El Ejecutivo aún no ha definido una posición oficial sobre el dictamen que aprueba la interceptación de aeronaves usadas por el narcotráfico, aprobado recientemente en la Comisión de Defensa del Congreso de la República.
Así lo señaló Alberto Otárola, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), quien agregó que el Gobierno valora el debate que se pueda generar al interior del Parlamento nacional sobre ese tema.
«Es una norma a la que el Gobierno le está haciendo seguimiento especial y vemos con atención las decisiones que el Congreso pueda tomar al respecto y seremos respetuosos de las medidas adoptadas en el Parlamento», declaró a la Agencia Andina.
Al ser consultado ante la posibilidad de que Estados Unidas haga algunas observaciones a la mencionada iniciativa, Otárola expresó que Perú es un país soberano y adopta sus propias decisiones.
«Con Estados Unidos tenemos una extraordinaria relación en materia de lucha contra el narcotráfico, tenemos varios convenios vigentes, somos colaboradores y socios en esta lucha, pero Perú va a tomar sus propias decisiones», aseveró.
Para Otaróla, resulta importante que Perú ejerza en forma plena, adecuada y responsable soberanía sobre su espacio aéreo, conforme lo manda expresamente la Constitución.
«Estamos siguiendo con atención especial este debate y en su momento daremos una opinión específica sobre este proyecto de ley», acotó.
La interdicción aérea fue suspendida indefinidamente en abril del 2001 luego de que un avión de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), con apoyo de radares y otros instrumentos estadounidenses, confundió una avioneta que ingresó a cielo peruano desde Colombia y trasladaba un grupo de misioneros estadounidenses, con un vuelo de traficantes de drogas.
La Comisión de Defensa del Congreso aprobó el lunes pasado un proyecto de ley que establece los procedimientos de interceptación de aeronaves, incluyendo medidas de identificación, intervención, persuasión y neutralización, en forma progresiva y siempre que la medida anterior no tuviese éxito.
El proyecto precisa que la fuerza será empleada en última instancia, cuando la nave interceptada se negase a proporcionar la información solicitada o acatarlas disposiciones de la autoridad aérea.
Previamente será declarada «aeronave hostil» el aparato cuyos tripulantes no acaten los requerimientos que se le hagan durante la intervención.
La interceptación aérea se hará también por tráfico de armas para el narcotráfico y el terrorismo, entre otros casos, por lo cual el Estado Peruano ejercerá su derecho a la legítima defensa, contemplado en la Constitución y el Código Penal.
En consonancia con este principio, el personal de la Fuerza Aérea que intervenga las aeronaves hostiles estará exento de responsabilidad penal por el empleo y uso de la fuerza.