A fines de setiembre la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) recibió dos informes. El primero daba cuenta de una interceptación radial, en que los terroristas que operan en la selva cusqueña coordinaban un posible ataque a un punto estratégico del consorcio Camisea. El segundo, basado en la inteligencia humana, advertía exactamente lo mismo. ¿Qué se hizo con ellos? Es un tema que se debería investigar.
Dos semanas después treinta terroristas, al mando de ‘Alipio’, tomaron por asalto el aeródromo de Kiteni y destruyeron con explosivos tres helicópteros que servían para el mantenimiento del gasoducto. Tres meses atrás estas aeronaves ya habían sido interceptadas por el mismo mando terrorista en la localidad de Pomareni (Kepashiato), es decir, el objetivo de dejar al gasoducto sin el trabajo vital de su mantenimiento también estaba anunciado.
Siguiendo el circuito burocrático de los reportes de inteligencia, nos imaginamos que la DINI transmitió la alerta (¿o tal vez no?) al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, responsables del Vraem; también al presidente del Consejo de Ministros y, probablemente, al presidente de la República. Si fue así, nos preguntamos: ¿qué medidas tomaron para evitar o disuadir la acción terrorista oportunamente advertida?
El aeródromo de Kiteni y los helicópteros estaban completamente desprotegidos pese al antecedente del ataque terrorista en Pomareni. La “desinteligencia” que facilitó el ataque tiene un agravante: a cinco minutos del aeródromo de Kiteni se encuentra un destacamento policial con más de cincuenta efectivos y, a pocos metros, se halla la base contraterrorista del Ejército con más de 200 hombres. Pregunta: ¿qué hicieron cuando escucharon las detonaciones que destruyeron los helicópteros y a las instalaciones del aeródromo?, ¿qué órdenes recibieron de sus jefes cuando reportaron el ataque? Quizá todos se escondieron con el argumento de que la seguridad del lugar era responsabilidad de la empresa, conforme esgrimieron inmediatamente algunos voceros oficiosos.
Después del último secuestro de los trabajadores de Camisea (9 de abril del 2012), el distrito de Echarate (La Convención, Cusco) está sometido por el llamado “partido comunista militarizado del Perú”. Esto no es la ampliación de un territorio más al dominio terrorista, es el control de una zona estratégica de donde sale el 40% de la energía que mueve a la maquinaria productiva del país. ¿Qué puede ser más político y mediático que esto?
Pese a sus desvelos, el Gobierno sigue sin brújula en la lucha contra el terrorismo. Después de cada emboscada anuncia cambios a una estrategia inexistente.
Los ministros pretenden esquivar su responsabilidad presentándose solo como responsables políticos, sin voz ni voto en la estrategia y mucho menos en la planificación operativa. Para las Fuerzas Armadas, revertir este rosario de continuas derrotas se reduce al pedido de más presupuesto. Lamentablemente, este desorden de cosas genera la percepción de que la democracia es muy débil y lerda para brindar condiciones mínimas de seguridad.
Finalmente, ¿qué fue del comisionado para la paz del Vraem con rango de ministro a fin de que encabece la cruzada antiterrorista?
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