Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador, anunció recientemente el replanteo de la estrategia para hacer frente y detener la ola de violencia que castiga a dicha nación centroamericana en las últimas décadas.
El Salvador enfrenta actualmente una de las tasas más altas de muertes debido a la violencia callejera. En los últimos meses la cifra de asesinados se acerca a la registrada en los peores años de su guerra interna (1979-1992). El año pasado se cerró con 6657 homicidios.
Entre las iniciativas a discutirse se encuentra el Plan Salvador Seguro. El gobernante precisó que este se centrará en tres ejes para combatir la criminalidad. La primera medida sería el incremento de los efectivos de seguridad en las calles con la ayuda de la reserva militar.
Otra de las acciones es resolver el hacinamiento en las prisiones. Sánchez Cerén dijo que hay muchos detenidos con penas leves, ancianos y enfermos terminales que pueden ser dejados en libertad, ya que no representan un peligro para la sociedad como sí lo son los miembros de las pandillas o Maras.
Además, el jefe de Estado salvadoreño anunció la posibilidad de decretar la nación en emergencia, hecho que permitiría realizar arrestos preventivos y allanamientos de viviendas para capturar a los líderes de las pandillas.
Se calcula que más de 60 mil pandilleros están distribuidos en al menos diez municipios del país. Entre las organizaciones delictivas más conocidas en territorio salvadoreño citemos a la mara Salvatrucha y a Barrio 18. Las pandillas están ligadas al tráfico de drogas, venta de armas, extorsión, secuestros, robos y asesinatos.
En lo que se refiere al presente año se ha contabilizado 1 380 asesinatos entre el 1 de enero y el 28 de febrero. Las cifras son espeluznantes y están al nivel de países donde se libra una guerra declarada, como es el caso de Siria.