Revista Ideele El operativo Aurum I ha sido el primer gran paso del Gobierno de Humala para dejar en claro que la minería informal no va en Madre de Dios.
Con el amparo del decreto de urgencia 012-2010, que prohíbe el uso de dragas en los lechos de río, se desmantelaron motores y maquinarias, pequeños y grandes, utilizados en la extracción del oro (que los medios de comunicación han empezado a llamar “dragas” sin distinción de tamaño). A la par, se realizaron operativos en los populares ‘prostibares’ donde se encontraron mujeres (algunas menores) forzadas a trabajar en las zonas mineras.
Muchos esperábamos una intervención de este tipo, pues en los años siguientes a la pavimentación de la carretera Interoceánica los bosques y lechos de los ríos sufrieron una explotación brutal y sus efectos se dejaron sentir a ojos de comuneros y agricultores.
Incluso podía apreciarse a simple vista, en plena carretera, cómo se removía el bosque para remplazarlo por una especie de arena lavada rodeada de covachas, de palos y plásticos azules, donde los colores fosforescentes anunciaban los famosos ‘prostibares’.
Sin embargo, el Aurum I no trae solo buenas noticias. Los pequeños mineros (algunos en trámite y otros con título), los obreros de minería y los trabajadores que se articulan en torno a esta actividad están en quiebra, en crisis total. Muchos de ellos habían inmigrado en masa después de que fueron virtualmente expulsados de Puno, al prohibirse la extracción informal del metal por ordenanza regional.
Este hecho exacerbó la presión extractiva sobre tierras agrícolas y áreas naturales protegidas, entre las que resalta con profundo pesar la Reserva Nacional de Tambopata.
Frente a los operativos, muchos de estos trabajadores han vuelto a emigrar en búsqueda de nuevas actividades. Otros, en cambio, siguen lavando oro en menor escala, a fuerza de pasar por contrabando los insumos que esta actividad requiere.
El río Madre de Dios lo agradece, muchos creemos verlo menos turbio, como si ya empezara el proceso de autolimpieza de sus aguas. Sin embargo, el problema de fondo no se resuelve: una enorme masa de trabajadores sigue pululando en búsqueda de insertarse en alguna actividad económica.
Como suele suceder en estos casos, no falta quienes buscan pescar en río revuelto. La decisión del Gobierno de poner fin a la minería en Madre de Dios aviva una antigua rivalidad interna entre el presidente regional, Luis Aguirre (un periodista aficionado que utilizó la radio como trampolín para su campaña electoral) y el congresista Amado Romero (un antiguo minero sobre el que pesan tantas denuncias como oro y testaferros tiene acumulados).
El primero responsabiliza al segundo de haber “removido” el tema de la minería informal al pretender derogar el DU 012. El segundo acusa al primero de corrupción y ha pedido una auditoría al Gobierno Regional mientras mueve por debajo los hilos políticos en pro de la revocatoria.
Lo cierto es que la minería informal ha sido, en los últimos veinte años, el motor de la economía en Madre de Dios. De ahí que los efectos de la detención de esta actividad se sientan en todos los rubros económicos. El consumo de bienes y servicios se ha desacelerado de una forma alarmante.
Así las cosas, se distinguen dos grandes retos que el Gobierno debe atender: por un lado, en materia de protección ambiental, que está siguiendo su curso mediante la conformación de Mesas de Trabajo para el Ordenamiento Minero en Madre de Dios, en el marco del “compromiso de formalización con habilitación temporal y condicionada ambiental y social”, al que se ha arribado entre los operadores mineros y el Gobierno Central (con el pleno respeto de las zonas de exclusión minera).
Por el otro, la búsqueda de una salida económica viable con el fin de integrar a la enorme masa de trabajadores que no podrán formalizarse a un mercado laboral alternativo, con la perspectiva de mejorar las condiciones para el desarrollo de las capacidades sociales. Ambos retos involucran una visión integral de país e implican la toma de decisiones serias que probablemente remecerán los poderes hegemónicos.
En este contexto, es preciso recordar que el gobierno de García defendía en el DU 012-2010 las siguientes razones a favor de la conservación ambiental y el desarrollo sostenible:
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