[Rubén Vargas – El Comercio] El narcotráfico en el Perú para producir los 320 mil kilos de cocaína anuales utiliza un poco más de 35 mil toneladas métricas de insumos químicos.
El kerosene y el óxido de calcio representan el 65% de este volumen. Vale decir que estos dos insumos, por las cantidades industriales que requiere el negocio de las drogas, no se transportan a las zonas de producción al menudeo, cargando en mochilas o en la maletera del auto, como en ocasiones se sostiene.
Hace un mes atrás, el Gobierno dispuso la prohibición total de la comercialización y transporte del kerosene en todo el valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE.
En teoría, esta medida debería frenar el ingreso de aproximadamente cinco mil toneladas de este insumo. Sin embargo, más allá de los buenos deseos y de marcos legales que desde hace cinco años no pueden o no quieren que se aplique (La Ley de Insumos Químicos fue aprobada el año 2004 y hasta la fecha no se hace operativa), el kerosene sigue ingresando sin mayores contratiempos al VRAE.
Son cuatro las rutas que utiliza el narcotráfico para introducir este insumo químico.
La primera y la más conocida es la carretera Quinua-San Francisco, donde hay hasta cuatro puestos de “control” policial: en Chacco y Quinua (a la salida de Huamanga), en Tambo y Machente (Ayna-La Mar).
La segunda ruta, sin ningún control policial, es la carretera que cruza el distrito de Anco (La Mar) y llega al poblado de San Antonio, ubicado en el extremo sur del VRAE. Desde aquí se abastece a dos importantes centros de producción de pasta básica: Santa Rosa y Palmapampa.
La tercera ruta, también sin ningún tipo de control, es la carretera Huanta-Sivia, prácticamente tomada como propia por los narcotraficantes.
La cuarta ruta es la fluvial, que conecta el Ene con el Apurímac, con controles esporádicos de algunas bases antiterroristas del Ejército.
Por las rutas terrestres siguen circulando las famosas “ballenas”, que son los camiones-cisterna que trasladan los combustibles, incluido el kerosene.
Una de las tantas modalidades que utilizan los traficantes para “burlar” los controles es presentar documentación, legal o falsificada, que indica el transporte de gasolina, cuando en realidad la “ballena” está repleta de kerosene. Estos camiones recorren desde San Francisco hasta Llochequa, distribuyendo cual “delivery” el insumo fiscalizado.
Antes de la prohibición, el kerosene para el narcotráfico costaba entre 20 y 25 soles el galón. Ahora oscila entre 45 y 60 soles. El precio ha subido, indican los “comerciantes”, no porque falte el producto sino porque el “peaje” en los puntos de control habría subido.
La corrupción y el narcotráfico caminan de la mano en el VRAE desde hace más de dos décadas.
Cualquier medida del Gobierno que pretenda combatir el tráfico de insumos químicos, llámese garitas móviles de control, equipos con “rayos x backscatter” o simples perros amaestrados, serán irrelevantes si previamente no se le presta especial atención y un monitoreo constante al equipo humano encargado de poner en práctica estas acciones.
Lamentablemente, en estos tiempos, pareciera que los llamados “pishtacos” representan una mayor amenaza a la seguridad que los problemas del valle de los ríos Apurímac y Ene.