El OEFA informa sobre acciones de fiscalización ambiental ante minería ilegal

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informa sobre las acciones efectivas tomadas por el Gobierno Regional de Lambayeque, a través de su Dirección de Energía y Minas de la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo, ante las actividades ilegales de minería no metálica realizadas por la empresa Petros & Concretos S.R.L., ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, la cual no contaba con certificación ambiental para sus operaciones.

Petros & Concretos S.R.L. es una planta chancadora de agregados para actividades de construcción (minería no metálica), cuyas operaciones no contaban con el instrumento de gestión ambiental aprobado por la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo de dicho gobierno regional.

Por ello, en el marco del Decreto Legislativo N°1101- Decreto Legislativo que Establece Medidas para el Fortalecimiento de la Fiscalización Ambiental como Mecanismo de Lucha Contra la Minería Ilegal, el Gobierno Regional de Lambayeque sancionó a dicha empresa (Resolución Directoral N° 044-2014-GR.LAMB/GRDP-DEM de fecha 01 de agosto del 2014) con una multa de 20 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/. 76 000, y ordenó el cierre de las instalaciones. Además, puso este caso en conocimiento del Ministerio Público para iniciar las acciones de interdicción correspondientes.

Es preciso señalar que en el estudio “Fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal. Informe 2013”, elaborado por el OEFA, el Gobierno Regional de Lambayeque ocupa el puesto 11 de 25 del índice de cumplimiento de los gobiernos regionales respecto de sus funciones de fiscalización ambiental. Con la imposición de esta sanción, se comienza a evidenciar una especial atención a la mejora de sus funciones en materia ambiental.

En este contexto, el OEFA –como ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental– exhorta a los gobiernos regionales a hacer efectiva la función sancionadora que les corresponde ante los incumplimientos de obligaciones ambientales por parte de sus administrados, así como ante aquellas personas que desarrollan actividades de minería ilegal.