Varias nubes se ciernen sobre el proceso electoral del próximo 5 de octubre. Tal vez la más oscura de ellas sea la corrupción, que ha permitido que el narcotráfico se infiltre en la política peruana, financiando campañas y postulando directamente a candidatos. Nuevamente, el Estado convertido en botín. Este es, lamentablemente, nuestro panorama electoral.
La clarinada de alerta la dio la Procuraduría Anticorrupción al revelar un estudio que señalaba que de los 1,841 alcaldes que cumplen funciones a nivel nacional 1,699 están siendo investigados por peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión. Es decir, nada menos que 92% de los alcaldes del país están investigados.
La lista se extiende a 428 exalcaldes provinciales y 1,326 exalcaldes distritales, según denunció en su momento Christian Salas, procurador Anticorrupción. Si bien la lista la encabeza Áncash, no escapan a la corrupción a gran escala las regiones de Cusco, Ayacucho, Junín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios.
En este ámbito, encontramos que de los 25 presidentes regionales en actividad, un total de 19 están sometidos a investigaciones fiscales o a procesos judiciales por delitos como peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos, entre otros.
Los ilícitos más comunes son la asignación de obras millonarias a empresas cercanas a las autoridades, el financiamiento de campañas con fondos municipales o con fondos del narcotráfico. Y a más recursos, menos fiscalización.
HASTA EL CUELLO
En Huánuco, diversas denuncias vincularían a Luis Picón Quedo, presidente del Gobierno Regional con licencia y candidato a la reelección, con hechos de corrupción y lavado de activos. Las acusaciones salpicarían también a sus hermanos Isaac y Juan, éste último, a la sazón, candidato a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
Sobre el caso, la Fiscalía Anticorrupción de Huánuco investiga a Picón por supuestas transferencias ilegales de hasta S/.348 millones a empresas constructoras por obras que en el momento de los pagos no estaban realizadas, según esta fuente.
Asimismo se investiga la entrega irregular de más de 70 millones de soles a diversas empresas a cambio de «valorizaciones falsas», según la denuncia efectuada por el fiscal Marco Espíritu, que tiene en su poder la lista de empresas y consorcios que recibieron el dinero.
El otro caso notorio es del alcalde provincial de Leoncio Prado, Pascual Guzmán Alfaro, quien enfrenta un juicio por colusión y rehusamiento de funciones, en el caso del proyecto “Mejoramiento integral del sistema de agua potable, alcantarillado y disposición final del distrito Rupa Rupa”. La obra -que debe ser ejecutada con una inversión de 865 millones de nuevos soles- se encuentra paralizada tras un gasto de más de 30 millones de nuevos soles.
El escándalo de corrupción e inoperancia en este caso es tal, que los 17 candidatos a la municipalidad provincial han coincidido en que su principal prioridad -de ser elegidos- será la lucha contra la corrupción.
Finalmente están las denuncias en contra del alcalde de Monzón, Job Chávez, quien habría comprado semillas de hoja de coca para repartir a los agricultores e iniciar una campaña de resiembra, con la finalidad de ganarse el favor del electorado para la reelección. Esta denuncia fue efectuada por el Josué Ramírez, presidente de la Asociación por el Desarrollo y Bienestar del Valle del Monzón, sin que tuviera eco en las autoridades.
Anteriormente, Chávez también fue denunciado por favorecer a una empresa en la venta de repuestos para maquinaria pesada y por dedicar más del 70% de los recursos de la Municipalidad Distrital a gastos ordinarios, como el pago de remuneraciones a los dirigentes cocaleros que fueron contratados por el alcalde para cumplir funciones que no tienen que ver con la municipalidad.
De otro lado, la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, ha solicitado que se investigue en Lima al presidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez Portocarrero, y a trece personas de su entorno por supuestamente haber adquirido bienes con dinero ilícito. La autoridad regional tiene once demandas vigentes por presuntos actos de corrupción y sus funcionarios 106 demandas.
Otro caso significativo es del Gobierno Regional de Ayacucho, cuyo presidente, Wilfredo Oscorima Núñez y su planta de autoridades afrontan 260 incidentes de supuesta corrupción de funcionarios.
A Oscorima se le acusa por presuntos delitos contra la administración pública en las modalidades de “Malversación de Fondos, Negociación Incompatible y Aprovechamiento Indebido del Cargo”, según el pedido de la Procuraduría.
Si bien el Jurado Electoral Especial de Huamanga decidió excluirlo del actual proceso electoral por haber omitido en su Hoja de Vida que tenía una sentencia vigente, será el Jurado Nacional de Elecciones el que decida en última instancia.
En Madre de Dios la historia de la corrupción se repite. En el 2012, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspendió de sus funciones a José Luis Aguirre Pastor, presidente regional de Madre de Dios, por tener una sentencia condenatoria por el delito contra la administración pública, luego de lo cual, la autoridad se hizo humo.
Posteriormente, en diciembre de 2013, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios dictó nueve meses de prisión preventiva para el expresidente regional, a quien se le acusa de peculado doloso y colusión en agravio del Estado.
Aguirre Pastor fue acusado de presuntamente haber aprovechado su cargo para concertar el pago ilegal de S/. 2 millones 135 mil 438 a favor del contratista de los trabajos de mejoramiento de la carretera Santo Domingo-Laberinto. En agosto de este año el Ministerio Público informó que el Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Tambopata dispuso su captura internacional.
Y en el Cusco la corrupción sigue ganando terreno. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha recibido gran cantidad de denuncias contra autoridades por irregularidades en el manejo del dinero del Estado.
Las acusaciones por delitos contra la administración pública, en sus diversas modalidades, suman cerca de 400, según el Ministerio Público. Las investigaciones son por los presuntos delitos de peculado, colusión desleal, cohecho pasivo impropio, malversación de fondos y concusión, entre otros.
Una Audiencia Pública de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República recibió 122 denuncias documentadas y anunció la “intervención” de las municipalidades de Vilcabamba, Echarati, Santa Teresa, Accobamba y Maranura.
Mientras que la Junta de Fiscales Superiores de Cusco informó que la alcaldesa de la provincia de La Convención, Fedia Castro, es investigada por cinco casos de supuestos delitos contra la administración pública.
De acuerdo al informe, el alcalde de Echarati, José Ríos, tiene que responder por ocho denuncias penales. Este distrito es el más rico del país con el mayor presupuesto a nivel nacional por el canon gasífero. En tanto que el alcalde del distrito de Vilcabamba, Juan Olivera, tiene siete procesos, dos de los cuales lo implican en lavado de activos.
En el Cusco los delitos cometidos tienen que ver con peculado, colusión, concusión, asociación ilícita, aprovechamiento indebido del cargo y lavado de activos.
Es sorprendente la facilidad que tienen las autoridades que elegimos y sus funcionarios para disponer de los bienes del Estado. Y más sorprendente la falta de reacción de la ciudadanía y de nuestras instituciones para ponerles freno. Los casos emblemáticos son tantos que habría que dedicar una edición completa para reseñarlos. En estas elecciones, el elector tendrá la oportunidad de elegir entre la corrupción y el desarrollo. La decisión está en su voto.
ELECCIONES EN ZONAS COCALERAS
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Perú y Ecuador (UNODC) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), presentaron el estudio “Elecciones Regionales y Municipales 2014 en distritos con Producción Cocalera”.
El documento analiza el escenario electoral de este año, a nivel de 106 distritos en los cuales se registra producción de hoja de coca en el país. Un primer dato a tener en cuenta en el actual proceso electoral es que el 42% de candidatos con procesos vinculados al tráfico ilícito de drogas se ubican en Huánuco y Ayacucho.
De acuerdo a esta información, las zonas cocaleras albergan poco más de 750 mil electores que elegirán a 1,197 autoridades en 13 regiones (Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali).
En el caso de Huánuco, existen tres candidatos sentenciados, cuatro enjuiciados, dos con conmutación de penas, uno con impedimento de salida del país, 16 investigados y dos con requisitorias. En Ayacucho hay tres sentenciados, cinco enjuiciados y 16 investigados. Esta información se realizó sobre la lista del Ministerio del Interior que da cuenta de que más de 100 candidatos están vinculados de alguna manera al narcotráfico.
PROPUESTAS
El documento presentó varias propuestas para combatir de manera más eficaz el tráfico lícito de drogas y fortalecer el sistema democrático:
En el marco del Acuerdo Nacional, los partidos políticos deben incorporar reflexiones programáticas sobre el T.I.D, el crimen organizado y delitos conexos; poniendo especial énfasis en el análisis de tendencias del tráfico ilícito de drogas y otras modalidades del crimen organizado y sus vínculos trasnacionales.
Como expresión de voluntad política y compromiso de firme lucha contra el narcotráfico, los partidos políticos deben promover y/o fortalecer comités distritales en la medida de lo posible en los 106 distritos que registran superficie de cultivos de coca en el Perú.
Para evitar que el dinero procedente del narcotráfico ingrese a la política se deben establecer canales de control y seguimiento de los aportes y publicitar los mecanismos de rendición de cuentas ante la ONPE.
Generar incentivos de parte de los organismos electorales para establecer mecanismos de reconocimiento para aquellas organizaciones políticas que demuestran una mayor transparencia.
Es necesario promover alternativas para enfrentar la expansión de cultivos ilícitos y promover alternativas lícitas y rentables en las localidades en el marco de promover el desarrollo regional y local pacífico.
Mejor selección de candidatos. Revisión de hojas de vida y declaración de bienes. El Sistema de Monitoreo Electoral será la herramienta para analizar cada uno de los casos y las organizaciones políticas puedan aplicar las medidas según correspondan.