El 19 de junio del presente año se realizará el sorteo de ciudadanos que deberán cumplir el servicio militar acuartelado. En vista de la escasez de voluntarios que se presentaron para el llamamiento ordinario y el llamamiento extraordinario en aras de cumplir dicho servicio, el Ejecutivo, con la aprobación del Congreso, ha establecido la necesidad de llamar a 12,500 jóvenes entre 18 y 25 años de edad, para cubrir las necesidades de efectivos de las Fuerzas Armadas.
Pero, ¿acaso esta no es una imposición que quebraría no solo la libertad de los jóvenes llamados al servicio militar, sino también sus posibilidades de desarrollo? ¿Quiénes son los más afectados con esta modificación? ¿Cuál es el costo y beneficio para el país y el Estado?
Servicio militar “voluntariamente” obligatorio
Un déficit de 12,500 efectivos en las Fuerzas Armadas es un resultado claro de que no existen incentivos para unirse a ellas. Un soldado raso recibe una “remuneración” mensual de S/. 350, cuando al desertar podría obtener un ingreso de S/.750 que le ofrece el mercado como remuneración mínima vital. Los S/. 400 que el soldado raso deja de percibir son un costo de oportunidad considerable para el 27.8% de personas que viven en la pobreza a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2012. Todo ello, sin contar los riesgos a los que se expondrían muchos de los jóvenes debido a la naturaleza misma del servicio, como aquellos que serán eventualmente destacados al VRAEM u otras zonas de alto riesgo, luego de un entrenamiento que confiamos sea suficiente.
Adicionalmente, filtramos la base de datos de la ENAHO del mismo periodo, para obtener individuos entre 18 y 25 años de edad que no presentaban discapacidad permanente o crónica imputada, ni eran jefes de hogar y tampoco fueron estudiantes regulares universitarios (que según la modificación de la ley son inexorablemente elegibles), y finalmente realizamos un estudio de las características económicas de los hogares de dichos ciudadanos, potenciales reclutas del sorteo del próximo miércoles, para entender las implicaciones virtuales de esta ley.
A partir de este ejercicio obtuvimos los siguientes resultados: el 74.4% de los jóvenes elegibles no son pobres, el 20% son pobres no extremos y el 5.6% son pobres extremos, Asimismo, el 79.2% de los posibles elegidos en dicho sorteo pertenecen a hogares cuyo ingreso mensual total neto no podría cubrir el pago que implica la infracción de no cumplir con el servicio militar (que equivale al 50% de una UIT, es decir S/. 1,850). Por lo tanto, considerando al resto de la población elegible, podríamos deducir que, teniendo en cuenta el requerimiento actual de 12,500 ciudadanos para el servicio acuartelado, el Estado recaudaría con esta medida S/. 4.8 millones.
Dicho monto, bajo una consideración tributaria, sería un impuesto discriminatorio, que no genera ningún beneficio a la población peruana, es decir, una fuente de ingresos neta de las Fuerzas Armadas, que hasta el momento ha demostrado gran deficiencia en el ejercicio de la defensa nacional y que tienen un presupuesto que puede incrementarse si se sustenta la necesidad. Aún así ¿pretende despojarse a los jóvenes de las oportunidades que su país les ofrece para servir al Estado en estas situaciones precarias, recaudando las instituciones castrenses considerables ingresos en el ínterin? ¿Qué es lo que necesitan las Fuerzas Armadas: efectivos o mayor presupuesto? ¿Por qué no aplicar políticas que incentiven la participación de los jóvenes peruanos en el servicio militar? Necesitamos profesionalizar completamente a las Fuerzas Armadas y en esto debe apoyárseles sin duda. Sin embargo, dicha profesionalización no se logra con este impuesto oculto ni recortando la libertad de los jóvenes peruanos.