AMAZONÍA. Para visibilizar los mayores problemas de los pueblos originarios de Ucayali, como resultado de las vulneraciones a sus derechos individuales y colectivos, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), en coordinación con autoridades comunales, implementó un estudio en ocho comunidades nativas: Túpac Amaru, Betijay, Sempaya, Shauaya, Puerto Firmeza, Santa Teresita y Santa Lucía del pueblo shipibo-konibo, y Tahuarapa del pueblo ashéninka.
El «Informe sobre la situación de los Pueblos Indígenas en el marco de la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas» expone la desprotección del Estado a comunidades nativas de Ucayali, al no garantizarse el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Además, el estudio plantea una serie de recomendaciones para que las entidades involucradas puedan desarrollar a fin de promover la merma y fin de la gama de inequidades observadas en las comunidades indígenas amazónicas.
Entre las principales conclusiones del estudio están las siguientes:
-A pesar de que las comunidades nativas cuentan con reconocimiento de su personalidad jurídica y títulos de propiedad, ello no basta para la protección de sus derechos, pues, el Estado no reconoce la propiedad de los pueblos respecto del bosque sino solo los entrega en cesión en uso.
-La existencia de lotes petroleros otorgados por el Estado sin garantizar el cabal ejercicio de los derechos a la consulta y consentimiento previo, libre e informado en sus territorios (Lotes 189, 200 y 202). Ello genera conflictos e impactos culturales, sociales y ambientales en los pueblos indígenas.
-Carencias en la prestación de los principales servicios básicos culturalmente apropiados: agua potable, energía eléctrica, internet, salud y educación. Ello conlleva la vulneración de diversos derechos y se han agudizado desde el inicio de la pandemia.
-Despojo sistemático de sus territorios por parte de terceros (grupos de particulares o empresas), quienes ingresan a sus territorios y desarrollan actividades ilegales: tala de madera, cultivo de coca y narcotráfico, deforestación para cultivos masivos, minería, trata de personas, etc.
-Amenazas, agresiones y desprotección de los defensores y las defensoras territoriales frente a las mafias de actividades ilícitas.
-Desnutrición y anemia en niños y niñas, empleo informal, explotación laboral, desempleo, embarazos precoces, deserción escolar, inseguridad alimentaria y falta de mercados para sus productos.
-A pesar de existir una obligación por parte del Estado sobre igualdad y no discriminación, las mujeres indígenas continúan enfrentando formas de discriminación por ser indígenas, por sus ingresos, medios económicos, género y edad. Hay normalización de la violencia de género.
Algunas de las recomendaciones formuladas por el estudio son:
-El Estado peruano debe cumplir con lo dispuesto en el marco jurídico internacional y reconocer no solo una parte del territorio de los pueblos sino su integridad, como lo señalan los estándares internacionales. Asimismo, garantizar su protección frente a la incursión de terceros en los territorios indígenas.
-Se debe fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas para reportar oportunamente los delitos que se cometen dentro de sus territorios como para realizar una incidencia sostenida respecto de los agentes públicos a cargo de su erradicación y combate.
-Es indispensable poner en la agenda pública local y nacional los serios peligros que para la supervivencia de las comunidades indígenas conlleva el desarrollo de actividades ilegales en sus territorios.
-El Ministerio de Justicia debe garantizar la protección efectiva a miembros de comunidades que por su labor de defensa de su territorio y recursos son víctimas de amenazas y agresiones por parte de invasores.
-Para abordar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación y plantear mecanismos para superar la desigualdad, cabe usar el enfoque de interseccionalidad toda vez que se constatan simultáneamente diversas causantes del trato desigual: género, identidad cultural, ingresos, etc.
-A efectos de promover el ejercicio de los derechos a la educación y salud en las comunidades es necesario atender a sus elementos esenciales, como accesibilidad, infraestructura, servicios básicos, materiales y equipos y, en especial, la adaptabilidad y calidad.