El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) constató la inadecuada disposición de residuos sólidos hospitalarios y los provenientes de las actividades municipales en el botadero ubicado en el km. 22 (ruta Pucallpa – Lima), ubicado a 3 km. de la margen izquierda de la carretera Federico Basadre, en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali.
El botadero, a cargo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tiene un área operativa de 14 hectáreas y recibe aproximadamente 338 toneladas de basura por día de los distritos de Callería, Manantay, Yarinacocha y Campo.
En la supervisión realizada por la Oficina Desconcentrada de Ucayali del OEFA se verificó que la basura no recibe ningún tipo de tratamiento antes de ser dispuesta en el botadero y que existen recicladores que manipulan los residuos sin contar con equipos de protección adecuados, lo que genera una contaminación directa al suelo y al agua, y pone en grave riesgo la salud de los ciudadanos de los caseríos La Victoria y Nueva Unión, informó el organismo ambiental a INFOREGIÓN.
Asimismo, desde el mes de marzo del 2015, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo emplea un terreno ubicado en el km. 8 300 de la carretera Federico Basadre (ruta Pucallpa – Lima) como Planta de Transferencia de Residuos Sólidos, pese a que esta no cuenta con la autorización de las autoridad competente, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).
Dicha planta también es manejada de manera inadecuada, ya que la basura se acumula entre uno a siete días en esta área sin recibir ningún tipo de tratamiento antes de ser transportada al botadero ubicado en el km. 22.
El OEFA exhortó a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y a las municipalidades distritales de Campo Verde, Yarinacocha, Callería y Manantay, a elaborar un plan de cierre del botadero municipal, e implementar un relleno sanitario para la disposición final de la basura que se genera en sus distritos, a fin de evitar que se perjudique el ambiente y la salud de las personas; de lo contrario, se interpondrá denuncias ante el Ministerio Público o la Contraloría General de la República para sancionar el incumplimiento de la normativa ambiental correspondiente.
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