El Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley a fin de que se le otorgue facultades legislativas para modificar la normatividad interna que permita “a las fuerzas del orden ejercer sus funciones en los hechos de violencia provocados por la delincuencia común, el terrorismo y el tráfico ilícito contra las drogas”.
Según la iniciativa, las adecuaciones tendrán un plazo máximo de 60 días calendario y comprenden facultades referentes a legislación penal, procesal penal, administrativa y conexa en materia de terrorismo y tráfico ilícito de drogas.
Según el diario El Comercio, también se busca adaptar la legislación “del fuero militar-policial a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional”, “sobre el empleo legítimo de la fuerza” y la que se refiere al crimen organizado, y además a las normas de seguridad, defensa nacional y orden interno.
Los motivos
El gobierno argumenta que “es necesario actualizar la normatividad vigente de forma que se anticipe y prevean las nuevas formas de acción delictiva”, así como “establecer las precisiones que comprenden la acción y límites funcionales de la intervención armada”.
El Ejecutivo también dice que los conflictos en los que las fuerzas del orden enfrentan la violencia interna de organizaciones del narcotráfico y terrorismo exigen una legislación “que pueda regular el empleo legítimo de la fuerza en situaciones de insuficiente presencia del Estado”.
Reacciones
El parlamentario y vicepresidente de la Comisión de Defensa, Carlos Bruce, cree que nadie se puede oponer a leyes que tengan que ver con la lucha contra el narcotráfico y terrorismo, pero se inclinó por no otorgarle las facultades al Ejecutivo porque “ya demostró excederse cada vez que se las dieron”. “Yo no votaría a favor, salvo que el Ejecutivo muestre que es una legislación muy técnica”, dijo.
Por su parte, Isaac Mekler, también miembro de la Comisión de Defensa, coincidió con su colega en la desconfianza de otorgarle facultades al gobierno, pero aclaró que no le negaría el pedido al gobierno para combatir el narcotráfico y el terrorismo.
Agregó que, en ese aspecto, el gobierno puede hacer modificaciones de leyes y luego el Congreso, como le corresponde, las revisaría y derogaría, si es que no son adecuadas.