El instituto Tax Justice Net-work publicó hace pocas semanas el índice de secretismo financiero para el 2013. Este índice clasifica los diferentes países en función a cuán asertivos son para luchar contra el lavado de dinero, la evasión tributaria y el financiamiento del delito.
Sin muchas sorpresas, los países que más facilitan estas prácticas mediante políticas tributarias flexibles, protección al secreto financiero y protección al secreto de propiedad son los tradicionalmente reconocidos como refugios fiscales o ‘tax havens’.
En el mencionado ránking, Suiza sigue en número uno, seguido de Luxemburgo, Hong Kong y varias islas y protectorados de Gran Bretaña, como las Bermudas, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes, entre otras. Ojo. Ninguno de estos son países africanos, de América Latina o países bananeros.
Los esfuerzos de los países de la OECD son más desiderativos que reales, pues a pesar del discurso político, pocos son los logros y acciones concretas en términos de la lucha en pro de la transparencia financiera.
No es pues de sorprender que los mayores escándalos de los últimos años: el fraude de Bernard Madoff, la crisis hipotecaria, el cálculo de las tasas Libor, se hayan dado en los mercados de las economías más desarrolladas. Lo irónico es que en los países emergentes estamos constantemente copiando las ‘mejores prácticas’ de las regulaciones financieras de las economías más desarrolladas.
En el Perú, la falta de transparencia, el lavado de dinero y la evasión tributaria están indefectiblemente ligados al narcotráfico y a la economía informal. Un estudio del 2011 de Macroconsult estima que el narcotráfico representa un 1,6% del PBI, es decir unos US$3.200 millones. Por su parte, otros estimados públicos indican que la minería informal es un negociodeUS$2.900millones. En total, la economía informal representaría un 30% a 35% del PBI.
Pero, ¿cómo entra este dinero en los canales formales de la economía? Normalmente, creando empresas en el exterior, haciendo negocios de fachada o, comprando y vendiendo activos.
Ello puesto que para el sistema financiero, la detección de operaciones sospechosas entre personas jurídicas es mucho más difícil que entre personas naturales. No es una casualidad que, en los últimos siete años, de 613 operaciones sospechosas reportadas a la Fiscalía de la Nación por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), más de la mitad se refiera a transacciones típicas de banca personal.
Por el contrario, solo un 12% de las mismas hace referencia a la creación de empresas fachada y menos del 1% se relaciona a rubros tales como «Uso de fondos ilícitos para capitalizar empresas legítimas» o «Uso de recursos ilícitos para la adquisición de bienes muebles».
Actualmente, para una persona natural es muy difícil depositar efectivo en el sistema financiero pasando inadvertido. Necesariamente esta persona tendrá que identificarse y llenar formularios sobre la procedencia del efectivo. Los bancos y el regulador tienen un buen control de estos movimientos y es difícil pasar sin hacer sonar alguna alarma.
En cambio, si me voy a la ventanilla de banca empresarial o pequeña empresa, el camino es un poco más largo, pero me permite «formalizar» el dinero. ¿Cómo hacemos esto? Primero, formo una empresa de propósitos múltiples con un aporte de capital modesto para «pasar debajo del radar» de los controles bancarios. Luego, me dedico a un rubro que demande mucha inversión en inventarios o activo fijo: actividades tales como joyerías, negocios inmobiliarios, casinos, galerías de arte y empresas de transporte son una buena elección.
Pocas preguntas se hacen sobre la procedencia de oro o plata físicos, los recursos para la construcción de casas o edificios, o para comprar y vender automóviles.
Una vez que la empresa está más capitalizada y tiene los nuevos activos en el balance, vuelvo al banco para terminar el proceso de «blanqueo”, ya sea vía la enajenación o el uso estos activos.
Pasados algunos años, los dueños de estas empresas incluso podrían ser premiados por su capacidad empresarial, entrar en la política, ser portadas de revistas y, por qué no, obtener títulos eméritos en universidades.
Por ejemplo, ¿alguna vez usted ha validado la procedencia legítima del oro de sus joyas? Es una tarea difícil. No es coincidencia que Vladimiro Montesinos coleccionara relojes. No sé si le gustaban o no, pero de la forma que haya sido, son una buena y simple alternativa para atesorar valor en lugar de tener efectivo.
La lucha contra el lavado de dinero es difícil en el Perú y en el mundo. Traspasa las capacidades de cualquier organismo o superintendencia de manera individual. Los mencionados 613 casos de actividades sospechosas elevadas por la SBS a la fiscalía, en dinero, equivalen solo a denuncias por US$400 millones por año.
Muy poco comparado con las cifras mencionadas de narcotráfico, minería informal y demás. Peor aún, habría que preguntarse cuántos de estos casos fueron efectivamente investigados y dieron frutos. Mi hipótesis es que la fiscalía no tiene los recursos ni el ‘know-how’ para llevar a cabo esta tarea.
Pero si hay que empezar por algún lugar, lo haría por los impuestos, es decir, combatir la informalidad. Esto nos daría el máximo impacto en mínimo tiempo. El encargo por lo tanto caería principalmente en la Sunat, que viene haciendo importantes progresos en fiscalización tributaria, año tras año.
Démosle más recursos y profesionalicemos al máximo este organismo, tal como se hizo en años pasados con el Banco Central y la SBS. La lucha contra la informalidad, la detección de súbitos desbalances patrimoniales y la penalización a la evasión de impuestos deberían ser los hilos que nos ayuden a desenredar la madeja del dinero mal habido.