En enero del 2013, en su discurso de apertura del Año Judicial y el primero de su mandato, el actual presidente del Poder Judicial, Javier Enrique Mendoza, ofreció uno de los discursos quizás más sobrios de los últimos años. Además de reconocer el trabajo de sus predecesores, ofreció un discurso de continuidad, agregando –al igual que sus pares anteriores- algunas líneas formales de defensa a la autonomía e independencia judicial. Seguidamente, distinguió dos etapas en su gestión: una primera etapa de 100 días y una segunda etapa que comprendía el conjunto de su bienio 2013-2014.
Con respecto a sus primeros 100 días, Mendoza ofreció algunas medidas aparentemente viables, como incrementar los indicadores de producción y medición del desempeño; crear cinco salas especializadas y 10 juzgados especializados en materia contencioso-administrativa; implementar una Segunda Sala Penal y otra de Derecho Constitucional y Social de carácter transitorio en la Suprema; conformar un Equipo de Trabajo de Producción Legislativa y Coordinación Parlamentaria; presentar dos proyectos de ley: uno para que la Corte Suprema goce de potestad para presentar demandas de inconstitucionalidad y otro sobre Casación; y finalmente validar un Plan de Desarrollo Institucional de mediano y largo plazo.
Sobre sus medidas de largo plazo, Mendoza fue más cauto aún: señaló su intención de enfrentar la situación crítica de la infraestructura física del PJ; habló de lograr la certificación ISO de los procesos administrativos del Poder Judicial; expresó también su interés por impulsar una Ley de Carrera del Servidor Judicial y mejorar la atención de salud del personal judicial, así como fomentar la sistematización de la jurisprudencia de la Corte Suprema y de los precedentes vinculantes. Hizo hincapié en mantener los espacios de diálogo intercultural con las comunidades y pueblos indígenas, en crear un programa de lenguaje claro para facilitar la interacción con los usuarios, en el fortalecimiento de la Ocma, en la mejora de las relaciones con el Tribunal Constitucional y en establecer mecanismos de ejecución presupuestal por resultados.
Finalmente, y luego de expresar su defensa férrea ante las remuneraciones de los magistrados, Mendoza cerró su discurso señalando que “el norte de este bienio será la defensa estricta de la autonomía e independencia del Poder Judicial; la búsqueda de la eficacia, la continuidad de líneas estratégicas ya trazadas; el ejercicio de una función jurisdiccional medible y, por ende, controlable; la promoción activa de los instrumentos de gestión y transparencia institucional, una línea de austeridad; y el fomento de una ética laboral que privilegie la atención del despacho por parte de los jueces antes que cualquier otra actividad; pilares fundamentales para mejorar y lograr un mayor acceso a la justicia que es el modo inclusivo que corresponde al Poder Judicial”.
Culminado el acto, y luego del besamanos de rigor, Mendoza se retiró a sus oficinas, y allí se quedó sentado… hasta ahora. Porque salvo los pocos momentos en los que ha dado la cara a la opinión pública, la gestión de aquél parece desarrollarse detrás de las puertas, de manera silenciosa, sin que nadie sepa que ha sido de Mendoza en los últimos seis meses. Su callado perfil contrasta así con el figuretismo anterior de César San Martín, cuyas fotos eran cambiadas casi a diario en el portal web del Poder Judicial; por el contrario, hasta mediados de marzo las fotos de Mendoza eran casi las mismas que se colgaron en enero.
A pesar de este silencio, no podemos dejar de hacer un balance de lo que Mendoza viene haciendo al frente del Poder Judicial, dado que en ello se juega la situación y futuro inmediato de uno de los tres poderes del Estado, y que hoy juega un papel central en temas vitales para la opinión pública, como la inseguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Para ello nos concentraremos en dos puntos: por un lado, en el cumplimiento de los ofrecimientos hechos en su discurso inaugural; y de otro lado, en el comportamiento asumido por Mendoza ante diversos hechos de coyuntura, especialmente ante determinados juicios emblemáticos de los últimos meses.
LAS PROMESAS DE MENDOZA
Si nos enfocamos en sus 100 días iniciales, Mendoza no sale bien parado. Con respecto a fortalecer los procesos de medición de desempeño, lo que se sabe es que el jefe de la Oficina de Medición de Desempeño, Manuel Bernales, dejó ese puesto con varios avances logrados pero también con varios pendientes, lo que muestra poco interés en que dicho proceso avance. En parte, ello se debe sobre todo a jueces con una actitud tradicional, poco acostumbrados a que se mida su desempeño, a diferencia de lo que ocurre con aquellos jueces recién ingresados y que laboran en el marco de los nuevos procesos laboral y penal.
Con relación a los proyectos de ley, cabe recordar que ya desde la gestión de San Martín se había elaborado un proyecto de Ley de Casación, por lo que no había nada nuevo en ello. Posiblemente por la coyuntura, Mendoza dejó de lado los otros temas propuestos y se concentró en dos proyectos: uno sobre seguridad ciudadana y otro sobre la Ley de Carrera del Servidor Judicial, que fue presentado a finales de mayo ante el Congreso de la República. Este último proyecto es importante porque unifica cuestiones que estaban reguladas en diferentes normas, pero no resuelve uno de los temas álgidos para los trabajadores judiciales como es su régimen remunerativo, el que se remite –nuevamente- a una ley especial sobre el tema.
Pero el mayor déficit de la gestión de Mendoza se encuentra en su promesa de implementar nuevas salas, dado que hasta el momento no se ha implementado ninguna sala o juzgado contencioso administrativo ni una sala suprema transitoria, como fue lo prometido. Cabe señalar que, en realidad, los órganos jurisdiccionales en lo contencioso administrativo ya habían sido creadas en octubre de 2012, durante la gestión de San Martín, pero no habían sido implementados por falta de presupuesto. Salvo los juzgados de tránsito puestos en marcha en Lima, Mendoza solo ha sumado una promesa más en este tema en virtud al convenio firmado con el Ministerio del Medio Ambiente para constituir dos salas supraprovinciales para juzgar delitos de carácter ambiental, con lo cual estaría cumpliendo más bien uno de los compromisos de su temporal aliado, el juez supremo Duberlí Rodríguez Tineo, quien incluyó dicho punto en su plan de trabajo.
Lo cierto es que este incumplimiento expresa uno de los problemas clave que parece tener la gestión de Mendoza en la actualidad, como es la lentitud y falta de apoyo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Actualmente, el CEPJ se encuentra conformado, además de Mendoza quien lo preside, por los jueces supremos Vicente Walde y Víctor Ticona, el juez superior Bonifacio Meneses, el juez especializado Darío Palacios Dextre, y el representante de los Colegios de Abogados del Perú, Felipe Chaparro Guerra. De acuerdo a gente vinculada al Consejo, de éstos solo Meneses muestra interés en que las cosas en el CEPJ cambien y se hagan más eficientes, pero hasta el momento Mendoza no ha sido capaz de destrabar una serie de iniciativas pendientes en este órgano, convertido en uno de los cuellos de botella para la mejora del sistema de justicia.
La parálisis generada por el CEPJ también explicaría, en parte, el poco avance logrado por Mendoza en las promesas de mediano plazo incluidas en su mensaje. Sobre el Plan de Desarrollo Institucional se sabe poco o nada, al igual que de otras mediadas que dependen del Consejo, como el programa de lenguaje claro o la ejecución presupuestal por resultados, iniciativa que también proviene de sus antecesores. La certificación ISO de los procesos administrativos es algo que toma su tiempo y es posible que lo logre, debido a que Mendoza tiene experiencia en este tema desde sus períodos en el JNE y en la Ocma.
Los únicos avances que puede mostrar Mendoza, por tanto, son dos: en el tema de infraestructura, donde luego de declarar en emergencia inmobiliaria al PJ en marzo se creó una Comisión de Alto Nivel para dar solución a dicha crisis, y en el tema de la sistematización de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Sin embargo, cabe señalar que la Comisión de Alto Nivel no parece haber sido pensada desde una óptica de eficiencia, ya que además de ser presidida por el propio Mendoza, se encuentra conformada por el conjunto de Presidentes de las Cortes Superiores y los principales gerentes del PJ, lo que hace difícil una adecuada coordinación. Por otro lado, se sabe que algunos jueces supremos no parecen muy optimistas en transparentar sus sentencias, lo que genera demoras en la publicidad de las mismas.
Sumado a ello, y a pesar de sus promesas, Mendoza no parece tener un real interés en el tema de la coordinación entre justicias, si consideramos que el presupuesto fijado a la ONAJUP este año ha sido mínimo y no se han podidos lanzar nuevas iniciativas al respecto. Hasta hace poco, incluso la continuidad de los Congresos Nacionales de Justicia Intercultural se encontraba en riesgo, y Mendoza parece más interesado en sus propios proyectos de ley que en la aprobación de la Ley de Coordinación entre la justicia común y las justicias consuetudinarias, a pesar de que este proyecto nació del consenso generado por los anteriores Congresos y podría constituir, por tanto, un importante avance en esta materia.
Finalmente, si bien la Ocma parece haberse embarcado en un importante proceso de consolidación interna con la incorporación de nuevo personal y la capacitación a las Oficinas Descentralizadas, no parece mostrar tampoco el dinamismo que tenía años atrás, manteniendo el perfil bajo que dejó plantado Mendoza. Ello es negativo por cuanto la corrupción judicial sigue siendo vista por la población como uno de los principales problemas con el desempeño del Poder Judicial, además de los múltiples casos de corrupción que han sido presentados por los medios de comunicación y por nuestra institución en los últimos meses, como son los de Madre de Dios, Loreto, Huánuco y Ancash, por mencionar solo algunos. Por tanto, una de las preocupaciones de Mendoza debería ser como hacer más visible el trabajo de este organismo.
LAS APARICIONES DE MENDOZA
Hace unos días, cuando los jóvenes salían a las calles y enfrentaban a la policía cuestionando la repartija en la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo por parte del Congreso, una invitación enviada por Mendoza circulaba entre las autoridades y jueces para asistir a la asunción del cargo de los nuevos funcionarios. Este hecho, que fue motivo de burla en las redes sociales, muestra cuán desfasado suele encontrarse el presidente del Poder Judicial ante la coyuntura política y social, lo que lo ha llevado a ser prácticamente desplazado del escenario político del país.
Al respecto, cabe señalar que en los últimos meses se han dictado decisiones relevantes en una serie de casos emblemáticos que poco o nada han merecido la opinión de Mendoza, y si lo ha hecho es de manera extemporánea. Este silencio se ha producido, por ejemplo, tanto en el caso Baguazo, en el caso Sánchez Paredes, en el caso Artemio, en la reapertura del caso Utopía e incluso en el caso Fefer. Extrañamente, las sentencias de estos casos si se encuentran colgadas en el portal web del Poder Judicial, pero ninguna de ellas se encuentra acompañada de algún comentario hecho por la Presidencia del Poder Judicial, que parece haber optado porque los propios jueces defiendan sus decisiones.
Siendo así, Mendoza no parece haber aprendido luego de lo ocurrido con el caso La Parada: cuando todos cuestionaban la posición del juez Malzon Urbina, Mendoza solo salió a defender tibiamente la autonomía del sistema de justicia, lo que indirectamente implicaba su apoyo a este juez, que luego fue expulsado por el CNM. Por ello, a Mendoza solo le quedó reconocer luego de esta destitución que se habían dado una serie de fallos “escandalosos” en el Poder Judicial que debían ser evitados, lo que no parece haber logrado.
Otros comentarios hechas por Mendoza que muestran su poca conexión con la opinión pública –incluso con los propios jueces- son su afirmación de que había “fumigado” el Poder Judicial al sancionar a 77 jueces; que la fuga ocurrida en “Maranguita” era algo que ya tenía previsto; su apoyo a la Ley del Servicio Militar Voluntario, hoy suspendida por su propia institución; su opinión de que el chuponeo a las autoridades es “algo habitual”; o su reciente respaldo a la propuesta de “muerte civil” para los encausados por delitos de corrupción, a pesar de que muchos la han cuestionado por ser violatoria de los derechos humanos. El silencio de Mendoza ha sido también evidente en temas como el de la nueva regulación de los llamados “crímenes de odio”, mientras que ha tenido un manifiesto apoyo a que se juzgue penalmente a menores de 15 años, a pesar de existir convenios internacionales de derechos humanos que impiden ello.
Pero su mayor falta de tino ha sido, hasta ahora, el de las remuneraciones judiciales. A diferencia de San Martín, que asumió una firme lucha sobre este tema a fines de su gestión, Mendoza parece dejar haber dejado el liderazgo de este espinoso tema en manos de otras autoridades del PJ, especialmente en las de Iván Sequeiros, actual Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Mendoza se ha limitado a sostener reuniones con el ex Presidente del Congreso, Víctor Isla, y otras autoridades del Estado con el fin de abogar por que se cumpla con la homologación de los sueldos de los jueces, sin cuestionar siquiera las recientes decisiones del Tribunal Constitucional. Mucho más recomendable hubiera sido que Mendoza se hubiera convertido en un activo vocero del tema, brindando información clara a la sociedad civil y buscando su apoyo para esta lucha, en la cual hoy los magistrados se encuentran prácticamente aislados.
¿QUÉ ESPERAR EN LOS PRÓXIMOS MESES?
En una de sus recientes declaraciones a la prensa, Mendoza aseguró que bajo su gestión el Poder ha emprendido una reforma “de manera silenciosa” para mejorar la administración de justicia, y garantizó que los resultados se verán a corto plazo. Este silencio, sin embargo, no parece ser muy provechoso para el Poder Judicial, especialmente en un contexto en el que la sociedad civil pide cada vez mayores resultados en la lucha contra la delincuencia y la corrupción.
Por tanto, es evidente que Mendoza debe variar su estrategia de gestión para empezar a mostrar resultados más concretos e inmediatos, que permitan a los ciudadanos apreciar que sí existe una verdadera voluntad del Presidente del PJ por mejorar su institución. Ello es más importante aún en el marco de la lucha por mejorar las remuneraciones judiciales, dado que muchos cuestionan que se les mejore el sueldo a los jueces si estos a su vez no muestran una mejora en su desempeño y eficiencia. Esta carencia de apoyo social es lo que le ha permitido al gobierno, precisamente, negarse a implementar la homologación de los sueldos de los jueces, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores como el de educación, donde el aumento de salarios ha estado vinculado a una mejora de la calidad educativa.
Por otro lado, sería conveniente que Mendoza se rodee de mejores asesores a nivel mediático, ya que su presencia pública hasta el momento se encuentra bastante deslucida. Es claro que ello no implica asumir actitudes como las de Villa Stein –cuyo protagonismo político parece haberse reducido pero no cesado- o las de San Martín, cuyo lenguaje técnico impedía a muchos entender el trasfondo de sus opiniones. Mendoza tiene a su favor un lenguaje más claro que le permite llegar a los ciudadanos de a pie, pero el problema es que no se atreve a decir lo que debería decir, y cuando lo hace no lo hace de la manera adecuada.
Finalmente, hay que considerar que a Mendoza le queda prácticamente poco más de un año de gestión, lo que le deja poco tiempo para empezar a cumplir con sus promesas. Y la tarea que le queda por delante es bastante ardua, considerando que los recursos presupuestales del Poder Judicial pueden reducirse aún más, que es difícil que se cumpla con la homologación de los sueldos judiciales y que aún está pendiente la implementación de la reforma procesal penal en la Corte Superior de Lima. El crecimiento de la delincuencia también aumentará las demandas y quejas ciudadanas hacia el sistema de justicia, además de estar pendientes muchos juicios de corrupción que involucran a personas interesadas en participar en las elecciones regionales y locales de 2014, y juicios por abrir que pueden marcar las elecciones generales de 2016, como el caso Obregón o el de los narcoindultos. Por ello, solo resta desearle buena suerte a Mendoza en este Día del Juez, esperando que su gestión no acabe como un fracaso más, porque sí importa.
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