En este escenario, la transparencia y el acceso a la información se hacen necesarios para promover espacios de decisión, control y vigilancia del sector energético que generen confianza en la población, reduzcan los conflictos por falta de información y prevengan la corrupción de las autoridades.
Los recursos energéticos son sumamente importantes para el desarrollo del Perú, pero para explotarlos correctamente, el Estado debe promover prácticas de transparencia y acceso a la información pública que permitan ejercer un control ciudadano a las entidades con competencia directa e indirecta en este sector.
Una política de transparencia promociona y fortalece el diálogo y la interacción entre ambas partes de la sociedad, procurando su participación responsable e informada. La transparencia también promueve la lucha contra la corrupción, previene los conflictos socioambientales y mejora la credibilidad de las instituciones.
A pesar que en los últimos años se han dado numerosas iniciativas para cumplir lo estipulado en la Ley de Transparencia, aún quedan grandes pasos que dar en esta materia para adaptarse a los más altos estándares vigentes internacionalmente.
Según el “Diagnóstico 2014: Transparencia en el sector energético peruano” realizado por la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) con el apoyo de la Open Society Foundations, casi todas las instituciones evaluadas presentan deficiencias en estos aspectos.
LOS QUE NO CUMPLEN
Uno de los criterios que se evaluó fue la implementación de mecanismos de transparencia. Según el diagnóstico, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) tan solo obtuvo un 53% en cumplimiento de su Portal de Transparencia Estándar (PTE) y Petroperú el 52%, siendo las instituciones que obtuvieron los porcentajes más bajos.
En cuanto a la accesibilidad a la información en los PTE, el Sernanp y el Gobierno Regional del Cusco son las dos instituciones con mayor dificultad para encontrar la información en el segundo trimestre de 2014.
Asimismo, la ANA y el Gobierno Regional del Cusco fueron las entidades que no respondieron las solicitudes de información en el segundo trimestre del año pasado. Cabe resaltar que estas dos instituciones presentan dificultades por varios periodos consecutivos para brindar información, a pesar de haberse dado un plazo de 30 días. La mayoría de entidades respondieron en promedio en cinco días.
Tanto el Gobierno Regional del Cusco como el de Loreto se encuentran desvinculados de los procesos a nivel nacional que dirige la Presidencia del Consejo de Ministros sobre transparencia y acceso a la información pública. El estudio señala que los funcionarios de estas entidades no conocen cómo implementar los mecanismos de transparencia. Ambos necesitan un reforzamiento de sus capacidades institucionales y de gobernanza.
Por otro lado, también se indica que hace falta aumentar la transparencia en los procesos de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental en hidrocarburos e hidroeléctricas. De esta manera, todos los documentos generados en los expedientes de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), en los talleres participativos y en las Audiencias Públicas, sean publicados en el portal web del organismo correspondiente y actualizados de manera oportuna.
LOS QUE SÍ CUMPLEN
Si bien la mayoría de organismos evaluados aún tiene un largo camino por recorrer, es justo reconocer a los que mejoraron y casi cumplen a cabalidad con las exigencias requeridas. Perupetro, por ejemplo, es una de las empresas público-privadas que más ha mejorado su Portal de Transparencia web.
Por otro lado, para el segundo trimestre de 2014, el Ministerio del Ambiente alcanzó un 100% de cumplimiento en su PTE. El Ministerio de Energía y Minas, Electroperú y el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), lograron un 98%.
BITÁCORA
El diagnóstico llega a la conclusión que es necesario crear una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, autónoma, especializada y con presupuesto propio; que tenga injerencia en todos los sectores y niveles del gobierno; y que homogenice los procesos.
Asimismo, la PCM debe aprobar el Plan de Acción 2014-2016 de Gobierno Abierto Perú, con el fin de implementar los compromisos asumidos por el Estado peruano frente a la Alianza para un Gobierno Abierto que busca consolidar un Estado Transparente y libre de corrupción.
También es fundamental seguir promoviendo la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) y la Alianza para la Transparencia en las Industrias Extractivas del G8 a nivel nacional y regional.
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