El próximo jueves realizarán un taller para 200 funcionarios y representantes de 60 instituciones públicas del país para analizar y fomentar la participación ciudadana en el control de la gestión pública y tipificar delitos como por ejemplo el soborno a funcionaros.
Durante dos días participarán en un Taller sobre la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, organizado por la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), el Ministerio de Justicia y la Organización de Estados Americanos (OEA).
De esta forma, se busca analizar las 27 recomendaciones planteadas por la Convención y que han dado lugar a un Proyecto de Plan de Acción que consigna 75 acciones identificadas, que van desde la elaboración y modificaciones de leyes, hasta programas de formación de capacidades e instituciones públicas y de la sociedad civil.
Entre otros temas, la convención planteó fomentar la participación ciudadana en el control de la gestión pública, tipificar delitos como por ejemplo el soborno a funcionaros internacionales, mecanismos de cooperación y asistencia judicial y fortalecimiento de instituciones que tengan que ver en la lucha contra la corrupción.
El evento, a realizarse en el hotel Meliá de San Isidro, contará con la participación del presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara; la ministra de Justicia, Rosario Fernández; la jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción, Carolina Lizárraga; y el director del Departamento de Asunto Jurídicos Internacionales de la OEA, Jean Michel Arrighi.
Se expondrán los alcances en el marco normativo internacional sobre la lucha contra la corrupción y luego se conformarán grupos de trabajo, los cuales deberán opinar y aportar sobre los componentes del proyecto a fin de modificarlo en lo que sea pertinente. Finalmente se presentarán los resultados ante todos los asistentes, informó la agencia Andina.
Los grupos de trabajo tratarán siete temas: Normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento; Sistemas para la declaración de los ingresos activos y pasivos; Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil; Asistencia y cooperación; Contrataciones y adquisiciones del Estado; Protección al denunciante y actos de corrupción y Órganos de Control General.