Es necesario apoyar la decisión del Ministerio del Ambiente de prohibir por completo el dragado de ríos amazónicos para obtener oro, a pesar de la protesta de los mineros artesanales de Madre de Dios. Hace un año, un informe de nuestra Unidad de Investigación mostró los estragos causados por la irracional explotación minera en esa región, con 304 empresas de extracción de oro, de las cuales solo 67 son formales y tributan.
En Madre de Dios se está dando una catástrofe ecológica de enormes dimensiones –al extremo de que ya las fotos satelitales dejan ver una mancha blanca en plena selva– provocada por la explotación minera de oro aluvional, una actividad que, sin embargo, se ejerció por muchos años sin provocar daños al rico y privilegiado entorno ambiental.
Pero desde hace dos decenios las cosas cambiaron: se recurrió a maquinaria pesada (cargadores frontales, topadoras, etc) para remover los terrenos donde se encuentra el metal precioso. El resultado es una depredación de la selva nativa en proporciones nunca vistas, la misma que se convierte en tierra arrasada y estéril, un desierto de lodo sin vegetación alguna.
No solo se trata de selva arrasada. Los ríos se convierten en cursos de agua envenenada y no aptos para la vida debido al arrojo anual de unas 32,000 toneladas de mercurio, indispensable para recuperar el oro por amalgama. El mercurio, cuyo uso está en camino de ser proscrito a nivel mundial, es un poderosísimo veneno, que al ser arrojado a ríos y manantiales los inutiliza para el consumo o la pesca.
Algo más: los pueblos que se forman alrededor de las mineras carecen de servicios y ni siquiera buscan tenerlos, pues se trata de refugios temporales que serán luego abandonados. El caso más patético es el de Huepetuhe, al pie de lo que fue el río de ese nombre, convertido en basural de agua lodosa, agobiado por la prostitución, el trabajo infantil y la criminalidad.
Se afirma que el negocio del oro mueve unos US$ 250 millones al año y que beneficia a la región. Esto no es cierto, pues la mayoría del oro extraído sale hacia Brasil y Bolivia. La situación suscitó denuncias de la Iglesia y autoridades honestas, pero hasta hoy el Estado se limitó a hacer el rol de recaudador (cuando pudo). Si el Ministerio del Ambiente ha decidido intervenir, en buena hora. Hay que detener un desastre cuya recuperación, si ocurre, tardará siglos y del que los futuros peruanos nos pedirán cuentas.
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