Xenofobia y bullying. Recientemente, el caso del adolescente venezonalo golpeado en la cabeza ha causado rechazo e indignación en nuestra sociedad. El hecho ocurrió en la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre 51-67, ubicada en el distrito limeño de Puente Piedra.
“Mi hijo llegó a mi casa diciéndome que tenía mucho dolor. Como toda madre, no voy a pensar que a mi hijo le han hecho algo en la escuela. Se supone que ahí deben cuidarlos. Van a estudiar”, narró la madre del menor agredido en diálogo con ATV Noticias. Ella señaló que trasladó al niño hasta el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde solo le recetaron paracetamol y lo regresaron a su domicilio.
La víctima fue golpeada por un compañero en su escuela, hecho que le causó un esguince cervical y derrame cerebral, afecciones que le provocaron fuertes dolores de cabeza, vómitos, desmayos y convulsiones. Esto nos lleva a reflexionar que a pesar de los esfuerzos por reducir la xenofobia e implementar políticas en beneficio de la población migrante, no ha sido posible traducir las acciones en soluciones concretas.
Según la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur), más de un millón de venezolanos han llegado al Perú escapando de la crisis generada por el régimen de Nicolás Maduro. Nuestro país se convirtió en la primera nación de acogida de venezolanos con necesidad de protección internacional y en el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial, luego de Colombia.
“Más de seis millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela han abandonado su país de origen y más de cinco millones han sido acogidas en América Latina”, señala Eduardo Stein, representante Especial Conjunto de Acnur y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela.
Lima, la capital de nuestro país, alberga más del 80% de la población venezolana en tierras peruanas. Pero lejos de sentir a la ciudad limeña como un hogar, la realidad es que uno de cada cuatro venezolanos vive con el temor de ser víctima de actos de discriminación.
Aunque algunas políticas implementadas en el Perú han estado orientadas a la acogida de muchos migrantes venezolanos, lo cierto es que los retos que esta población ha enfrentado en nuestro país han ido más allá que solo salir de su país natal.
En el Perú, el 77% de los hogares venezolanos vive en situación de hacinamiento; es decir, numerosas familias comparten espacios reducidos. Además, el 54,8% de venezolanos trabaja siete días a la semana, entre 9 a 12 horas al día. Esto los coloca en una situación de explotación laboral.
Como resultado de esta situación, la vulnerabilidad de estas personas se agudiza, lo cual los expone a actos discriminatorios que les imposibilita acceder a servicios básicos como educación, salud e incluso al alquiler de viviendas. Esto muchas veces conlleva a ser agredidos físicamente.
Pero las migraciones no son procesos intrínsecos de este siglo. En Latinoamérica los fenómenos de desplazamiento han estado presentes desde épocas pasadas, pues huir de la pobreza y la violencia es una particularidad que se observa en la población de los países en desarrollo.
“El Perú ha enfrentado fenómenos de migración a lo largo de su historia. Durante la década del 80 y 90, a causa del conflicto armado interno, se produjo el desplazamiento de cerca de 600 mil personas que huyeron de sus lugares de origen ante el miedo y la inseguridad del conflicto. Durante el 2020, cuando cientos de personas buscaron regresar a sus ciudades de origen a causa de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19”, afirma Iris Jave, Magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) y Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Por otro lado, dependiendo del sexo y edad, los problemas llegan a ser más graves. Se estima que un 42% de la población venezolana oscila entre los 18 y 29 años. Las mujeres venezolanas cumplen horas laborales de más de 12 horas al día. Además, muchas menores de edad están expuestas a situaciones de explotación sexual y trata de personas.
Kamila de 13 años es venezolana. Actualmente es activista en formación del programa Chamas en Acción: Hermanas Sin Fronteras. La iniciativa es gestionada por Quinta Ola, con el apoyo del Programa Europeo Regional de Migración y Refugio SÍ Frontera, financiado por la Unión Europea.
Ella afirma, en una columna de opinión que redacta para el programa Quinta Ola, que la hipersexualización es dañina y atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres. “Exaltan o se esperan atributos o comportamientos sexuales por parte de nosotras, y se nos valora a partir de estos. Son comentarios sobre nuestro cuerpo sin previo consentimiento resaltando atributos que tenemos o debemos tener por ser venezolanas”, señala
Otra característica negativa que se ha resaltado sobre la población venezolana es la delincuencia. En el 2019, una encuesta realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú afirmaba que el 81% de los peruanos señalaba que la mayoría de los migrantes venezolanos se están dedicando a actividades delictivas en nuestro país.
En el 2019, las autoridades migratorias peruanas señalaban que más de 860 000 venezolanos habían llegado a nuestro país. De las más de 730 000 denuncias de delitos recibidas en el mismo, solo el 1,8% involucra a venezolanos, según cifras del Ministerio de Interior. Es decir, solo un grupo reducido de esta población cometía actos delictivos.
Cabe citar que la generalización de asociar a los venezolanos con delincuencia también fue incentivada por los medios de comunicación. Ante esta práctica xenófoba es que diversas autoridades locales y extranjeras mostraron su preocupación.
La xenofobia responde a un tipo de discriminación cuyo criterio de asignación está dirigido, principalmente, al lugar de origen o la percepción de ser un forastero. Esta práctica negativa termina en insultos y hasta en violencia. El rechazo hacia la población venezolana no tiene justificación. El respeto no debe tener nacionalidad.