El otro lado de la guerra. Se gastan millones de dólares en la persecución de terroristas en el valle de Mazángaro, pero no se destina presupuesto para escuelas y postas médicas, como en el poblado de Nueva Esperanza, donde un solo profesor enseña a niños de cinco distintos grados.
Todas las noches se escuchan disparos en el poblado de Nueva Esperanza, en cuya jurisdicción está instalada la Base Contraterrorista de Mazángaro, atacada por los senderistas el pasado 15 de agosto, con un saldo de cinco militares fallecidos.
Al llegar al lugar la gente se quejó por la frecuencia cotidiana de los disparos que los pone nerviosos.
Sienten que están entre dos fuegos y que en cualquier momento habrá víctimas civiles. Para constatar lo que los pobladores decían, pasamos una noche en Nueva Esperanza. Era verdad. No pudimos pegar un ojo. En la madrugada se escucharon varios tiros hasta poco antes del amanecer.
Nueva Esperanza se ubica en el valle del río Mazángaro, donde también se encuentran los caseríos de Puerto Palmeras, Nueva Libertad, Jesús Belén, San Juan Mantaro, Bellavista, Valle Hermoso y Alto Mantaro. Todos forman parte del distrito de San Martín de Pangoa, en la provincia de Satipo (Junín).
Desde la masacre del 15 de agosto, la vida en todo el valle de Mazángaro ha cambiado radicalmente.
Al día siguiente del ataque senderista, helicópteros Mi-171 Sh de la FAP abrieron fuego sobre las zonas altas del valle de Mazángaro, desde donde los terroristas dispararon a los efectivos del Ejército. Las incursiones aéreas se iniciaban a las siete de la mañana y terminaban a la una de la tarde. Una semana duró la contraofensiva.
Los pobladores llaman «lagartos» a los Mi-171 Sh. Ni bien los escuchan, se ocultan, porque saben que lanzarán cohetes y munición de calibre 30 mm. Viven atemorizados.
NOCHES DE MIEDO
Además, desde el 16 de agosto se impuso el toque de queda. La población sólo puede desplazarse desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. Hay orden de disparar a quien vulnere la norma.
“Nuestros hijos tienen miedo. Cada vez que aparece un ‘lagarto’, lloran. Todos los días se escuchan disparos. No duermen tranquilos. Saltan en las noches con los estallidos. No podemos vivir tranquilos», dijo Yovana Quispe Huamán, madre de dos hijos.
«No estamos en contra de la base de Mazángaro, pero debe ser reubicada fuera del pueblo porque nos coloca en medio de los enfrentamientos. En cualquier momento podemos morir», manifestó Gabino Toscano, vicepresidente del Comité de Autodefensa de Nueva Esperanza.
Lo que llama la atención en esta zona de guerra es que las fuerzas de seguridad despliegan grandes recursos en la lucha contra los terroristas.
Por ejemplo, utilizan intensamente los helicópteros Mi-171Sh, cuyo valor unitario es de12,3 millones de dólares. La FAP tiene seis, lo que representa un total de 73,8 millones de dólares.
En contraste, en Nueva Esperanza, como en varios pueblos del valle de Mazángaro, no existe ninguna escuela ni posta médica. El Estado no ha invertido ni un solo centavo.
Nueva Esperanza es un pueblo de una sola calle principal. Las precarias viviendas, construidas con madera y calamina están ubicadas en la parte baja, a unos 20 metros de la base de Mazángaro. Hay al menos 250 habitantes, la mayoría de Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Junín. Hay 35 niños en edad escolar.
«Aquí no existe escuela. Así que tuvimos que improvisar un salón en el local comunal. La municipalidad de San Martín de Pangoa nos ha enviado un profesor que enseña en un solo salón los cinco grados de primaria. El profesor gana 1.200 soles mensuales. La municipalidad pone 900 soles y el pueblo 300 soles.
El gobierno no tiene plata para construir un colegio, pero sí para las balas», cuestionó el teniente gobernador de Nueva Esperanza, Eduardo Huamán Palomino.
Ahora, debido al conflicto, el profesor ya no viene. Las clases se han suspendido.
Las autoridades militares desconfían de los pobladores porque la mayoría se dedica al cultivo de hoja de coca. Para las fuerzas del orden, los cocaleros son aliados naturales de los terroristas. Los agricultores de Nueva Esperanza no niegan dedicarse a la hoja de coca, pero rechazan apoyar a los senderistas.
«Es verdad que nosotros cultivamos la hoja de coca, pero también es cierto que queremos cambiarnos a otros productos como cacao, café, plátano. Sin embargo, no tenemos el mercado. ¿Quién nos va a comprar? ¿Cómo vamos a sacar nuestros productos si no tenemos carreteras? El gobierno debe dar prioridad a los campesinos, por eso hemos votado por Ollanta Humala, para que se acuerde de estos pueblos olvidados”, expresó Eduardo Huamán.
«Estamos en medio de las balaceras de militares y senderistas. Nosotros nada tenemos que ver con esta guerra. El gobierno debe dar solución a este problema”, dijo el agricultor Jesús Ramos.
“No somos narcotraficantes, mucho menos terroristas. Cultivamos hoja de coca porque de otra cosa no podemos vivir», justificó Eusebio Mallqui Espinoza.
“La mayoría de los pobladores tiene entre una y dos hectáreas. Cada hectárea puede producir cerca de 150 arrobas de hoja de coca”, comentó el cocalero Albino Martínez.
Para las fuerzas de seguridad el problema radica en que es difícil distinguir entre los campesinos cocaleros y los terroristas.
Sin embargo, los pobladores consultados dijeron que estaban dispuestos a colaborar con los militares, pero el problema es que no les daban ninguna garantía.
«Nosotros podemos dar información, pero, ¿quién nos protege de los terroristas? Los militares no hacen nada por ganar nuestra confianza. Estamos solos, entre los dos fuegos», dijo Eusebio Mallqui.
“Los civiles no son el objetivo”
El jefe del Comando Especial Vraem, general de brigada EP. César Diaz Peche, explicó que los ataques con helicópteros en el valle de Mazángaro no tienen como objetivo a la población civil sino a los campamentos de los terroristas.
El general Díaz precisó que la finalidad de dichas acciones es cercar y neutralizar a las columnas senderistas que se trasladan por esa zona.
Respecto al hallazgo de casquillos de proyectiles en los centros poblados de Mazángaro, el jefe del Comando Especial del Vraem afirmó que los pobladores los recogen de las alturas del valle con el propósito de denunciar supuestos ataques a la población civil.
«De haber disparado a la población con la munición que se muestra, habría muertos y heridos, pero no se ha reportado nada. Repito, la población no es el objetivo de nuestras fuerzas», insistió el general Díaz.
De acuerdo con la versión del jefe del Comando Especial del Vraem, los disparos que se hicieron al día siguiente del ataque del 15 de agosto fueron a las rutas de escape que los terroristas utilizan para dirigirse a las alturas de la zona de Vizcatán, con el propósito de reabastecerse y enterrar a sus muertos.
CLAVES
Gran parte de las cosechas de hojas de coca se destinan al narcotráfico. Solo una parte pequeña se vende a la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).
Cada tres meses, un sujeto, a quien los pobladores no identifican, compra toda la producción de hojas de coca. a 90 soles. Enaco paga 30 soles.