En el Día de las Lenguas Originarias del Perú, la Defensoría del Pueblo recordó que, de acuerdo a la Constitución Política, toda persona tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete, como parte de su identidad étnica y cultural y el Estado está en la obligación de respetarla.
Asimismo, hace más de 11 años se aprobó la Ley n.° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, con la finalidad de que las instituciones públicas y privadas que prestan servicios públicos implementen de manera progresiva, entre otras medidas, acciones que permitan garantizar a las personas que hablan una lengua indígena u originaria recibir la atención correspondiente en su propia lengua, para lo cual se deberá garantizar la disponibilidad de traductoras/es e intérpretes.
En cumplimiento a dicha norma, en el 2021, el Ministerio de Cultura actualizó el Mapa Etnolingüístico del Perú, con la finalidad de que se conozca información detallada y confiable sobre las lenguas que tienen mayor predominancia en el ámbito nacional, regional y local. Con dicha herramienta, se refleja la realidad lingüística en el territorio y permite que las entidades públicas y privadas diseñen e implementen política para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas del país.
Considerando la competencia del Ministerio de Cultura para realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, es importante que dicho sector dé a conocer los resultados sobre los avances, dificultades y los retos pendientes en la adecuación de los servicios públicos con pertinencia lingüística y cultural.
En ese marco, la jefa del Programa de Pueblos Indígenas, Nelly Aedo, señaló que “es un derecho de la población indígena que se rinda cuentas respecto a los esfuerzos presupuestales, logísticos e institucionales desplegados por las entidades públicas para garantizarles que cuando requieran un servicio esencial la atención sea brindada considerando su lengua materna”.
De igual forma, Aedo recordó que otro espacio en el que se debe garantizar el derecho al uso de la lenguas originarias, es el Congreso de la República, “cabe señalar que la institución emitió una opinión técnica a los proyectos de ley n.° 0082 y 0084/2021-CR, en cuyo contenido propone modificar el reglamento del Congreso, en el sentido de garantizar que las y los congresistas hagan uso de sus lenguas indígenas u originarias durante el ejercicio de su labor parlamentaria y para lo cual se les provisione de un intérprete o traductor”.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo invocó al Gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales que respeten los derechos de los más de cuatro millones de personas que conservan y utilizan, en los distintos ámbitos de su vida, las lenguas indígenas transmitidas por sus generaciones precedentes. Y, en ese sentido, exige al Estado adoptar medidas presupuestales y operativas para su ejercicio, por ser una deuda histórica con este grupo de la población, informó la Defensoría del Pueblo.