Una efectiva participación ciudadana indígena permitirá una eficaz consulta previa dentro de un proceso con estricta sujeción a lo establecido por el convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recomendó el viernes 15 el grupo parlamentario encargado de elaborar sobre el “Reglamento e implementación de la ley de Consulta Previa en el Congreso de la República”.
Según la información a la que accedió INFOREGIÓN, la presidenta del grupo, Marisol Pérez Tello (APGC), quien sustentó el informe, indicó que el mejor momento para realizar la consulta previa debería ser entre la primera y la segunda votación del Pleno del Congreso, para garantizar la culminación de un proceso participativo.
Pérez Tello, anotó que entre las recomendaciones se plantea difundir el reconocimiento del rango constitucional del Convenio N° 169 de la OIT y la jurisprudencia y decisiones de los tribunales u órganos de supervisión creados por los tratados internacionales de los que el Perú es parte.
En ese sentido, indicó que es necesario tomar en cuenta los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas; incidir en su reconocimiento; diseñar e implementar canales de comunicación eficientes con el Estado; e invocar temas indígenas en la agenda legislativa garantizando su participación en las formulaciones respectivas.
Asimismo, modificar el Reglamento del Congreso de la República para incorporar el derecho a la participación de los pueblos y la consulta previa libre, informada y de buena fe en el procedimiento legislativo.
Entre las siete modificaciones que se propone en el informe se encuentra también la instalación de un Comité Consultivo no vinculante del Congreso de la República a través de la Comisión de Pueblos Andinos. Esta instancia estaría integrada por líderes indígenas y expertos en la materia facultados para opinar sobre las prioridades del sector.
Dado que la realización de las consultas a que haya lugar generarían un gasto para el Parlamento peruano, señala el informe, es imperativo asignar una partida dentro del pliego presupuestal en la Ley General del Presupuesto Público.
Un aspecto importante que destacó es que mientras no se implemente un mecanismo idóneo para realizar la consulta previa de medidas legislativas, son vinculantes la decisiones del Tribunal Constitucional y lo estándares desarrollados en virtud al Convenio N° 169 de la OIT.
Por su parte el congresista Eduardo Naya (NGP) felicitó el trabajo del grupo parlamentario encargado de la investigación, en particular de su presidenta la congresista Pérez Tello, de quien dijo en todo momento se vio su preocupación y dedicación.
De otro lado, la Comisión de Pueblos Andinos, que preside el congresista Antonio Medina (GPF) aprobó, en forma unánime, cinco de diez informes de un igual número de grupos de congresistas.
En tal sentido, fueron aprobados los trabajos de investigación sobre la temática de minería y ambiente en la Región Cajamarca y las Megas Centrales Eléctricas en el marañón, encargadas a los grupos encabezado por el congresista Mesías Guevara Amasifuén (AP).
Asimismo, el informe sobre las modificaciones a la legislación ambiental y el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente, sustentado por la congresista Verónica Mendoza; de seguimiento para prevenir y mitigar las consecuencias de las heladas producidas durante la temporada de eventos fríos, a cargo de la legisladora Claudia Cari (NGP).
Medina Ortiz señaló que hará una convocatoria extraordinaria para escuchar y aprobar los informes de los otros grupos, pese al término de la legislatura.
En otro momento, la comisión aprobó en forma unánime, la propuesta que plantea el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente y que esta instancia sea la encargada de regular el nuevo régimen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La congresista Mendoza Frisca, autora de uno de las cuatro iniciativas que componen el dictamen respectivo y quien sustentó la propuesta, explicó que el portafolio, a través del Organismo de Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (OEFA), evaluará, supervisará y fiscalizará el impacto ambiental, en particular de los proyectos de las categorías II y III, que son los más grandes y que podrían ser los de mayor efecto.