El Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía tienen en sus manos un gran caso de narcopolítica, el más importante desde el descubrimiento de los nexos entre el gobierno de Fujimori y varios grupos de narcotraficantes vía Vladimiro Montesinos. En esta oportunidad, la excongresista Nancy Obregón es procesada junto a otras 34 personas en el Primer Juzgado Penal Nacional por los presuntos delitos de narcotráfico, colaboración y financiamiento del terrorismo y obstrucción de la justicia. Obregón y otros acusados afrontarán este proceso penal en prisión y sus bienes han sido embargados.
Por las evidencias mostradas, el caso es muy creíble. La Fiscalía presentó como pruebas las declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, la interceptación legal de llamadas telefónicas y el hallazgo de armamento. Según ha publicado este diario, Obregón no ha podido desbaratar las evidencias y los testimonios recogidos en los 17 meses de la investigación.
Es cierto que en primera intención el caso coloca en aprietos al gobierno debido a que Obregón fue parlamentaria nacionalista y estuvo hasta hace pocos meses cercana a sus filas. Sin embargo, es también reconocible que el gobierno haya estimulado la investigación, como era su deber, y separado en su momento a Obregón de la bancada cuando surgieron las primeras denuncias.
Es inevitable que el caso se derive a la áspera coyuntura política y se convierta en un eje de las acusaciones al gobierno. Esta campaña es llevada a cabo por los voceros de partidos y de gobiernos que en su momento tuvieron poco cuidado para evitar el contacto con el narcotráfico. El financiamiento de campañas por personajes acusados de narcotráfico, la defensa de procesados por parte de políticos que al mismo tiempo ejercen el derecho, los indultos a narcotraficantes que actualmente se investigan y la relación personal y empresarial entre políticos y narcotraficantes han sido comunes y corrientes desde 1980.
Más allá del uso coyuntural del caso, la política está obligada a enfrentar a la narcopolítica para evitar ser devorada o inutilizada por ella. Antes de que el asunto escale a mayores, como en los casos de Colombia y México, se requiere una respuesta institucional. En suma, se debe evitar que el país desaproveche una vez más la oportunidad de enfrentar con éxito la infiltración del narcotráfico en la política.
En la década de los noventa, durante el Congreso Constituyente Democrático (CCD) una comisión de estudio sobre el narcotráfico debatió las evidencias sobre las relaciones entre congresistas, políticos y militares con el narcotráfico, sin resultados. En la década pasada se denunciaron casos de narcopolítica cuyas investigaciones no prosperaron. Del mismo modo, a propósito de las últimas elecciones generales se han mencionado nombres, casos, empresas y políticos en oscura relación con este delito, aún sin noticias, a pesar de un pacto firmado por los partidos en abril de 2010 para evitar contactos con el narcotráfico.
Una de las medidas que evite el consumo exclusivo de este tema para las galerías sería la formación de un grupo de trabajo parlamentario que analice la relación política y narcotráfico de los últimos 30 años y suministre recomendaciones que el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y los organismos electorales las hagan suyas. Otras alternativas concurrentes son la culminación de las investigaciones de lavado de activos que involucra a parlamentarios en ejercicio y de los llamados narcoindultos y que el caso Obregón llegue hasta las últimas consecuencias.