Veintiún de las veinticinco regiones del Perú tienen presencia de minería ilegal. De estas, se han identificado diez zonas críticas: Ica, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Puno, La Libertad, Piura, Apurímac y Madre de Dios. Esta última tiene el cuadro más letal: el 99% de las operaciones mineras son informales y se calcula que más de 32 mil hectáreas de sus bosques han sido depredados. Los lavadores de oro, incluso, están arrasando con las áreas naturales protegidas como el Parque Nacional del Manu.
De acuerdo a información recibida por INFOREGIÓN, desde diciembre del 2011, El Ejecutivo ha interpuesto una serie de nueve decretos legislativos bajo la lógica de la “interdicción”. El primero, el D.L. Nº 1099, se ocupó específicamente del departamento de Puno, luego vendrían el D.L. Nº1100 que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República. De esta lista el más drástico es el D.L. Nº 1102 que incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal.
“La interdicción no son más que medidas represivas de intervención policial, decomiso y destrucción de maquinarias, equipos, insumos, dragas. El gran añadido ha sido la declaración de la minería ilegal como un delito penado con dos a seis años de cárcel. Con esta medida el Estado desenmascara, una vez más, su ausencia de políticas de cambio de carácter integral”, dice Julia Cuadros, directora de CooperAcción e investigadora de la minería artesanal-informal.
El alto precio del oro ha sido una de las razones para el crecimiento desordenado de la minería artesanal. En promedio la onza puede llegar a costar US$ 1600 dólares. La otra razón que subraya Cuadros es la falta de empleo y la migración de muchos hacia las zonas de minería artesanal. En los campamentos de los mineros artesanales de Madre de Dios vivirán aproximadamente 15 000 familias de las cuales 9500 se dedican a la minería artesanal; en el Sur Medio, la minería artesanal se desarrolla en más de 70 comunidades distribuidas entre Ica, Ayacucho la zona norte de Arequipa, y albergarían a 6000 familias.
Se estima que existen aproximadamente 100 000 personas que se dedican a esta actividad. La vida de la gran mayoría reposa en un círculo de pobreza, exclusión, riesgo a enfermedades y ambición por el elevado precio del oro. “La destrucción de dragas termina siendo más de lo mismo: desaparecen las dragas pequeñas y las grandes levan anclas y se van. El Ministerio de Energía y Minas no tiene capacidad de fiscalización, tiene una política pública que es promover la gran inversión, sin dar atención a lo que pasa con la pequeña minería artesanal. Sólo reacciona cuando el tema se le va de las manos y hay presión social”, dice Cuadros.
Y es que detrás de la minería ilegal estaría la gran minería. Habría que ver “¿quién le vende la maquinaria pesada, los cargadores frontales, los generadores eléctricos, las compresoras a los mineros informales? ¿Acaso no es la gran minería o el comercio legal los que le venden a los ilegales?”, se pregunta Cuadros. “La gran minería produce mercurio, ¿a quién se lo vende? ¿A la minería ilegal? Empresas procesadoras de mineral en Arequipa, van hasta Piura –donde hay 12 mil mineros ilegales según el Ministerio de Energía y Minas- para traer material mineralizado para procesarlo. Les facilitan explosivos, maquinarias, herramientas a los mineros informales para que hagan minería ilegal, con la condición de que les venden el material. Es que la minería artesanal no tiene la tecnología necesaria para recuperar todo el oro, solo recuperan el 30% y otro 70% se lo llevan las empresas procesadoras”, dice.
Hay que recordar que hace poco se descubrió que el director general de Hidrocarburos del Minem, Luis Vicente Zavaleta Vargas era dueño de una de las mayores empresas exportadoras de oro del país. ¿Coincidencia? “La cadena productiva de la minería artesanal es larga. Nadie la conoce a cabalidad. Se requiere conocer quienes intervienen en cada momento y qué rol juegan: facilitadores, contrabandistas, comerciantes del mercurio, el cianuro, la dinamita, la maquinaria pesada”, agrega Cuadros.
La madre del cordero, una vez más, es la debilidad del Estado al fiscalizar la actividad extractiva. “La minería artesanal se ha agravado por la inacción del Estado, quien otorga las concesiones y ya que no tiene la capacidad de controlar, la actividad se desordena y los impactos se agudizan”, dice Cuadros.
Y es que los mineros artesanales ilegales no trabajan en concesiones propias. Los verdaderos dueños dejan que los mineros artesanales trabajen en sus concesiones porque ese minero le paga por el alquiler del terreno. “Un minero artesanal solo puede tener títulos de concesión de hasta 1000 hectáreas. Hemos encontrado a un solo propietario de más de 80 mil hectáreas en un departamento. Estos empresarios subarriendan sus concesiones a mineros artesanales que depredan la tierra sin pagar impuestos”, dice Cuadros. Según el Gobierno Regional, sólo en Madre de Dios trabajan 1126 concesionarios mineros cuyas concesiones ocupan un área de 252 351 hectáreas. “Se sabe quiénes son los concesionarios, se les tiene identificados. ¿Por qué no pueden pararla?”, se pregunta Cuadros.
Seguimos siendo un país del siglo XXI con una política extractivista del siglo XVI. “La sostenibilidad consiste que las acciones de hoy no afecten a la gente de aquí a 500 años. Los minerales son recursos no renovables. No se va formar oro, cobre, petróleo hasta dentro de eones (igual a mil millones de años). La minería artesanal debe abordarse desde las políticas públicas de gestión del territorio, decidir dónde si y dónde no se puede hacer minería, sabiendo que la minería es importante para el país. El hecho de que levantes una piedra y encuentres oro no significa que puedas hacer minería donde te da la gana”, finaliza.
Por sus quince años de fundación, CooperAcción organizará el foro público “15 años de Extractivismo en América Latina y el Perú” que se llevará a cabo el jueves 25 de octubre a las 6:00p.m., en la Sala D-1, 5to. Piso del Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú, Av. 28 de Julio 776, Miraflores. Además de Julia Cuadros, en el foro participarán expertos nacionales e internacionales para hacer un análisis del impacto que han tenido las industrias extractivas en el Perú y en Latinoamérica durante los últimos años.
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