El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, no fue claro al responder sobre la pésima y lamentable situación en la que viven los miembros de las fuerzas del orden en las bases ubicadas en el VRAEM, tal como lo denunció IDL-Reporteros.
El ministro solo atinó a decir que el “Gobierno no escatimará en esfuerzos económicos para reforzar logísticamente tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional en su propósito de combatir el terrorismo y el narcotráfico”. Un discurso que ya se ha escuchado hace meses.
Cateriano reiteró que su sector planteó un programa para adquirir e instalar 10 nuevas bases en la zona de conflicto, y que él tiene “entendido que también el Ministerio del Interior está trabajando para poder mejorar a la brevedad posible”. Es necesario indicar que diario16 publicó en su edición de ayer un informe de IDL-Reporteros, donde se demuestra las penosas condiciones en las que viven los militares que enfrentan al narcoterrorismo en las bases de Venecia, de Yuveni y en el aeródromo de Kiteni.
MODERNIZACIÓN
Ayer, en la conferencia de prensa que se realizó en Palacio de Gobierno, se dio a conocer los últimos acuerdos a los que se llegaron en el Consejo de Ministro del miércoles. El ministro Cateriano anunció que el Gabinete aprobó un paquete de normas para modernizar Fuerzas Armadas e impulsar desarrollo de institutos castrenses.
También se aprobó un decreto que permite entrada en operaciones de una agencia de compras militares.
Los institutos castrenses tendrán a partir de ahora la facultad de producir y coproducir unidades para la industria militar, así como participar de la transferencia tecnológica y de las compensaciones industriales en ese ámbito.
El ministro de Defensa informó que ya se ha firmado un acuerdo con Corea para que miembros castrenses de ambos países construyan 20 aviones de instrucción. Además, dijo que el Perú junto a Ecuador realizarán trabajos de desminado en las fronteras, y que estos servicios podrían brindarse a otras naciones. También se anunció la creación de la Defensoría del Militar, la cual protegerá a los miembros del orden de injustos procesos judiciales.