La historia negra del narcotráfico comenzó en nuestro país en la década del 70, cuando un grupo de colombianos ingresó a Huánuco a procesar pasta básica de cocaína. A partir de ahí, la narcococa inició su crecimiento exponencial, y alcanzó, según cifras oficiales, las 130 mil hectáreas en 1992. Otras cuantificaciones duplicaron esta cantidad.
Así, hasta mediados de la década del 90 el Perú ocupó el deshonroso primer lugar en producción de drogas cocaínicas. En esta etapa el negocio de las drogas, de la mano con los grupos terroristas, ocasionó, según el informe de la Comisión de la Verdad, la muerte de más de 15 mil peruanos. La narcocorrupción también estuvo muy presente en todas las instituciones públicas. No se salvó ni el avión presidencial.
En 1995 el primer lugar pasó a Colombia, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias tomando la posta. Tras 15 años de hegemonía colombiana, nuevamente el Perú es el primer exportador de cocaína. La discusión sobre quién tiene más coca podría resultar bizantina. Lo importante es preguntarse quién desarticuló más organizaciones criminales, quién erradicó más coca, quién incautó más cocaína, quién evitó el desvío de los precursores químicos y quién asumió con determinación y presupuesto propio la lucha contra este flagelo. La respuesta es: Colombia.
Nosotros seguimos con reticencias, indefiniciones y ausencia supina de estrategias claras para recuperar los territorios que fueron nuevamente tomados por el terrorismo y el narcotráfico.
Nuestra clase política se muestra convenientemente distraída, porque, entre otras cosas, no puede justificar todos los millones de dólares que gasta durante las campañas electorales. ¿De dónde creen que sale el dinero cuando somete a subasta las listas para las candidaturas al Congreso y a los otros niveles de gobierno?
Alguien podría decir «pero no estamos tan mal, no tenemos los miles de muertos que se registran en México y Centroamérica». Claro, nuestra aparente tranquilidad es porque aquí el negocio se realiza sin mayores contratiempos. Un dato: los gobiernos de turno solo incautan el 7% de toda la cocaína producida y el 2% de los insumos químicos.
Además, aquí el Poder Judicial archivó el mayor proceso penal por lavado de activos provenientes del narcotráfico, aquí se absolvió a los presuntos responsables del asesinato de un periodista que se enfrentó a los narcotraficantes, aquí la Unidad de Inteligencia Financiera, después de diez años de creación, no puede mostrarnos ni un solo caso que haya terminado con sentencia condenatoria.
Aquí somos muy respetuosos del statu quo. Y, claro, ¡porqué tendría que haber violencia si la corrupción está haciendo un buen trabajo! Los casos de ‘sicariaje’ y ajustes de cuentas que se reportan no representan, ni por asomo, la magnitud del negocio de las drogas.
El segundo ‘boom’ recién comienza y podría prolongarse por tiempo indefinido, inclusive convertirse en parte de la marca Perú. Por ello, esta cumbre antidrogas debería marcar un punto de quiebre, por lo menos en los países andinos. Dejen las taras ideológicasy trabajen en una estrategia conjunta para evitar el llamado «efecto globo».
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