En informe que reproducimos a continuación, la revista Caretas da cuenta de la inmovilización de siete lujosos yates en el marco de un operativo realizado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros por brindar información falsa para ingresar al país. Uno de esos yates, valorizado en US$ 2 millones, lleva el nombre de “Marina” y pertenece a la empresa San Simón Equipos, de Manuel Sánchez Paredes, que en forma inexplicable no aparece en la lista de embargos preventivos del juez supranacional Omar Pimentel, en el megaproceso por lavado de dinero del narcotráfico abierto contra la familia Sánchez Paredes.
Caretas. El exclusivo Marina Club de Chucuito, en el Callao, fue escenario de un operativo sorpresa, el pasado lunes 3 de mayo. Un grupo de fiscales, encabezado por el doctor Roberto Lozada, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, llegó a dicho local e inmovilizó siete yates con la finalidad de determinar su procedencia.
El Ministerio Público había recibido información de que estas embarcaciones presentaron a la Autoridad Aduanera supuesta “información falsa al momento de sustentar su ingreso legal a territorio nacional”. Uno de estos yates, valorizado en US$ 2 millones, lleva el nombre de “Marina” y pertenece a la empresa San Simón Equipos, de Manuel Sánchez Paredes.
A bordo de “Marina” se encontraban Luis Rodríguez Estrella y Carlos Rojas Bay, ambos trabajadores de Compañía Minera San Simón, quienes se negaron a proporcionar información sobre el propietario del yate y se marcharon sin firmar el acta de la diligencia fiscal.
De todas formas, la embarcación quedó inmovilizada en la zona llamada ‘fondeadero’ del Marina Club y, que se sepa, hasta el momento nadie se ha presentado ante el fiscal para reclamar la nave.
Lo sorprendente es que tanto Manuel Sánchez Paredes como San Simón Equipos fueron comprendidos en el megaproceso por lavado de dinero del narcotráfico (CARETAS 2129). Pero el yate “Marina” no aparece en la lista de embargos preventivos del juez supranacional Omar Pimentel Calle.
No es, por cierto, el único bien excluido de este listado. Tampoco figuran Ganadera San Simón, de Manuel Sánchez; Ganadera San Pedro, de Orlando Sánchez, y Ganadera Monte Carmelo de Wilmer Sánchez, las tres con establos en Quilmaná (Cañete), Laredo (Trujillo) y también en Asia.
Las tres compañías poseen toros de lidia valorizados en US$ 10,000 y cada una tiene, en total, 1,000 cabezas de ganado que, multiplicadas, suman los US$ 10 millones. Ganadera San Simón cuenta, además, con 2,000 cabezas de ganado Holstein valorizado en US$ 3,500 cada ejemplar y un publicitado “Banco de Semen” cotizado en US$ 7 millones. Como se ve, no es poca cosa.
Varada quedó también la solicitud del Ministerio Público de “trabar el embargo” de los 300 caballos de paso de Orlando y Manuel Sánchez Paredes. Inexplicablemente el juez tampoco los consideró en la lista de incautaciones, como tampoco lo hizo con propiedades y bienes de Compañía Minera Santa Rosa (Comarsa) y Minera San Simón, dos de las empresas denunciadas por lavado de dinero.
La Procuraduría Antidrogas considera que estas omisiones significan una millonaria pérdida para el Estado en caso de una reparación civil solidaria al término del megajuicio.
Fuentes de este despacho dijeron que pedirán al juez Pimentel se aplique en este caso la “Ley de Pérdida de Dominio”, que entró en vigencia hace dos años y que “permite la incautación de todos los bienes adquiridos por los procesados (no necesariamente sentenciados) por los delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, extorsión, así como por lavado de activos derivados de la comisión de estas acciones”.
Los reflectores están sobre Pimentel desde que CARETAS 2125 revelara su presunta conexión con Álex Olivera Espinoza, abogado de Minera San Simón.
Esta revista informó también que el magistrado había concedido a los abogados de los acusados un singular informe oral previo a la emisión de su auto apertorio, diligencia que no está contemplada en el Código Penal. El magistrado se ha negado a responder a los cuestionamientos en su contra. Por lo pronto, el martes último inició la etapa de instrucción programando el interrogatorio a los procesados y solicitando se realice una nueva pericia contable al patrimonio del clan trujillano.
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