Lo peligrosas que son ahora las posiciones de Rafael Rey-hoy convertido en ministrísimo de García, a quien antes atacó ferozmente- lo revela el que un analista de la calidad de Carlos Iván escriba sobre él.
Descarada y machaconamente, Rafael Rey, Ministro de Defensa, declara que todas las muertes provocadas por miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP en su combate contra el terrorismo son “para defendernos a ti y a mí” y que, por tanto, ningún crimen cometido por las fuerzas del orden es un “crimen de lesa humanidad”, pues la definición legal de tales crímenes incluiría solo a aquellos que se cometen por motivos étnicos, religiosos, políticos o ideológicos.
Por contraste, el motivo de los agentes del Estado, incluso en los peores crímenes, habría sido defender a todos los peruanos; por tanto, defendernos también “a ti y a mí”. Dejo a los especialistas la definición correcta de “crimen de lesa humanidad”, pues la del ingeniero Rey es pueril y repulsivamente tinterilla. Comento más bien el motivo que, según el ministro, eximiría a los agentes del Estado de acusaciones por crímenes de lesa humanidad.
No me defiendas, Rey
El pasado jueves 15 de octubre, en Prensa Libre, Mávila Huertas objetó más o menos de esta manera los planteamientos del ministro: “pero en Putis,[1] miembros del ejército reunieron a todos los pobladores, les hicieron cavar una fosa y los asesinaron, como dice el informe de la CVR”. “Ah, por la boca muere el pez”, retrucó el ministro, con argumentos leguleyos, o fariseos: “las conclusiones de la CVR no son vinculantes. Ellos quisieron que fueran vinculantes pero no lo lograron.”
Sin embargo, lo fundamental no es si las conclusiones de la CVR tuvieron o no carácter vinculante, sino la repregunta que Huertas tal vez no tuvo tiempo de hacer, desbordada por la prepotencia del Ministro que ocupó buena parte de la entrevista exigiendo tolerancia y respeto a las opiniones diferentes: ¿por qué para “defendernos a ti y a mí” se debía asesinar a niños y a mujeres encinta?
No solo me refiero a Putis sino a todas las masacres que se documentan desde hace ya tiempo.[2] ¿Por qué para “defendernos a ti y a mí” se tenía que ametrallar a fieles en un templo evangélico[3], o destripar con granadas a civiles encerrados en un recinto[4]? ¿Por qué resultaba indispensable construir un horno en el cuartel Los Cabitos, para calcinar y desaparecer decenas de presos?[5] ¿Por qué era necesario violar a mujeres de toda edad de manera brutal?[6]
No lo dice solo el informe final de la CVR. Lo dicen las pruebas de ADN, lo dice esa suerte de “arqueología de la violencia” que son las investigaciones forenses actualmente en curso en muchos sitios de entierro. Pero lo dicen sobre todo y en voz alta los sobrevivientes a los que el ministro ignora, invisibiliza, atraviesa con sus declaraciones como si fueran hologramas.
Los argumentos de Rey son leguleyadas de paje y el peor enroque que se le haya podido ocurrir para defender a las FFAA, porque impide su modernización, bloquea la transformación de su misión y su visión para adecuarlas a las realidades de un s. XXI cada vez más global y complejo. Contribuye[7], más bien, a transportar a las FF.AA. al pasado y a encapsularlas –no será por siempre- en una burbuja ideológica ubicada a mediados del s. XX, en los tiempos más álgidos de la guerra fría.[8]
No reconocer ningún exceso concreto, por más que se reconozcan “excesos” en abstracto, lleva a exigir fueros especiales y excepciones que en la práctica equivalen a la impunidad y no solo chocan con tratados internacionales firmados por el Perú, sino que transmiten una imagen de infantilización, victimización y falta de profesionalismo de las FF.AA., que debería indignarlas a ellas mismas.
Que en la práctica no se pueda juzgar a sus miembros por violación a Derechos Humanos, ni siquiera criticar su estrategia en algún frente o la conducta de alguno de sus efectivos porque se “desmoralizan” o se “desalientan”, no habla bien de las propias Fuerzas Armadas. Paradójicamente, la propuesta de Rey y otros radicales, hace aparecer a la que muchos consideran “institución tutelar” como tutelada, necesitada de protección especial,[9] incapaz de hacer frente con estrategias y protocolos adecuados, a los retos de conflictos llenos de “zonas grises” como son aquellos contra grupos no-estatales.
Debería comprenderse, más bien, que así como tienen que especializarse en nuevas tecnologías para manejar equipos cada vez más complejos y familiarizarse con los nuevos escenarios bélicos, las FF.AA. deben estar también al día con la evolución de las leyes de la guerra en lo que a estándares internacionales de respeto a los Derechos Humanos se refiere, única forma de diseñar estrategias no sólo éticas sino eficaces para enfrentarse a escenarios novedosos con relación a los que existían hace medio siglo.
Perú tendría mucho que aportar al debate sobre nuevas doctrinas militares -más allá de la Operación Chavín de Huántar- pues fue el primer país en enfrentar (y derrotar, aunque al ministro no le convenga reconocerlo) al MRTA y a Sendero Luminoso, que marcaron el tránsito entre las clásicas guerrillas del s. XX y los grupos terroristas y núcleos violentos no-estatales, que hoy proliferan. Mas lo que impera actualmente en nuestra política de Defensa es el espíritu de los años 50 del siglo pasado –antes del surgimiento del CAEM[10] y de una intelectualidad militar- un espíritu no solo anterior a la reforma agraria, sino prácticamente odriísta.
Expertos y antipolítica
Este enroque con regreso al pasado implica “blindar” a las FF.AA. no solo contra la justicia civil, sino contra la “ingerencia” civil en general.[11] Así, mientras del Castillo convoca a decenas de expertos economistas,[12] muchos de los cuales no han dirigido nunca una empresa ni ostentado un cargo ministerial pero son autoridades reconocidas en su campo, Rey ataca reiteradamente a los “expertos” en Defensa, que no saben de estrategia militar pues no han estado nunca en el campo de batalla y serían, según él, “expertos de escritorio”.
No sabe el Ministro que, a menos que tengamos a Honduras o Guinea-Conakry como modelo, en las democracias modernas una de las claves para una política exitosa en Defensa es la existencia de expertos civiles y su presencia en puestos claves. Debería preguntar, por ejemplo, por Carme Chacón, ministra de defensa de España, que en avanzado estado de gestación visitaba el contingente de tropas españolas desplegadas en Afganistán. O, sin ir tan lejos, que recuerde (o se informe) que antes de ser presidenta de Chile, la médica pediatra Michelle Bachelet fue ministra de defensa, por lo demás muy popular en el cargo.
Las diatribas de Rey contra los “expertos” marcan una continuidad con la antipolítica que en la década pasada contribuyó a la destrucción de la institucionalidad política del país, y expresan junto con el protagonismo del vicepresidente Giampietri, el surgimiento franco y bronco de una corriente neomilitarista con rostro civil, tan compatible con el modelo económico imperante como lo fue el neopopulismo desplegado por Alberto Fujimori en pleno ajuste neoliberal.
Por otro lado, si es coherente con su rechazo a los expertos, cabe preguntarle a Rey qué hace en el Ministerio de Defensa, si ni siquiera en el Congreso tuvo papel prominente en la Comisión de Defensa. No puede ser entonces otra cosa que vocero de los sectores más pasadistas de las instituciones castrenses, que se ubican en relación al ministro como el ventrílocuo en relación a su muñeco. El rostro civil que muchos militares, pero también sectores importantes del gobierno y de las elites empresariales necesitan.
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[1] En 1984, miembros de las FF.AA. asesinaron en Putis (Huanta, Ayacucho) por lo menos a 123 personas. En agosto del presente año culminó el proceso de exhumación de los cadáveres y estos fueron enterrados solemnemente en su comunidad. “Nos preocupan mucho más las muertes de ahora que un entierro de cosas que sucedieron en el pasado”, comentó al respecto Rafael Rey en RPP el 5 de octubre. Por su parte, “…al comandante general del Ejército no se le ocurrió mejor cosa que comentar ‘¡qué fácil es criticar después de veinte años!’, y pedir ‘comprensión’ por estos hechos.” (Virtú e Fortuna, blog de Martín Tanaka). Sobre la masacre, véase: Informe Final, CVR, tomo VII, pp.134-144, así como diversos reportajes de María Elena Castillo, Edmundo Cruz y Angel Páez (La República). Sobre el proceso de exhumación, entierro y juicio a los responsables, véanse diarios, revistas, noticieros y blogs de los últimos meses. Asimismo, la muestra fotográfica: “Si no vuelvo, búsquenme en Putis”, que actualmente se exhibe en la Universidad de Nueva York (NYU) junto con Yuyanapaq.
[2] El Informe Final de la CVR reportó por lo menos 215 masacres perpetradas por el PCP-SL (tomo VI: 33), mientras que por los agentes del Estado reportó 122 masacres o “ejecuciones extrajudiciales”. (tomo VI: 154). Por masacre se definen los episodios donde murieron cinco o más personas. Conforme aumenta el número, se incrementa también la cantidad de mujeres y niños entre las víctimas.
[3] Como sucedió en Callqui (Huanta, Ayacucho 1984).
[4] Como sucedió en Ccayara (Huamanga, Ayacucho 1985).
[5] Los Cabitos era el principal cuartel de Ayacucho, ubicado apenas a las afueras de la capital del entonces departamento del mismo nombre. Véase el libro de Ricardo Uceda: Muerte en el Pentagonito. Los cementerios del ejército peruano, Bogotá, Planeta 2004.
[6] Véase el libro de Rocío Silva Santisteban: El factor asco. Basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo, Lima, RED 2008
[7] “Contribuye”, porque no es sino la continuación de una larga tradición histórica de las elites peruanas en su relación con los militares. Véase el texto de Carlos I. Degregori y Carlos Rivera, Perú 1980-1993: Fuerzas Armadas, subversión y democracia. Redefinición del papel militar en un contexto de violencia subversiva y colapso del régimen democrático, Lima, IEP 1993.
[8]A contracorriente de las FF.AA. de países como Argentina, Uruguay, Chile o Brasil, que replantean su identidad y su ubicación dentro del sistema democrático. Rechazamos con razón la compra de armas de Chile y las hipótesis de conflicto que plantea para sus ejercicios militares. Sobre todo si las armas se compran, como dijo algún comentarista, para “conflictos imaginarios”, que desgraciadamente se pueden convertir en reales si se desboca la carrera armamentista. Pero la modernización de las FF.AA. de Chile no es solo de equipos militares sino de misión y visión dentro de un plan estratégico de largo plazo del Estado chileno, en el cual el vector militar es solo uno entre varios. ¿Tenemos algo remotamente parecido?
[9] Como la que otorgaba la denominada “legislación tutelar” a los pueblos indígenas en la primera mitad del siglo pasado, o la que regía implícitamente también para las mujeres.
[10] CAEM = Centro de Altos Estudios Militares, fundado en 1950. Tuvo su auge entre las décadas de 1960 y 1970. Su lema: “las ideas se exponen, no se imponen”
[11] Si el pez por la boca muere, Giampietri es de veras un pez gordo. Recuérdese su reciente propuesta sobre el VRAE: declarar zonas de emergencia y despejarlas de civiles que “incomodan” la acción militar. Arcaico.
[12] Tal vez demasiados, demasiado tarde. Pero ese es otro debate.
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