La erradicación de los cultivos de coca en el valle del Monzón (Huánuco) que se realiza desde el 18 de enero pasado es un hito en la lucha contra las drogas. Las operaciones se desarrollan en una zona que en los últimos 35 años funciona como el santuario nacional de la coca y el narcotráfico, sede de poderosas bandas dedicadas a esa actividad ilegal y territorio virtualmente liberado del que el Estado había sido forzado a replegarse.
Hasta la caída del cabecilla terrorista “Artemio” las brigadas de erradicación fueron impedidas de ingresar al Monzón. El control narco llegó al extremo de que sus autoridades se encontraban abiertamente articuladas tanto a la producción de drogas como al terrorismo, como lo evidencia el caso de Iburcio Morales, alcalde de Monzón y líder cocalero detenido y procesado por el tráfico de insumos.
En ese valle, de acuerdo a los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (ONUDD), existen 8 mil hectáreas de coca. El Proyecto Especial de Reducción y Control de Cultivos en el Alto Huallaga (Corah) ha logrado la erradicación de 1,216 hectáreas de cultivos ilícitos de modo que hasta ahora se ha erradicado el 16%. Ello equivale a una producción de 4,700 toneladas de cocaína cuyo precio se estima en más de 6 millones de dólares.
La erradicación en esa zona también opera como un instrumento de pacificación. El valle fue durante décadas un territorio sin ley y la policía veía limitada su actividad por la hegemonía de la economía cocalera y sus agentes. Ahora mismo, un reducido sector de cocaleros ilegales se resiste a la erradicación y al desarrollo alternativo exigiendo una negociación previa y reiterando las consabidas amenazas. El gobierno, que ha decidido dar el paso de ingresar a un territorio casi liberado para la producción de cocaína, debe continuar en el empeño. Durante 20 años, el Estado intentó en la zona una erradicación concertada recibiendo de los cocaleros ilegales solo negativas y violencia.
En otro punto, sin decaer en la erradicación, el Estado debe prevenir el “efecto globo”, es decir, que la coca que se erradica en el Monzón sea cultivada en otros valles. Como se sabe, según el monitoreo de cultivos de la ONUDD, en los últimos ocho años, el cultivo ilegal de coca se ha extendido desde los valles tradicionales hasta las cuencas de San Gabán (Puno), Inambari (Madre de Dios), Pichis-Palcazu (Pasco-Junín) y Putumayo-Alto Amazonas (Loreto). En este momento, la erradicación en el Monzón ha disparado el precio de la hoja de coca, que ha pasado de US$ 45 la arroba a 70 en solo un mes; del mismo modo, la pasta básica de cocaína (PBC) ha pasado de US$ 700 a 1,000 dólares por kg y el clorhidrato de cocaína de US$ 1,000 a 1,400 por kg en ese mismo período.
La estrategia del desarrollo alternativo debe ser intensificada. En días pasados, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), el Gobierno Regional de Huánuco y los alcaldes de los centros poblados del Monzón acordaron impulsar un Estudio de Zonificación Ecológica y Económica de la región que fortalecerá la actividad económica formal en beneficio de los miles de pobladores. Diversos programas que operan en el Estado con el apoyo de la cooperación internacional se aprestan a intervenir en la zona para fomentar la economía legal.
En el Monzón la única salida es la economía legal insertada al mercado nacional y al comercio exterior como lo testifican los éxitos en valles colindantes como el del Alto Huallaga y Padre Abad, y en otras cuencas. En 2011, las 14 empresas asociativas de agricultores ex cocaleros facturaron más de US$ 151 millones por concepto de exportación y ventas locales de productos alternativos como el café, cacao, café, palmito, palma aceitera, entre otros. Estas ventas significaron más del 50% respecto a 2010. No hay otra alternativa, el Monzón debe ser un santuario de la legalidad.