El Comercio Hace 20 años, el Perú suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, sumándose a los 193 países que adoptaron esta carta universal y, con ella, el compromiso de proteger a quienes representan el futuro de nuestras sociedades.
Después de dos décadas, lamentablemente, el balance aún no es positivo. El desarrollo macroeconómico de nuestro país no ha implicado necesariamente el respeto por los derechos de los niños peruanos, por ejemplo, en ámbitos relacionados con su reconocimiento legal, el acceso a la educación, la salud y la protección contra el abuso y la explotación.
Se han alcanzado algunos logros, pero también ostensibles fracasos en los cuatro niveles de protección que establece la convención: rechazo a la discriminación, garantías para que se cumplan los asuntos que afectan a la infancia, respeto a los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como a las opiniones de los niños.
Según Unicef, los niños han sido siempre los más vulnerables y desprotegidos en el Perú. En el 2003 se informó que más de 20 mil menores de 5 años morían cada año por causas evitables. Y del volumen de personas en extrema pobreza, la mitad eran niños.
Sin embargo, los objetivos del milenio de la ONU señalaron recientemente que la mortalidad infantil mostraba una reducción del 68%. Por regiones, la situación es diferente: hay una diferencia de uno a tres puntos entre Lima e Ica frente a Huancavelica o Puno.
Asimismo, la desnutrición crónica afecta a más del 20% de los niños menores de 5 años mientras la anemia golpea al 56,8% de los menores de 3 años. En zonas urbanas ha habido una mejora en el peso de los niños, pero en las áreas rurales este indicador permanece alto y afecta a un 9,5% de menores de 5 años.
Según los objetivos del milenio, la educación primaria es un objetivo casi cumplido: la tasa neta de matrícula ha fluctuado entre el 90,6% y el 94,2%, aunque subsisten desniveles en las provincias, lo que se evidencia en la repitencia y deserción.
La seguridad es un talón de Aquiles. Solo en el 2000, organismos de gobierno reportaron 5.362 casos de maltrato infantil, de los cuales más del 70% ocurrieron en el propio hogar. Los padres ocupaban el segundo lugar (49%) como agresores de sus hijos en abusos que en su gran mayoría no fueron denunciados.
De esta manera, se repetía un escenario que el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, retrató con crudeza, al dar cuenta de que durante el período 1980-2000 los pequeños fueron afectados por situaciones de reclutamiento forzado, violación sexual, secuestros, desapariciones y asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, entre otras acciones lamentables.
En este terreno, la situación no habría mejorado, sobre todo cuando informaciones recientes han dado cuenta de la manipulación de niños en delitos, como el narcotráfico y el terrorismo, así como en conflictos sociales.
Estos indicadores reflejan, pues, que como país no hemos cumplido con la Convención de los Derechos del Niño, una deuda pendiente que exige presupuestos, pero también un enorme compromiso y voluntad política a favor de la inclusión social.