El premier Yehude Simon anunció que pedirá información sobre la investigación por secuestro y tortura de 29 campesinos dentro de la propiedad de la minera Majaz (empresa Río Blanco) en agosto de 2005 cuando los comuneros pedían suspender las actividades de la empresa en el distrito de Carmen de la Frontera, en Piura.
El último 6 de enero, Rosa Quedena, representante de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), afirmó que en junio del 2008 presentaron una denuncia por el delito de tortura responsabilizando de los hechos a los efectivos policiales a cargo de la seguridad del campamento de Majaz.
Agregó que juntaron pruebas documentarias, entre ellas pericias médicas y fotografías que se tomaron a las víctimas durante la intervención policial y que fueron publicadas por un medio de comunicación.
Simon indicó que quedó horrorizado al conocer esos hechos y que “no se puede permitir torturar a nadie”. “Las fuerzas policiales, los empresarios y los trabajadores ni nadie podrán hacer uso de la fuerza para imponer sus ideas o imponer lo que uno cree», resaltó.
Finalmente, recalcó que la fuerza no le da la razón a nadie y que cometieron un gravísimo error. “Han violado un derecho de las personas, han dado una pésima imagen a quien lo hizo y a la institución que lo hizo», añadió el primer ministro.