«En ninguna parte del Acuerdo de Escazú se pone en riesgo la soberanía nacional»

El abogado Mariano Castro habló sobre la importancia del Acuerdo de Escazú para la transparencia, participación y justicia ambiental, haciendo aclaraciones necesarias ante versiones interesadas para que no se ratifique en el Perú. Así lo hizo en nueva emisión de «Biologando» espacio conducido por Sandro Sánchez, past Decano Nacional del Colegio de Biólogos del Perú.

Castro dijo que se trata de un acuerdo para América Latina y el Caribe en donde interactúan derechos humanos y derechos ambientales: «el contenido del acuerdo es exclusivamente sobre derechos de acceso: a la información, a la participación y a la justicia ambiental». Es un acuerdo vinculante que busca «contribuir la implementación efectiva de estos derechos de acceso», acotó.

Su origen, recordó, está en el principio 10 del Acuerdo de Río de Janeiro: «para alcanzar resultados en materia ambiental, es fundamental la participación de todos». Para ello, dijo que los Estados deben facilitar mecanismos de información ambiental; además, se necesita garantizar la actuación en temas ambientales; así como tener canales jurídicos para proteger derechos ambientales.

Luego enfatizó que «en ninguna parte del acuerdo se pone en riesgo la soberanía nacional», pues el espíritu del documento va por el sentido contrario. Resaltó que el acuerdo es fruto de negociaciones entre los países por espacio de seis años, donde han estado presentes las cancillerías, entre otras entidades, de las naciones participantes.

«Pretender creer que las cancillerías de América Latina están cediendo territorio es delirante», remarcó para luego citar el profesionalismo de la cancillería peruana al abordar el tema. Pensar que dicha entidad no cumplió con la defensa de la soberanía «es un insulto», consideró. «Es increíble la campaña tan mentirosa que se ha montado de asegurar lo que no tiene el acuerdo de Escazú», sentenció.

Citó que lo que Escazú impulsa «es que se tenga una justicia lo más técnica, especializada, accesible, etc,. Y eso ayuda a la inversión. ¿O qué queremos? ¿Que se resuelvan (las controversias) por quién tira más piedras o por quién ejerce más violencia, por quién corrompe? Obviamente, no. Eso no es un estado derecho en ningún sitio, ni menos un estado de derecho ambiental».

Sobre el acuerdo, añadió que «no hay otro proceso de negociación -no solamente en materia ambiental- que se haya hecho con tal nivel de apertura». Citó que todas las negociaciones están grabadas, se pueden revisar los textos, además de saberse las personas que participaron en los debates.

Por su parte, Chávez dijo que «tiene que haber un proceso de esclarecimiento a estas falacias que se están difundiendo. Además, espero que el Congreso no caiga en el juego de esta gente que irresponsablemente está afirmando cosas que no son, metiendo miedo (…)». Además, expresó su esperanza que el Congreso peruano ratifique el acuerdo lo antes posible.