verdadera razón de la salida de Príncipe? Oficialmente se ha dicho que cometió “una abierta inconducta funcional” al declarar a los medios de comunicación sin haber pedido autorización a sus superiores. Se trata de una observación formal, pero en el fondo se ha censurado el que Príncipe investigue el caso de las agendas de Nadine Heredia, como indica su mandato al frente de la Procuraduría, creada justamente para la defensa del Estado en estos casos.
Julia Príncipe ha estado en la Procuraduría casi 12 años. Llegó en el gobierno de Alejandro Toledo y durante el segundo mandato de Alan García fue designada titular de la recién creada Procuraduría de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en el 2009. Su trabajo ha sido consistente. Se enfrentó a la red de corrupción más grande del Perú, la del abogado Rodolfo Orellana, y ha enfrentado varios casos de lavado aún cuando muchas veces denunció la falta de apoyo del Ejecutivo.
Desde INFOREGIÓN consideramos que esto debilita el sistema anticorrupción -creado incluso en el gobierno de Fujimori-, han transitado 15 años de recuperación de la democracia y uno de los pilares fue precisamente recuperar la institucionalidad. Ahora, vemos como este gobierno privilegia la defensa de Nadine Heredia tirándose abajo una política de estado de lucha contra el narcotráfico, generando mayor desconfianza en la población y abonando a una precaria gobernabilidad.
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