Aunque en el año 2008 se registraron algunos avances en materia de Derechos Humanos, sobre todo en los temas de judicialización de casos por violencia política, o reparaciones a las víctimas de la violencia política, sin embargo, el balance anual arroja un resultado insuficiente y con camino por recorrer en esta materia.
A continuación, presentamos un desagregado de los principales temas referidos a los Derechos Humanos y cómo se han desarrollado en el país a lo largo del año.
Memoria y Reconciliación
Sin duda el hecho más saltante en esta materia es que el 2008 ha sido un año en el que se han desarrollado juicios a violadores de los Derechos Humanos, siendo el más representativo el del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, entre otros; sin embargo, queda claro que aún falta despertar la sensibilidad necesaria para entender y luchar contra la injusticia que sufrieron las víctimas de la violencia política que asoló al país entre 1980 y el 2000.
Esta es la opinión, por ejemplo, de un ex integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el padre Gastón Garatea, quien señala que «tenemos que trabajar mucho más, porque el país es muy impermeable frente a la justicia y a lo que sufrieron las víctimas de la violencia».
Caso El Frontón
Un caso lamentable para la defensa de los Derechos Humanos fue la decisión del Tribunal Constitucional, TC, de declarar prescrito el caso de la matanza de más de 200 presos en el penal de El Frontón ocurrido en Lima en 1986, proceso al que estaban ligados como testigos el presidente Alan García y el vicepresidente Luis Giampietri.
Según el fallo, de carácter inapelable, la matanza en El Frontón no fue un crimen de lesa humanidad y por tanto tiene períodos de prescripción que en este caso ya se cumplieron, dando con ello la razón al marino Teodorico Bernabé, involucrado en el caso y que había presentado un pedido de prescripción.
La matanza de El Frontón ocurrió en los primeros meses del primer gobierno de García (1985-1990), cuando efectivos de la Marina, controlaron a sangre y fuego un motín liderado por presos por terrorismo, en una operación militar que tuvo entre sus líderes al vicealmirante Giampietri, hoy en situación de retiro y convertido en el primer vicepresidente del país.
El caso ocasionó una división entre los siete miembros del Tribunal que generó choques internos, presiones y un ambiente de dudas de supuestas maniobras oficialistas para poner a salvo al presidente y a su vicepresidente.
Sobre este caso, el abogado del Instituto de Defensa Legal, IDL, Carlos Rivera, lamentó que el Tribunal Constitucional, que era la última instancia de protección de los derechos fundamentales de las personas haya dejado de serlo para convertirse «en una entidad cuyo objetivo principal es avalar decisiones ilegales, arbitrarias e inconstitucionales relacionadas sobre todo con violaciones a los derechos humanos».
En ese sentido, el IDL rechazó la decisión del TC de convalidar la sentencia de la Sala Penal de Reos Libres de Lima referida a la prescripción de los crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos en el llamado caso de El Frontón, al considerarlo como delito común.
La Cantuta y Barrios Altos
El proceso de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, donde murieron 27 personas, ha avanzado bastante este año y se ha manejado dentro de los marcos del debido proceso y con ello Alberto Fujimori no se podrá quejar de ningún exceso o falta de oportunidad de su defensa, ni de su centro de reclusión, porque incluso tuvo un proceso penal que él no dio oportunidad cuando fue presidente.
Con el juicio a Alberto Fujimori, el crimen de La Cantuta se ha ido cerrando, simbólicamente, luego de un largo proceso, muy doloroso, para los familiares de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, quienes fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos el sábado 18 de julio de 1992, por el grupo paramilitar «Colina», creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos con la anuencia de Fujimori.
El 18 de julio de este año, por fin, luego de 16 años, los restos de las 10 víctimas de la matanza volvieron a esa casa de estudios para ser velados, homenajeados y recibir sepultura en un de reivindicación social y demandas de justicia.
Quedan pendientes en el plano judicial, el juicio a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos, para quienes la ciudadanía espera una justa y ejemplar sentencia.
Del mismo modo, algunos integrantes del Grupo Colina aguardan fallos jurisdiccionales, en tanto que otros ya han sido merecidamente condenados. Aquel múltiple homicidio ocurrido en 1992, que primero fue negado por el gobierno fujimorista al tiempo que felicitaba y ascendía a los homicidas, no puede quedar impune.
Juicio a Fujimori
El juicio al ex presidente Alberto Fujimori es considerado «emblemático» dentro del Ministerio Público, por su complejidad, dada la cantidad de presuntas víctimas, de los involucrados, así como del tiempo que ha tomado continuar con las investigaciones.
Pese a que el proceso continúa sin mayores resultados, es también importante para América Latina, pues es la primera vez que un ex presidente es procesado por delitos sumamente graves como corrupción a gran escala y violaciones a los Derechos Humanos.
En ese sentido, el Estado tiene la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares en el marco de la lucha contra el terrorismo, como lo señaló en su momento el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra.
Esta es una obligación asumida por el país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y un principio que ha sido asumido ya por el Tribunal Constitucional, TC, y la Corte Suprema del Perú.
Pese a que Fujimori trató de politizar el juicio oral que enfrenta con el viejo argumento de ser el salvador del país en un momento en que se debatía por la violencia; los organismos de Derechos Humanos pidieron que se denuncie cualquier intento de politizar del juicio a Alberto Fujimori, por parte de sus seguidores, y remarcaron que “este es no es un proceso del extraditado contra el Gobierno, sino contra él mismo, que ha cometido graves delitos de vulneración de los derechos humanos».
Putis
Este año se recordaron los 24 años de la matanza perpetrada en la comunidad de Putis, Huanta, donde decenas de campesinos fueron presuntamente asesinados extrajudicialmente por personal del Ejército peruano durante la guerra interna que devastó el país.
El caso, plasmado en diversas fosas comunes llenas de cadáveres, conmocionó al país y ratificó la violencia extrema que envolvió a los peruanos y que generó la reacción de los organismos defensores de DD.HH, sin embargo, el juicio continúa.
De los 92 cuerpos que han sido exhumados en fosas comunes ubicadas en el distrito de Putis, Ayacucho, 38 pertenecen a niños menores de 8 años de edad.
Hasta ahora el Equipo Peruano de Antropología Forense, EPAF, encargado del rescate de los restos, no logra identificarlos, pues el grado de descomposición y daño antes de la muerte lo impide, pero aseguran que para marzo del 2009 se sabrá el nombre de cada uno.
Reparaciones Colectivas
Según refiere Ronel Hidalgo Huertas, encargado de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CMAN, para el Programa de Reparaciones Colectivas en Huánuco, este no ha sido un año de avances en el tema de reparaciones a las víctimas de la violencia política, sobre todo para la zona del Alto Huallaga.
Pese a que el Estado sí busca reconocer la dignidad de los pueblos afectados por la violencia política que se vivió en el Perú, se ha avanzado tan sólo en un 50 por ciento en el total de obras programadas, debido fundamentalmente a la escasa participación de las autoridades locales.
En ese sentido se conoce que en el 2008 se efectuaron 88 obras, de las cuales fueron concluidas 33 y quedan pendientes 55. Se necesitan mayores recursos económicos, profesionales y técnicos en las zonas afectadas por la violencia.
Pese a todos los inconvenientes, alrededor de 20 comunidades de Leoncio Prado recibieron certificados de acreditación como víctimas de la violencia política que se vivió en el país entre 1980 y el 2000, lo cual les permitirá ejercer su derecho de ser beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones en forma colectiva.
En la zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene, VRAE, se han desarrollado algunas acciones de reparación, así se indemnizaron a víctimas de la violencia de 39 comunidades, con tres millones 900 mil soles
La Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CMAN, encargada de las acciones y políticas de Estado en reparación colectiva y reconciliación nacional, entregó cheques de 100 mil nuevos soles a cada una de las 39 comunidades del VRAE, para indemnizar a las víctimas y que se efectúen proyectos que beneficien a los pobladores.
Las comunidades beneficiadas en este caso fueron Llochegua (8), KImbiri (6), Pichari (6), Sivia (6), Santa Rosa (4), San Francisco (4), Anco (2), Vilcabamba (2) y San Miguel (1).
Registro de Víctimas
El Consejo de Reparaciones, CR, con mandato específico de elaborar el Registro Único de Víctimas, RUV llegó al 11 de diciembre con un total de19,930 personas inscritas, de las cuales 8,910 son familiares y 3,634 comunidades y de acuerdo a las proyecciones, se estima que concluirá el año 2008 con la inscripción de más de 21 mil personas en el RUV, las mismas que tienen derecho a recibir una reparación del Estado.
Además, el CR recogió un total de otras 70 mil solicitudes de inscripción que se encuentran en proceso de evaluación y calificación.
Asimismo durante el año que termina, el CR, en coordinación con los Gobiernos Regionales, locales, Iglesias y organizaciones de la sociedad civil instaló en total más de 90 módulos de atención del RUV ubicados en 13 departamentos: Ayacucho, Apurímac, Junín, Puno, Cusco, San Martín, Pasco, Piura, Huánuco, Ucayali, Lima (sede central y conos este, norte y sur) y Huancavelica.
Asimismo se implementaron dos experiencias piloto de registro rural, una en Satipo y otra en Huanta, ambas en la zona del VRAE y que se encuentran en fase de de culminación de cierre con el apoyo de personal del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI y el Centro de Investigación Social de Ayacucho, CEISA.
Avances en el VRAE
Del total general de inscritos señalado en los párrafos anteriores, en la zona del VRAE, que comprende los departamentos de Ayacucho (distritos de Ayahuanco, Sivia y Llochegua-en Huanta-; San Miguel, Anco, Ayna, Chungui y Santa Rosa –en La Mar-), Cusco (los distritos de Kimbiri y Pichari -en La Convención –) y Junín (distritos de Mazamari, Pangoa y Río Tambo -en Satipo-), están inscritos en el RUV 2,614 personas (de las cuales 967 son familiares), además están inscritos en el RUV 273 comunidades y centros poblados.
En el Vrae existen módulos del RUV en: La Mar (Tambo, Anco, San Miguel, La Mar, Santa Rosa); Apurímac (Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Chalhuanca, Chincheros, Cotabambas y Grau), Satipo (Satipo, Mazamari, Río Tambo, Río Negro, Pangoa, Pampa Hermosa) y Cusco (Kimbiri y Pichari).
En Huánuco, San Martín y Ucayali
Por su parte, en departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali, se inscribieron 3,655 personas en el RUV, de las cuales 1,603 son familiares y 1,250 comunidades y centros poblados de estos departamentos.
En Huánuco existen 12 módulos del RUV (ubicados en las municipalidades distritales de: Marías, Santa María del Valle, Shunqui, Amarilis, Chinchao, Pillco Marca, Jacas Grande; Municipalidad Provincial de Ambo y Leoncio Prado, Gobierno Regional de Huánuco y en el local de Cáritas y de la Asociación Paz y Esperanza); tres módulos en Ucayali (Sub Región de Padre Abad, Gobierno Regional de Ucayali y Municipalidad Distrital de Manantay) y tres módulos en San Martín (Municipalidad del CP Nuevo Horizonte, Centro Poblado de Puerto Pizana-Oficina de Coordinación de la Municipalidad de Pólvora-, y Municipalidad Distrital de Pólvora)
Sin embarago, José Sayán Ratto, representante de la organización Para que no se Repita, señaló que en la región Huánuco solo se logró atender en el año al 10% de los afectados, es decir, dos mil personas, de las 25 mil víctimas.
Reclamó mayor celeridad en el Registro Único de Víctimas para que puedan acceder a las reparaciones individuales. Hasta la fecha solo se han efectuado reparaciones colectivas en 24 comunidades.
Desplazados de Vizcatán
Otro caso resaltante en este año fue el del desplazamiento masivo de campesinos del Vizcatán, en el VRAE, ocasionado por la incursión de las fuerzas militares en dicha zona, considerada hasta entonces como el último bastión de los remanentes senderistas.
En medio de denuncias de ataques a las poblaciones civiles con muertos y heridos y de violaciones a los Derechos Humanos, unas 250 familias de las comunidades de Nueva Esperanza, Jesús de Belén y Valle Hermoso, ubicadas en el distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín, tuvieron que trasladarse a las localidades de Canayre, Mayapo, Llochegua, San Juan de Mantaro y Las Palmeras, donde permanecieron por tres meses para protegerse de la violencia armada.
Se conoció que cada día aumentaban los campamentos de refugiados formados por pobladores desplazados del valle del Vizcatán, en el VRAE, que abandonaron sus comunidades nativas debido a la incursión militar en esa zona, considerada hasta entonces como el último bastión de los remanentes senderistas.
Tras la incursión militar en la zona a principios de setiembre, numerosos pobladores, la mayoría mujeres y niños, han salido huyendo del Vizcatán y se han ubicado en campamentos de refugiados en las comunidades de Pampacori y Huarcatán.
Como se recuerda, los pobladores desplazados denunciaron que los uniformados quemaron sus casas y sembríos y desde helicópteros artillados les dispararon confundiéndolos con una supuesta columna de terroristas.
El 30 de agosto, luego de tomar la localidad de Bidón e instalar una base militar contrasubversiva en la zona, las Fuerzas Armadas iniciaron la ejecución del «Plan Excelencia» con el fin de destruir los campamentos senderistas, acción que implicó además la prohibición del libre tránsito de los pobladores por el lugar para evitar ser confundidos con terroristas.
El poblador Pánfilo Carpio refutó la versión dada por las autoridades militares y confirmó que durante la intervención, las Fuerzas Armadas sí cometieron violaciones a los Derechos Humanos al dejarlos sin techo, ropa y comida. Además, denunció abusos de los soldados que los golpeaban y maltrataban.
A principios de Diciembre y con la autorización del Ejército, los pobladores retornaron a sus comunidades, y mientras limpiaban las malezas, árboles y troncos para reconstruir sus chozas con hojas de palmeras, una patrulla del Ejército se instaló temporalmente en la zona de Nueva Esperanza para brindar seguridad a los retornantes ante la presencia de narcoterroristas.
El Premier Yehude Simon, visitó junto con otros ministros la zona del Vizcatán, llevó ayuda humanitaria y ratificó el compromiso del gobierno de seguir con la lucha contra Sendero Luminoso y el narcoterrorismo y promover el desarrollo de la zona.
Trata de personas
En el tema de Trata de personas, este ha sido un año bastante favorable, pues se publicó el reglamento de la Ley contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Ley 28950, impulsado por la sociedad civil y algunos congresistas.
Asimismo, se creó la Veeduría Mirada Ciudadana, que lleva adelante Capital Humano y Social Alternativo, CHS, y que se encarga de hacerle seguimiento al tema no solo en materia informativa y analítica, sino también y sobre todo con una incidencia en la legislación.
Tras la promulgación de la ley, el MIMDES identificó luego tres temas centrales a trabajar en la implementación de esta norma: capacitación, coordinación e implementación.
Específicamente en la zona del VRAE, el caso de trata ha continuado a lo largo del año, como ha continuado la acción del Estado en enfrentar este flagelo; es precisamente en este mes de diciembre que la policía intervino en el sector de Bajos Mundos una zona de bares y locales donde se ejerce la prostitución, en donde encontraron 6 menores de edad.
Maltrato de mujeres y niños
El maltrato femenino es la violación de Derechos Humanos más frecuente en el mundo, sobre todo el maltrato sexual. Así, en el mundo, las mujeres entre 15 y 44 años tienen más posibilidades de sufrir mutilaciones o de morir por causa de un acto de violencia masculina contra ellas que por enfermedades como cáncer y malaria, accidentes de tránsito o por guerras.
En el Perú, según las Defensorías Municipales del Niño y Adolescentes, DEMUNA, y las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, se calcula que este año 2008, al menos 44% de jóvenes fueron víctimas de violencia sexual.
Asimismo, según cifras del último Censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, los jóvenes de 15 a 17 años han sufrido algún tipo de violencia sexual. También, el promedio de embarazos precoces es de 13%. Estos casos se presentan, en su mayoría, en localidades donde las muchachas menores de 18 años tienen, por lo menos, un hijo o están gestando.
Según la DEMUNA de Amarilis, en Huanuco, más de 2 mil niños son violentados en la zona, una estadística que recién se ha comenzado a construir, debido a que antes no se registraban los casos de niños violentados, sino tan solo tomaba nota de los casos de madres afectadas por la violencia o por los derechos negados del padre.
Se conoce que dentro de los planes del Gobierno Regional de Huánuco, está la reconstrucción de un albergue, pero no es suficiente; en Amarilis debe ejecutarse 10 o 15 albergues de acuerdo a las proyecciones de necesidades efectuadas.
Asimismo, en Huánuco se han registrado otros casos emblemáticos de violencia, como el de dos estudiantes que denunciaron maltrato físico y psicológico en una institución educativa de Tingo María.
Según expresaron los alumnos H.R.J (14), E.R.R.P (14), acompañados de sus padres, el docente identificado como Henry Dante Lorenzo Obregón acostumbra insultar a los estudiantes y los golpea con palos hasta dejar huellas en el cuerpo de los adolescentes.
La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, DEMUNA, y la Defensoría del Pueblo, tomaron cartas en el asunto.
En todo el país, en el año se registró un total de 52 quejas de castigo físico contra menores, procedentes básicamente de colegios, según la Defensoría del Pueblo.
El adjunto para la niñez y adolescencia de la referida institución, Jorge Valencia, explicó que estos casos de maltrato físico y humillación se producen bajo el pretexto de corregir y educar, lo que atenta contra la integridad de los menores y adolescentes tanto en los colegios como en sus hogares.
Tras la recepción de las quejas, la Defensoría pone el caso en conocimiento de las autoridades competentes; si se tiene que ver con escuelas se entrega un oficio al Ministerio de Educación para las medidas correctivas necesarias.
Paralelamente, la institución impulsa un comité de niños asesores formado por líderes adolescentes con los que se coordina el tema de la lucha contra el castigo físico y humillante.
En agosto pasado, la Defensoría del Pueblo lanzó la campaña «Adiós al Castigo Físico y Humillante», a fin de iniciar un proceso que contribuya a generar mayor conciencia en la población respecto a los perjuicios, sentimientos de miedo, ansiedad, depresión y baja autoestima que ocasiona cualquier tipo de maltrato contra los niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, informó que su portafolio está diseñando una nueva modalidad para atender los casos de explotación sexual infantil, abuso, indigencia y abandono, como la instalación de las llamadas Cámaras Gessel que harán posible que los niños violentados y abusados solo den su testimonio una sola vez.
Vildoso enfatizó que son más de 10 mil los casos de explotación sexual infantil que se reportan cada año en el país, por lo que se está trabajando en la concepción de un plan que garantice una adecuada atención a las víctimas de este flagelo social.
También mostró su alarma porque en nuestro país viven más de tres millones de niños y niñas que viven en condiciones de riesgo de sufrir maltrato, abuso, indigencia y abandono. En otros casos, son víctimas de adición a las drogas, explotación laboral o están expuestos a la violencia familiar y el abuso sexual.
La titular de la Mujer recordó que hay cuatro cámaras Gessel en Lima, una en Loreto y otra en Madre de Dios, las mismas que se suman a la línea 100 del Centro de Emergencia Mujer para garantizar una adecuada atención a las víctimas, considerado como tema prioritario en las agendas públicas del Perú y de otros países de la región.
Por otra parte, en los últimos cinco años, la Defensoría del Pueblo registró 530 quejas contra la PNP y FFAA, por presuntas torturas y tratos crueles a jóvenes, la mayoría menores de edad.
Las denuncias se recibieron entre los años 2003 y 2008 por 489 varones y 41 mujeres, quienes explicaron haber sido torturados en cuarteles militares cuando prestaban el servicio militar en la vía pública o en la dependencia policial durante alguna detención arbitraria.
La mayoría de casos corresponde a los departamentos de Lima, Loreto, Junín, Ayacucho, Cusco y Huancavelica. En el 77.2 por ciento de los casos se señala como responsable a efectivos de la Policía Nacional (409 casos), mientras que en el 22.8 por ciento restante (121 casos), el hecho fue atribuido a las Fuerzas Armadas.
Intentos del gobierno de controlar las ONG
Otro tema que marcó este año el tema de los Derechos Humanos en el país fue el de los intentos permanentes del gobierno de controlar las Organizaciones No Gubernamentales, ONGs.
El año cierra de una manera poco favorable para las ONGs, pues el gobierno, a través del MEF, está obligando a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, a fiscalizar el 10% de estas instituciones receptoras de donaciones.
Las ONGs refieren que esta determinación genera suspicacias, sobre todo si se tienen en cuenta los antecedentes del gobierno en presionar a las ONG, como el proyecto de ley que envió al Congreso el Ejecutivo, a través del cual se permitía disolver a las ONGs con ideas generales, intento que tuvo que ser retirado por presión de la opinión pública.
Agresiones a la Prensa
Según el reporte de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista, OFIP, de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ANP, en este año 2008 se cometieron 180 atentados contra los comunicadores sociales y periodistas del país.
Los principales casos fueron por agresión física y verbal (76); amenaza y hostigamiento (52); presión jurídica (18), y detención arbitraria (13); así como 13 trabas al acceso de la información, seis presiones administrativas y dos daños a la propiedad.
Los civiles han causado la mayoría de atentados (61); seguidos por los funcionarios civiles (56), elementos no identificados (42), además de agentes de la ley como policías, militares y serenos (21), señala el reporte de la OFIP.
Las cifras registradas este año siguen ubicando a Perú, tras México, Colombia y Guatemala, en la funesta lista de países con peores condiciones para el ejercicio periodístico.
La provincia de Maynas, en Loreto, con 23 atentados contra la prensa, es la zona más hostil para ejercer el periodismo. La siguen Lima (21), Arequipa (12), San Martín (10), Tacna (8) y Huara (7).
Luego vienen Cusco y Huamanga con seis cada una, Coronel Portillo Y Utcubamba, con cinco, así como Cajamarca, Casma y Leoncio Prado, con cuatro, respectivamente.
El reporte de la OFIP señala que también se registraron tres atentados en Alto Amazonas, Chiclayo, Chincha, Datem del Marañón y La Mar.
Dos agresiones se reportaron en Canchis, El Collao, Ferreñafe, Huancabamba, Huaraz, Huarochirí, Jaén, Moyobamba, Padre Abad, Pomabamba, Puno, Rioja, San Román, Santa y Sullana.
Asimismo, se dio un atentado en Acobamba, Atalaya, Azángaro, Cañete, Celendín, Chanchamayo, Chota, Huaral, Ica, Lamas, Loreto, Mariscal Cáceres, Mariscal Nieto, Nazca, Pacasmayo, Pisco, Requena, Tocache, Tumbes y Trujillo.
Respecto a los medios, la prensa radial recibió 75 agresiones, seguida por la escrita con 54 y la televisiva con 51, de acuerdo con el informe de la OFIP.
Los periodistas varones sufrieron 140 agresiones, las mujeres 32, y los medios de comunicadores recibieron ocho atentados.