El alzheimer moral del general

2. El acta, en cuestión, que refleja la situación de grave menoscabo institucional que afectó las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se explica a luz de los siguientes hechos: a) La violencia terrorista que enfrentó a los peruanos, durante 20 años, fue el pretexto que usó el gobierno de facto, a partir del 5 de abril de 1992, para sobredimensionar el SIN y para someter a control absoluto de éste no sólo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sino a los órganos del poder constitucional. Para este objeto, Alberto Fujimori Fujimori permitió y avaló la injerencia indebida y creciente de Vladimiro Montesinos Torres, quien sometió, paulatinamente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al control del SIN con el consentimiento de los ministros de Defensa y del Interior y de los comandantes generales de los diferentes institutos. Dicho proceso se facilitó durante los siete años continuados en que el general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos ejerció las funciones de comandante general del Ejército y de presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, situación que prosiguió posteriormente. Fue durante esta etapa que se produjo un grave proceso de cooptación, sujeción y corrupción que alcanzó no sólo las Fuerzas Armadas sino todos los poderes constitucionales e incluso a empresarios y otros sectores de la sociedad civil. b) Como consecuencia del proceso de deterioro institucional antes descrito, en el mes de marzo de 1999, los señores oficiales generales, almirantes, coroneles y capitanes de navío de las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional asistieron a la Base Aérea de Las Palmas, en cumplimiento de órdenes emitidas por quienes en ese momento desempeñaban los cargos de comandantes generales de sus respectivos institutos y el de director general de la Policía Nacional. Participaron de la mesa directiva los ministros de Defensa y del Interior, el presidente del CC.FF.AA., los comandantes generales ya señalados, el jefe del SIN y el asesor del SIN Vladimiro Montesinos. c) Las mencionadas reuniones se llevaron a efecto dentro de las características siguientes: – La orden de convocatoria no indicaba el motivo de la misma, pero señalaba la obligatoriedad de la asistencia. – Los documentos que se suscribieron fueron redactados con antelación sin haber sido sometidos a debate en dichas reuniones procediéndose simplemente a su lectura. – La suscripción de los documentos fue dispuesta por la Mesa Directiva en forma intimidatoria y coercitiva tal como se aprecia en la visualización de los vídeos sin permitirse ningún tipo de ponencia u observación invocándose además para tal efecto la disciplina, lealtad y cohesión institucional.

3. Por razón de las circunstancias en que se suscribieron los documentos en cuestión y sin ánimo alguno de exculpación, los actuales comandantes generales consideran que son írritos, que no representan ningún compromiso de honor que vincule a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional individual o institucionalmente y que por ende no pueden ni deben ser respetados por ellos mismos ni por las instituciones que representan, ya que no expresan la libre y auténtica voluntad de los firmantes y además violan principios y normas del Estado de derecho.

4. Los comandantes generales de la Fuerza Aérea, Ejército del Perú, Marina de Guerra, y el director general de la Policía Nacional se encuentran firmemente comprometidos en la ejecución de acciones que conllevan al sinceramiento de la situación que afecta a nuestras instituciones y, en especial, al proceso de moralización impulsado por el gobierno constitucional de transición. En tal sentido, se ha procedido a investigar y denunciar los hechos que implican comisión de delitos, en las instancias judiciales correspondientes, además de colaborar con todas las investigaciones dispuestas por el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

5. La demostración indiscutible de ese espíritu es la conducta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el reciente proceso de elecciones generales del 8 de abril último. En ellas han mantenido un comportamiento que la opinión pública y todos los organismos de observación internacional han considerado ejemplar, evidenciando así los esfuerzos realizados por la recuperación institucional, en armonía con los nobles ejemplos de Bolognesi, Grau, Quiñones y Mariano Santos, inspiradores de su vida institucional.

6. Consecuentes con los hechos señalados, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en solemne e inequívoco gesto de rectificación, y sin perjuicio de cualesquiera responsabilidades declaran: a. Su rechazo y condena a la ruptura del orden constitucional del 5 de abril de 1992, así como la de todo acto o compromiso que podría menoscabar las bases éticas y jurídicas del Estado de derecho y su repudio a prácticas inmorales en la administración de los recursos del Estado o en el manejo de la política del gobierno. Lamentan que algunos de sus miembros incurrieran en infracciones personales que no pueden ni deben afectar la gloriosa tradición de sus instituciones que comparten y compartirán los ideales democráticos que dieron nacimiento a la República. b. Su firme determinación de seguir actuando con estricta sujeción a la Constitución y a las leyes de la República y su absoluta subordinación al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. c. Su compromiso de cumplir sus funciones dentro del marco de respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de los valores morales y, en consecuencia, de combatir firme y permanentemente cualquier indicio de corrupción o inconducta en la vida institucional que comprometa tales valores y principios. Por ello, respaldan las iniciativas destinadas a la formación e instalación de una comisión de la verdad que permita la unión y reconciliación nacionales, fundada en la justicia y una equitativa y objetiva apreciación de los hechos y circunstancias en que se llevó a cabo el esfuerzo por la pacificación nacional. d. Finalmente, su propósito de reivindicar valores y tradiciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y de perfeccionar sus instituciones para contribuir más eficazmente a la defensa y al desarrollo nacionales y al fortalecimiento del estado constitucional y de la democracia en el Perú.

7. Los comandantes generales de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército y el director general de la Policía Nacional del Perú, recogiendo el sentir de sus instituciones, ofrecen satisfacciones a la ciudadanía en general, por todos los hechos que, en el pasado reciente, hubieran comprometido a sus instituciones en actos ajenos al estricto cumplimiento de su misión constitucional. Esperan, asimismo, que la ciudadanía reconozca en este acto de franca e histórica rectificación un gesto indispensable para cerrar una etapa negativa en nuestra historia y abrir así el camino a una era de genuina paz, fundada en el culto de los valores éticos y democráticos y en la unión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el pueblo para la construcción de una sociedad auténticamente libre y justa.

8. Finalmente los suscritos, comandantes generales y director general de la Policía Nacional, consideramos pertinente poner nuestros cargos a disposición del jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Lima, 16 de abril del 2001

Armando Santisteban de la Flor, director general de la Policía Nacional del Perú; Carlos Tafur Ganoza, comandante general del Ejército; Víctor Ramos Ormeño, comandante general de la Marina y Pablo Carbone Merino, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general de la Fuerza Aérea”. (Carlos Basombrío Iglesias)