El jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía (DIRANDRO), general Miguel Hidalgo, anunció que la estrategia de las fuerzas del orden en la lucha contra el narcotráfico es atacar desde el origen la comercialización de los insumos químicos básicos para la elaboración de clorhidrato de cocaína.
Más allá de seguir esperando la implementación y el reglamento de la Ley de Insumos Químicos desde el 2007, “nuestros esfuerzos están orientados a las empresas que desvían los insumos desde las ciudades que tienen ciertas posibilidades para llegar a los valles cocaleros” afirmó.
Hidalgo señaló al respecto, que allí está el origen de todo el problema, pues existen 1565 compañías, solo en Lima, que se abastecen de insumos químicos y por ese hecho están en el perfil de riesgo de la DIRANDRO.
Dijo que las empresas importan importantes cantidades de insumos como kerosene, acetona y ácido clorhídrico, no obstante no todo lo usan, sino que es desviado a las zonas cocaleras.
Cabe resaltar que un barril de acetona en Lima cuesta 388 dólares, en el valle de los ríos Apurímac y Ene ese mismo barril cuesta 5 mil dólares.
Muchas de las empresas que estarían desviando sus insumos a las zonas cocaleras, denuncian el robo de los productos para justificar el desbalance que existe entre lo que importan y lo que desvían para el narcotráfico, añade el jefe policial.
Limitaciones por falta de la Ley
Hidalgo afirma que no poner en funcionamiento la Ley de Insumos Químicos, implica no poder contar, entre otras cosas, con el software que permita fiscalizar el paso de vehículos por las diversas garitas y verificar sus respectivas cargas.
El ministerio de la producción ha desarrollado una versión del registro único, y con él ya cuenta con un módulo de padrón de empresas inscritas y autorizaciones de importación y exportación de insumos químicos, pero es un avance y no la solución final que establece la ley.
Se debe precisar, en ese marco, que a la fecha se han registrado 3 mil 900 empresas a nivel nacional, a las cuales previamente la Policía ha otorgado un certificado de usuario con vigencia de dos años.
Según el general Hidalgo todavía hay ajustes que se deben hacer a la normatividad, pues aún la Policía no puede intervenir durante el proceso de acopio de insumos químicos, pues se debe comprobar antes de que estos serán usados para la elaboración de la droga.
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