Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas cuando Lima es el escenario de una inédita Conferencia Internacional Antidrogas de ministros de Relaciones Exteriores y jefes de organismos nacionales especializados contra este flagelo mundial, donde participan representantes de primer nivel de 59 países de los cinco continentes y de 10 organismos internacionales. Es la primera vez que por fuera de los calendarios regulares internacionales se dan cita países productores, consumidores y de tránsito de las drogas ilegales para sostener un diálogo político abierto sobre los temas cruciales de la demanda y de las drogas y sobre el desarrollo alternativo.
El Perú tiene sobradas razones para haber tomado la iniciativa para una discusión más operativa y realista del tema. En los últimos 10 años, los cultivos ilegales han crecido a tasas de entre 4 y 5% anual en promedio, al mismo tiempo que la interdicción ha sufrido graves retrocesos en una ecuación explosiva: hay más valles productores de coca, se produce más cocaína, se exporta más, se tienen más bandas dedicadas al narcotráfico y con más rutas de exportación. Paralelamente, se incauta menos droga ilegal y se controla menos los insumos para el procesamiento de drogas.
A esta realidad se agregan otros hechos, como el virtual colapso del sistema de juzgamiento de acusados de tráfico de drogas: la Procuraduría Antidrogas tiene entre manos más de 68 mil expedientes y cuenta con escaso personal y un apoyo muy limitado; en los últimos años se ha reducido el número de condenas por narcotráfico. En un dato final, el Perú ya es considerado un país consumidor.
La lucha contra las drogas reclama con premura un punto de quiebre para revisar críticamente lo actuado y ejecutar la nueva estrategia aprobada hace poco por el Estado con el compromiso de todos. El principal de estos aportes es el referido al financiamiento, porque los recursos para varios de los programas en curso escasean mientras otros países destinan presupuestos crecientes y multisectoriales para esta tarea. Luego, debe ser resuelta la capacidad operativa del Estado en las áreas de interdicción, justicia, prevención y desarrollo alternativo.