La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) catalogó de un “duro revés para la libertad de expresión en Ecuador”, la aprobación de una enmienda constitucional que le concede al Estado la propiedad y la potestad de regular a la información como si se tratara de un servicio público.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 3 de diciembre un paquete de 15 enmiendas a la Constitución propuesto por el Poder Ejecutivo, una de las cuales califica de “servicio público” a la información. Esta figura ya está contemplada en la Ley de Comunicación, en vigencia desde 2013, la cual es usada por el gobierno del presidente Rafael Correa como instrumento de presión y censura.
“Una vez más el gobierno ecuatoriano nos sorprende aplicando una vuelta más del torniquete contra la libertad de prensa y de expresión”, dijo el presidente de la SIP, Pierre Manigault, quien además dirige el diario estadounidense The Post and Courier.
Agregó que de esta forma, el gobierno de Ecuador “se arroga la potestad y el poder de conceder o no el derecho del público a la información, un derecho humano que no le pertenece a la autoridad sino al pueblo, como rezan los principios internacionales tal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también la Declaración de Chapultepec”.
Por su parte, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del semanario Búsqueda de Uruguay, manifestó que “darle al Estado el poder de determinar que se trata de un servicio público, como un equivalente a otros servicios estratégicos como pueden ser el del agua, la electricidad, la salud o la seguridad pública, demuestra claramente que el gobierno se arroga para sí la posibilidad, por razones de su entera conveniencia, de controlar la información”.
Paolillo agregó que con la enmienda, «el gobierno de Correa ha querido simplemente darle legitimidad constitucional a la Ley de Comunicación que por sí misma no se sostenía, ya que el grado de censura que por ella se aplica, es a todas luces un atropello a la Constitución y al Estado de Derecho».
Así, la enmienda apuntala la política comunicacional del gobierno de Correa, aupada por la Ley Orgánica de Comunicación, la cual, a través de órganos de vigilancia como la Superintendencia de la Información y Comunicación, (Supercom), controla, censura y se entromete en los contenidos periodísticos, disponiendo fuertes sanciones que obligaron a algunos medios a dejar de operar.
La SIP también viene denunciando que esta política gubernamental, además de ser agresiva con los medios críticos e independientes, es también utilizada para expandir la línea de medios oficiales que no son utilizados como públicos.
La semana pasada, el diario oficial El Telégrafo compró el 49% de las acciones de la compañía que edita el diario El Tiempo de Cuenca. En Ecuador, según un estudio de Fundamedios, hasta marzo de 2015 la nómina de medios al servicio del gobierno ascendía a 27 en poder del Estado y uno paraestatal; así como una red de más de 300 radios editorialmente alineadas con el gobierno.
A mediados de setiembre pasado, durante el Compromiso de Quito, una reunión organizada por la SIP y Fundamedios en la capital ecuatoriana y a la que asistieron más de una docena de organizaciones internacionales, se pidió al gobierno de Correa que se archive esta enmienda por considerarse abusiva a las libertades de prensa y de expresión.
La SIP se sumó también a la opinión de la organización ecuatoriana Fundamedios que calificó la reforma constitucional como “un grave retroceso y vulneración al derecho a la libertad de expresión”.