Los últimos acontecimientos de violencia narcoterrorista en el valle de los ríos Apurímac – Ene (VRAE) han trasladado nuevamente a la agenda política todas las interrogantes que nuestros gobernantes nunca resolvieron en las década pasadas y que han contribuido a postrar a 250 mil peruanos que habitan esta zona en la pobreza y pobreza extrema. Esto ha cimentado 32 distritos con los Indicadores de Desarrollo Humano (IDH) más bajos del país. Las cifras son alarmantes: limitado acceso a la salud y poco desarrollo educativo, altas tasas de analfabetismo, esperanza de vida por debajo de los estándares nacionales e ínfimos ingresos per cápita.
Si tenemos en cuenta que entre el 2009 y 2011 los gobiernos locales en esta parte del país invirtieron cerca de dos mil millones de nuevos soles, la pregunta salta por sí sola: ¿Por qué la situación de nuestros compatriotas en el VRAE alcanza niveles tan altos de miseria y desigualdad? ¿La solución al problema pasa por el ámbito político o militar? Lo cierto es que es una historia de nunca acabar, en donde los intereses políticos están por encima de lo más importante, la propia población.
“En el 2009 el Plan VRAE señalaba claramente que el narcotráfico, el terrorismo y la pobreza extrema eran los principales problemas a resolver en esta zona. Aquí existen 32 distritos con los elevados indicadores de pobreza y pobreza extrema; a pesar de la inversión poco se avanzó y falta mucho por hacer”, señala Federico Tong, de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La brecha entre los peruanos del VRAE y los de cualquier otra parte del país está tan grande que difícilmente, si el Estado continúa con remedios parciales para el tema social y de seguridad, ese caballito de batalla de Ollanta Humala denominado “inclusión social” nunca llegará a este territorio dominado y liberado por la violencia y el narcoterrorismo.
¿QUÉ ES EL VRAE?
El VRAE es la principal cuenca cocalera del país con casi 20 mil hectáreas de superficies cultivadas (19,723hs.-2010), según cifras del Sistema de Monitoreo de la UNODC, también ostenta el triste título de ser la mayor mega fábrica de cocaína del mundo, una industria protegida por uno de los grupos narcoterroristas más sanguinarios de la historia del Perú, el autodenominado ‘Ejército Militarizado del Partido Comunista del Perú’, facción disidente del PCP – Sendero Luminoso, liderado por Víctor Quispe Palomino, (a) camarada ‘José’, con más de 500 hombres, mujeres y niños fuertemente armados. Aquí la muerte y la destrucción es cosa de todos los días, un escenario en donde nuestro precario Estado debe empezar a construir.
“Nuestra recomendación siempre ha sido que la inversión del Estado potencie la productividad en el VRAE. Aplicando programas de apoyo social, servicios de salud y una buena educación no solo a nivel escolar sino también universitaria. Es la única forma de salir de la pobreza y pobreza extrema”, señala Federico Tong.
En marzo de este año, Carmen Masías Claux, la zar antidrogas peruana, nos señalaba en una entrevista a diario16 que los presupuestos con los que cuenta DEVIDA eran ínfimos en comparación a las necesidades del VRAE y que el proceso de desarrollo en esta zona iba a ser paulatino: “El asunto es entrar cada vez a la modernidad con conectividad, con carreteras y caminos rurales. Hay que dar facilidades para el crecimiento de todas las cuencas cocaleras. El desarrollo en realidad es un caos creativo. Hay que crear donde no hay nada.
Tenemos tantas brechas que nos falta aprender y mucho por hacer”. Sin embargo, desde aquella fecha poco o nada se hizo. La realidad es que los IDH, que miden la esperanza de vida al nacer, los logros educativos y el ingreso per cápita familiar mensual continúan siendo los más extremos del país.
CIFRAS ALARMANTES
En el VRAE como en ningún otro lugar del país se evidencia de manera nítida la desigual distribución de la inversión del Estado. Por ejemplo, los presupuestos de inversión modificados del 2011 (al finalizar diciembre) alcanzó 385 millones de soles, divididos en un 18 por ciento en los distritos de la región Junín, un 20 por ciento en los distritos de la región Ayacucho, un 22 por ciento en los distritos de la región Huancavelica y un 40 por ciento para los distritos de la región Cusco. Lo increíble es que ese mismo año solo tres distritos en el Cusco invirtieron un total de 154 millones de soles gracias al canon minero y gasífero (Kimbiri con S/. 58 millones, Vilcabamba con S/. 49 millones y Pichari con S/ 47 millones). Total desigualdad.
“Esto es una realidad en todo el país. Existe desigualdad en la distribución de los recursos, unos pocos distritos concentran una gran inversión y el resto prácticamente nada. La media son cinco millones de inversión municipal por transferencias del Estado a los gobiernos locales al año, eso es insignificante para todo lo que se tiene que hacer. La lucha contra la pobreza y pobreza extrema tiene que reconsiderarse. Se tiene que llevar al Estado al VRAE”, señala el especialista de la UNODC.
“Se va a tener que repensar todo, eso me toca a mí, al primer ministro y al presidente Humala. Tenemos que ver de mejorar la redistribución de los recursos y que esto sea mucho más racional”, señalaba en marzo Carmen Masías. Letra muerta, pues todo continúa igual. Los resultados del último censo señalaron que la pobreza a nivel nacional alcanzaba a un 34,8 por ciento de los peruanos y la pobreza extrema a un 11,5 por ciento. Aunque parezca contraproducente, solo el indicador de pobreza extrema en Kimbiri llegaba al 64 por ciento de su población, en Vilcabamba al 37,8 por ciento y en Pichari un 37,7 por ciento. Otros distritos como Surcubamba y Tintay Puncu tienen más de un 80 por ciento de población en pobreza extrema. Hoy estas cifras poco han cambiado, pues las brechas entre los que menos y más tienen siguen siendo enormes.
“Existe una brecha muy grande que debemos ajustar y disminuir. Se debe trabajar concentrando los recursos, se tiene que focalizar la inversión fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales y la propia población. Una buena idea es realizar transferencias compensatorias con énfasis en los distritos con mayor superficie de hoja de coca cultivada. Pero esto no ocurre”, señala Federico Tong. Si hablamos de los IDH (Indicadores de Desarrollo Humano) el promedio nacional alcanza el 0,62. De los 32 distritos del VRAE, ninguno puede al menos acercarse a esta cifra, el que más cerca está es Mazamari con 0,53 y el más lejano Santillana con 0,50. El promedio del IDH en el VRAE alcanza el 0,54 siendo doce los distritos que se encuentran por debajo del mismo. Una realidad seriamente peligrosa si el propio Estado y todos los peruanos conocemos que nuestro principal enemigo en esta parte del país es el narcotráfico. Un caldo de cultivo que hasta ahora no sabemos controlar. (Eric Pereira)