El DL 1090, nueva Ley de Flora y Fauna Silvestre, que reemplaza e incluso mejora a una ley anterior, permite garantizar el sostenimiento y la conservación del medio ambiente, que es algo que nos preocupa a todos, sostuvo el congresista Aurelio Pastor, vocero del partido aprista.
En Diálogo Ambiental, el especial del fin de semana, producido por INFOREGIÓN, Pastor dijo que el oficialismo entendía que otros tienen una posición distinta, como la bancada nacionalista, la cual considera que el DL 1090 es inconstitucional porque no ha sido aprobado a través de una ley orgánica, pero consideró que esta afirmación es incorrecta.
“El DL 1090 sustituye a otra ley que en su momento fue aprobada como una ley simple, no como una ley orgánica. En su momento, la norma aprobada el 5 de julio del año 2000 consiguió 54 votos en el pleno y si hubiese sido una ley orgánica hubiese necesitado por lo menos 61 votos, eso demuestra que no es una ley orgánica y que los argumentos de forma del grupo nacionalista no son correctos”, precisó.
Asimismo, dijo que es incorrecto también el decir que el DL 1090 perjudica a las comunidades nativas. Sin embargo, con la finalidad de llegar a un entendimiento, precisó que su bancada se ha puesto a disposición de lo que acuerde la Mesa de Diálogo, sostenida en la PCM con representantes de AIDESEP.
“Si la Mesa de Diálogo dice que a pesar de no ser una ley inconstitucional se puede mejorar para permitir que las partes disipen cualquier tipo de duda que tienen, nosotros con todo gusto vamos a abrirnos para que eso pueda ser discutido y aprobado en el Congreso como modificación”, comentó Pastor.
En ese sentido, recalcó que nos encontramos en democracia y en una democracia se dialoga.
“En una democracia uno no puede obligar a negociar con las carreteras tomadas, porque sino mañana el gobierno también puede dictar una medida de emergencia y decir ahora toque de queda, todo el mundo a su casa, nadie sale, y así tratar de obligar a conversar a otros y esa no sería una medida apropiada, lo apropiado en una democracia es conversar y llegar a un entendimiento y entender además que en una democracia la que manda es la mayoría, no la minoría”.
Precisiones de la constitución
El congresista Aurelio Pastor aclaró que la constitución no dice que todas las leyes referentes a la flora y fauna del país tengan que ser aprobadas por ley orgánica, lo que señala es que la ley marco que tiene que ver con la flora y fauna tiene que ser una ley orgánica “y eso ya existe”.
“O sea, el DL 1090 desarrolla esa ley marco, no la constitución, sino la ley marco que desarrolla a su vez la constitución, esa sí es una ley orgánica que ha sido aprobada oportunamente con una votación calificada como lo manda la constitución, por lo tanto el requisito establecido en la constitución ya se cumplió y la misma ley aprobada en julio del año 2000 (anterior ley forestal) señala en su propio texto que las leyes que vengan después para hablar de cada uno de los puntos de manera específico tienen que ser leyes específicas, no orgánicas”, dijo el parlamentario.
Tierras a las que se refiere el DL 1090
En el Perú existen 63 millones de hectáreas de tierra, en los que están considerados los 15 millones de hectáreas de las comunidades nativas; 10millones de hectáreas de las tierras de conservación, además de las tierras de mantenimiento y las tierras donde se deben hacer los proyectos, a las cuales va dirigido el DL 1090.
“Esa ley que ha sido dada por el gobierno está dirigida a esas tierras donde sí es posible hacer proyectos sin afectar el derecho de las comunidades, sin afectar la preservación del medio ambiente, los santuarios ecológicos, sin afectar las tierras de conservación, son 20 millones de hectáreas destinadas exclusivamente a proyectos de inversión, no tienen nada que ver con las tierras de las comunidades, que están reconocidas y protegidas por la constitución, y nosotros estamos totalmente de acuerdo que eso debe ser así”, precisó Pastor.
En ese sentido, comentó que se ha generado demasiada confusión en torno a este tema, “hay gente que no necesariamente son los integrantes de las comunidades nativas, pero que de manera interesada les han metido confusiones, les han dicho que el Estado quiere quitarles sus tierras, quiere quitarles las propiedades y contaminar el agua, esas son mentiras»
Faltó dialogo
Sin embargo, el vocero del APRA reconoció que ha faltado diálogo, difusión y comunicación y que en eso ahora hay que incidir porque la democracia es fundamentalmente diálogo.
Por ello, adelantó que se debe buscar una solución razonable, sin llegar a colocarse en los extremos exigiendo la derogatoria de la norma o su aprobación tal cual están, sino que se deben buscar fórmulas intermedias, identificar los puntos que generan dudas o preocupaciones y sobre esos puntos establecer algunas modificaciones que permita recuperar la confianza.
“Se debe solucionar el problema con sinceridad, sin estar tratando de cambiar las cosas para asustar a las comunidades nativas que con justicia y razón reaccionan, si alguien va y les dice que les van a quitar la comunidad, las tierras, el agua, es lógico que las comunidades reaccionen, cualquiera de nosotros reaccionaría, pero nosotros proponemos más diálogo para llegar a un entendimiento”, finalizó.
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