INFOREGIÓN. El 6 de octubre de 2021, los agentes de la Sección de Inteligencia (Secint) de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Juliaca recibieron información sobre un caso de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (esnna) que se producía en un alojamiento ubicado en las inmediaciones de la avenida Ferrocarril con el jirón Cahuide, en la capital de la provincia de San Román. Inmediatamente comunicaron el hecho a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Persona (Fistrap), dirigida por el fiscal Erick Paolo Deza, con el fin de planificar la intervención correspondiente.
Así, los efectivos del Área Especializada contra la Trata de Personas de la PNP arribaron a la avenida Ferrocarril n.° 159, en Juliaca, dirección del hospedaje Virgen del Carmen. Allí se encontraba D. P. Ch., una adolescente de 17 años, quien confesó que se encontraba en ese lugar por invitación de su amiga “Keity” para ganar entre 100 y 200 soles por tener relaciones sexuales con varones en las habitaciones de alojamiento.
Los policías accedieron al teléfono de la menor y comprobaron la versión de la víctima, quien había sido captada a través del Messenger de Facebook por la usuaria “Keithisita” en la mencionada red social. Esta persona se encontraba en otra habitación. K. A. T. (18) confesó que estaba en el hospedaje dando servicios sexuales (después se supo que ella también había sufrido esnna y continuaba en esa problemática), y que había sido contactada por su amiga “Evelyn”.
Los policías también intervinieron a cinco varones de 46, dos de 41, 30 y 26 años, por ser las personas que requirieron los servicios sexuales de las víctimas. Este es uno de los casos de esnna que se producen en las regiones Loreto y Puno (y como en todo el Perú), y que en los últimos meses se han incrementado tras las sucesivas cuarentenas que impuso en el país el gobierno de Martín Vizcarra por la covid-19. Pero, ¿cómo está enfrentando la sociedad peruana este delito?
Al amparo de la selva
La ciudad de Iquitos es conocida por la importante presencia turística, tanto nacional como extranjera, que se daba hasta antes de la pandemia. Sin embargo, como en el resto del país, el 16 de marzo de 2020 todo se vio paralizado. Esta situación también la vivieron los miembros de la policía y de la fiscalía que debían enfrentar la explotación sexual de niñez y adolescencia.
Posteriormente vino la reactivación de las actividades económicas de la ciudad y por ende, también la de los delincuentes. Sin embargo, las autoridades no recobraron la fuerza logística que tenían para combatir a la esnna.
En el caso de la PNP, de los 35 policías que tenía el Área Especializada contra la Trata de Personas, quedaron poco más de la mitad. Además del jefe de la unidad, 19 efectivos trabajan contra esta problemática. Pero si se tiene en cuenta que ellos trabajan jornadas de 24 x 24 (horas), entonces solo quedan 10 policías por día.
A eso, hay que sumarle el hecho de que tienen 15 computadoras, pero ninguna tiene internet. Y si no cuentan con señal web, menos poseen programas que permitan investigar la captación de menores a través de las redes sociales. Y es que esta es la nueva modalidad que se ha fortalecido con la pandemia de la covid-19. Además, no tienen un solo vehículo para poder hacer las diligencias. A veces se movilizan en sus propias motocicletas, a veces consiguen alguna unidad, con el riesgo de que se filtre la operación que debería ser secreta.
Incluso, esta área no coordina directamente con la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP, que tiene la rectoría de la lucha contra este delito en Lima. Entonces, una estrategia nacional no existe.
“Nuestro problema principal es la Policía. Actualmente no contamos con buenos equipos de investigación y eso nos está preocupando. Ya hemos informado a nuestra coordinación, para que se pueda ver la forma de que nosotros trabajemos con el departamento de trata de personas de Lima, ya que antes eran 30 efectivos policiales los que conformaban el departamento de trata en la región. Sin embargo, ahora no llegan ni a diez y, obviamente para investigaciones tan complejas, uno necesita tener efectivos policiales capacitados”, señala Paola Hittscher, fiscal provincial de la Fistrap de Iquitos.
La magistrada apunta, además, a la excesiva rotación que se hace del personal por mandato de la superioridad policial, de esta forma, policías que fueron capacitados y que tenían determinados conocimientos para la lucha contra un delito cuyos victimarios suelen escabullirse a menudo, terminan yendo a otras direcciones y hay que empezar de nuevo con los nuevos efectivos que llegan al área de trata de personas, por lo general, jóvenes.
Pero no es la única pata coja en esta lid quijotesca. Hasta el cierre de esta edición, diversas entidades estatales involucradas en el combate a la esnna seguían haciendo teletrabajo. A eso, hay que agregarle que el coronavirus contagió a la gran mayoría de servidores públicos, lo que frustraba o retrasaba la labor investigativa, pero también preventiva de este problema.
En Iquitos se ha instalado la Mesa Regional contra la Trata de Personas y Trabajo Forzoso, cuya presidencia y secretaría técnica está a cargo del Gobierno Regional de Loreto, e integran diversas entidades públicas y privadas como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, gobiernos locales (provinciales y distritales a través de las Demuna), Defensoría del Pueblo, entre otros. Las actividades de esta mesa regional son permanentes.
Pero muchas veces el trabajo queda solo en el papel. Durante la pandemia no se hizo mucho para concientizar a niños y adolescentes sobre la importancia de conocer la esnna. A eso hay que agregarle que en muchos casos, la pobreza ha empujado a los familiares de las víctimas a explotarlas sexualmente. Eso se ha visto sobre todo en las comunidades de la amazonía, aquellas donde no llega el brazo de la ley y que aprovechan tan bien los tratantes.
Tal vez por eso las autoridades han registrado pocos casos de esnna en Iquitos. O también por el hecho de que la sociedad civil ha decidido tomar al toro por las riendas. En la capital de Loreto funciona el Movimiento Regional Vuela Libre. Esta asociación se formó en Perú en 2014, gracias a la iniciativa de CHS Alternativo, la principal ONG que enfrenta a la trata de personas y a la esnna en el país.
Este movimiento está conformado por diversas entidades públicas y privadas, entre las que destacan los dueños hoteles y restaurantes de la ciudad. Así, cuando uno ingresa a uno de estos locales, encuentra un letrero en las instalaciones advirtiendo de la ilegalidad que es la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
No obstante, este trabajo solo se realiza en la capital de Loreto. Y los delincuentes que buscan continuamente víctimas cada vez salen más del campo urbano para captar a menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad en las comunidades. Y allí está la gran grieta en la lucha contra la esnna.
Al otro lado del país
La ciudad de Puno es la capital del departamento del mismo nombre. Está a orillas del lago Titicaca y a un par de horas de Desaguadero, la frontera con Bolivia. Pero a un poco más de una hora se encuentra Juliaca, capital de la provincia de San Román, y la ciudad más comercial de la región. Este es uno de los lugares con más presencia de esnna durante la pandemia.
Tanto las ciudades de Puno y de Juliaca tienen Áreas Especializadas contra la Trata de Personas. Ambas unidades coordinan con la Fistrap de Puno, cuya sede principal está en Juliaca. Pero ambas también adolecen del mismo problema que en Iquitos: poco personas (Puno, 13 policías; Juliaca, 10); excesiva y continua rotación del personal que impide el profesionalismo adecuado en las investigaciones, y falta de logística. En Puno no tienen movilidad y en Juliaca un auto del año 1995 que funciona cuando quiere.
Y tampoco coordinan con la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP. Así, cada área hace sus propias estrategias de acuerdo a sus necesidades, lo que no implica necesariamente que sean más exitosas.
“A los policías, por ejemplo, siempre los cambian. He visto que se han dividido en dos grupos, hay uno en Juliaca, que ve todo lo del norte, y hay otro que está en Puno, que ve todo lo del sur. Los del sur no tienen muchos casos, por eso ellos tratan de hacer operativos en toda la zona norte. Claro que tienen Desaguadero e Ilave, pero los cambian. De cada grupo que tiene 8 o 9 efectivos, la mitad es rotada, y traen a jóvenes que no están capacitados (en trata y esnna), son chiquillos”, se queja Erick Paolo Deza, fiscal provincial de la Fistrap de Puno.
Para el fiscal esta situación impide la adecuada realización de operativos tanto en Puno como en Juliaca, como en San Gabán o La Rinconada. Este último lugar es un centro poblado caracterizado por la presencia de mineros informales que explotan oro en la zona. Peor también, por la cantidad bares y night clubs donde hay esnna, pero que funcionan con impunidad, ante la ausencia de un verdadero cuerpo policial en la zona.
“La policía, por ejemplo, es la entidad encargada de hacer inteligencia, pero no lo hace porque: uno, no tienen carro, o tiene un carro que se malogra a cada rato, que está destartalado y que, sin mentirte, camina a 30 por hora, está viejo. Dos, no tienen medios para investigar, no tienen cámaras fotográficas, no tienen cámaras de videoespía, ni que decir pues otras cosas, binoculares, videocámaras, cámaras nocturnas tampoco. No tienen, y eso pues es el gran defecto de esa situación, si no tenemos eso, el tema es defectuoso al tema de investigación”, acota el magistrado.
En Puno, también hay una Red contra la Trata de Personas que, al igual que en Iquitos, dirige el Gobierno Regional de Puno e integran diversos sectores públicos, aunque muy pocos privados. Pero mientras que en la capital de Maynas hay un trabajo constante de la mesa contra la trata, en Puno casi todos coinciden en que la mesa no sirve para mucho.
En ese aspecto, los principales periodistas de la región coinciden en que esta situación se da porque de una u otra manera la población prefiere mirar de costado a la esnna. Además, coinciden en que la labor de las autoridades, sobre todo de la PNP, es deficiente e incluso desdeñosa.
Por otra parte, en Puno la sociedad civil no ha asumido esta lucha que la compromete directamente. NI en hoteles ni en restaurantes uno encuentra algún letrero concientizador. Las autoridades educativas tampoco capacitan a los estudiantes sobre la esnna, siendo los niños y adolescentes los más vulnerables a este delito.
“Yo creo que hay una débil institucionalidad para afrontar de manera coordinada, articulada, el problema de la trata de personas. No podemos decir que ya se conformó la red, lo máximo y se resolvió el problema. Al contrario, yo creo que se ha dado un paso importante ciertamente, es peor que no tengamos una red regional contra la trata, pero no fue suficiente en su implementación, en su funcionamiento, por la pandemia que, no ha permitido finalmente concretar los planes que habíamos revisado. Hemos hecho una breve evaluación con todas las entidades y hemos llegado a la conclusión de que no llegamos ni al 20 o 30 % de la ejecución de las actividades. Entonces se ha planteado ahora, estando en este periodo todavía de pandemia, de que esta red no deje de funcionar, se fortalezca, pero, digamos, innovando estas nuevas formas de comunicación, porque los que nos queda al menos, mientras estén vigentes en la pandemia, es utilizar las redes sociales, las reuniones virtuales, los webinar a nivel virtual etc., ese nivel una que otra acción”, reconoce el jefe de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona.
La lucha de CHS
Pero si hay una organización que sigue dando la lucha contra la esnna en el país es Capital Humano y Social (CHS) Alternativo. Su trabajo es reconocido por diversas instituciones públicas y privadas. Ricardo Valdés, director ejecutivo del organismo, habla fuerte sobre esta problemática, que incluso podría estar agravándose en las narices de tirios y troyanos.
“Lo que ha ocurrido en estos últimos años es que se ha disparado la esnna en línea. Nueve de cada 10 padres consideran que sus hijos corren algún tipo de peligro como consecuencia de su exposición activa en las redes sociales e internet. Con la presencialidad hay una deuda muy grande del sector Educación para formar a sus estudiantes, a los profesores y la comunidad educativa, sobre los riesgos que se pueden correr con el uso del internet y la tecnología, que son desconocidos”, afirma.
Además, revela que en el Perú no existe un cuadro de sanciones e infracciones aprobado por Osiptel para supervisar el cumplimiento de las empresas proveedoras de internet y equipos celulares en materia de instalación de filtros, y, agrega, no ofrecen herramientas de prevención.
“Los niveles de inversión que hace el Estado con respecto al delito de trata, que ya sabemos tienen vasos comunicantes con la esnna, es absurdo, miserable. No llega ni siquiera a 20 céntimos por persona al año, ni el valor de un pan, para poder prevenir y combatir el delito y atender a las víctimas de trata de persona. Para esnna el presupuesto es cero”, denuncia.
El también exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior considera que falta inversión en tecnología, no se cuenta con tecnología de punta, con base de datos, inteligencia artificial, big data y no hay la posibilidad de intercambiar información. “Estamos a merced de la gran industria del delito, de la economía criminal de la esnna”, finaliza.
*Investigación de Manuel Boluarte y Roberto More – Inforegión
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