En la región Puno, especialmente en la extensa frontera con Bolivia, todos los días del año caminan de la mano el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, las mafias de la minería ilegal y la compraventa de vehículos robados.
En esta zona, por efectos de la corrupción y del miedo, la presencia de la autoridad nacional, llámese policía, Sunat, Ministerio Público o Poder Judicial, es absolutamente nominal, castrada completamente del ‘ius imperium’.
La situación descrita no es nada nueva, y hasta se podría decir que es un mal endémico que década tras década los gobiernos de turno se han esforzado en ignorar casi por completo.
Algo ha cambiado, sin embargo, en los últimos años. Lamentablemente, para mal: la magnitud del tráfico ilícito de drogas. Ahora el contrabandista es, además, narcotraficante que provee de cocaína a las mafias internacionales que la introducen a Brasil y a Europa.
En la selva de Puno (Tambopata, Inambari, San Gabán) el crecimiento de la narcococa ha sido explosivo debido a que desde hace más de ocho años no se ha erradicado ni un solo arbusto y no se ha hecho interdicción. Así, recientemente se ha reportado cerca de cinco mil hectáreas de esta planta.
Situación similar pasa en el lado boliviano, en la provincia conocida como Apolo, donde el último fin de semana los cocaleros articulados al narcotráfico, premunidos de fusiles, emboscaron a una patrulla militar encargada de erradicar la coca, causando cuatro muertos y quince heridos graves. El presidente Evo Morales insinuó que estarían involucradas las mafias peruanas y solicitó cerrar la frontera.
Tengo la impresión de que el presidente boliviano está intentando esconder la magnitud de un terrible problema que crece cada día y va poniendo en jaque a sus fuerzas de seguridad y a todo el aparato estatal levantado en torno a la coca.
En efecto, los llamados sindicatos de productores de coca –que el presidente dirige– aceptaron, según el propio Morales, que parte de su producción termina convertida en cocaína. Asimismo, Luis Cutipa, de la Dirección Nacional de la Coca e Industrialización (que pertenece al Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral de Bolivia) y personaje muy influyente en el partido de gobierno, fue recientemente encarcelado porque desviaba la “hoja sagrada” a las mafias locales. Recordemos también que a comienzos del 2011 fue detenido en Panamá el ex jefe de la policía antidrogas boliviana por sus vínculos con el narcotráfico internacional.
Y, en el lado peruano, hace pocos días fueron sentenciados por tráfico ilícito de drogas cuatro oficiales de la Policía Nacional que trabajaban en el puesto fronterizo del distrito de Tilali (Moho-Puno).
Si a todo ello le sumamos el factor Colombia, la situación es aún más crítica. Al reducir este país en 25% su espacio cocalero (bajó de 64 mil a 48 mil hectáreas en solo un año), y, al arremeter contra el grupo terrorista de las FARC, produce la migración de la coca y de sus operadores hacia el Perú y Bolivia (efecto globo), incrementándose en estos países la violencia y corrupción asociada al narcotráfico.
Este escenario, más un Brasil convertido en un consumidor voraz de drogas cocaínicas, convierte la frontera Perú-Bolivia en un paso pavimentado con nitroglicerina, que explotará al menor sacudón o presión que cualquier gobierno se atreva a realizar. Entonces lo ocurrido en Apolo será un juego de niños.