Con varios kilos menos, debido al estrés, encontramos a Idelia Calderón Ramos, de 28 años. La joven abogada que acusa al congresista de Gana Perú Walter Acha Romaní por presunta violación sexual, tiene el semblante lúgubre y habla en voz baja. Para ella, es un mal sueño que preferiría olvidar. Sin embargo, la pesadilla recién comienza. Tanto el Ministerio Público como la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso ya tomaron su caso. Habrá que revivir todo de nuevo.
En una entrevista exclusiva dada a El Comercio, la ex asesora de prensa del legislador oficialista por Ayacucho confesó que, si bien las amenazas han cesado, aún teme por su vida. «Antes de salir a la prensa, él [Acha Romaní] me dijo que me callara y me acuerde que él es del VRAE», sostiene Calderón. A pesar de ello, siguió adelantey hoy espera ser notificada por las autoridades correspondientes para dar su versión de los hechos.
Junto a su abogado Ronald Atencio Sotomayor, ella viajará en los próximos días a Pucallpa (donde supuestamente ocurrieron los hechos) para ponerse a disposición de la Fiscalía de Coronel Portillo y acelerar el proceso. «No estamos dispuestos a esperar uno o dos meses más. He hablado con la fiscal Emperatriz Verdi y entiendo que el avance del caso ha sido mínimo», afirma Atencio. Su patrocinada y Acha Romaní no han vuelto a cruzar palabra desde abril.
ACHA SE CONTRADICE
Mauricio Mulder, integrante de la Comisión de Ética Parlamentaria, hizo referencia a un oficio en el que Acha Romaní desiste de presentarse ante ese grupo de trabajo debido a que su caso ya estaba en manos de la Fiscalía.
No obstante, en conversación telefónica con este Diario, el ex dirigente cocalero sostuvo lo contrario: «No voy a hacer ningún tipo de comentario hasta hacer mi descargo ante la Comisión de Ética. No quiero entorpecerla investigación y estoy esperando a que se me convoque. Es falso que no vaya a asistir».
Humberto Lay, presidente de la mencionada comisión legislativa, reconoció que todavía no se ha visto nada del caso. «Recién el lunes [mañana] nos juntaremos para establecer un plan de trabajo y ver a quién citamos primero», aseveró. Asimismo, advirtió que, dada la gravedad de la acusación, Acha Romaní podría merecerla sanción más drástica, es decir, la equivalente a 120 días de suspensión.
«Si encontramos indicios del delito, pasaremos el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para proceder a un levantamiento de impunidad. Pero la Fiscalía también puede pedirla a través de la Corte Suprema por tratarse de un delito común», refirió Lay.
Para el analista político Fernando Tuesta, el oficialismo debe mantener distancia respecto al colega de bancada. «Un inten-to de entendimiento hablaría tan mal del grupo como del congresista dado su desempeño antiético». Remarca, además, que el temor de perder un escaño en el Parlamento es infundado, ya que si Acha Romaní resulta desaforado ingresará al Legislativo el siguiente de la lista oficialista resultante del voto preferencial.
¿PRUEBAS SUFICIENTES?
Un video grabado por la propia Idelia Calderón es su principal arma de defensa. Al respecto, el abogado penalista Mario Amoretti opina: «Es una prueba para iniciarla investigación fiscal, pero no para condenar al supuesto agresor como responsable del delito de violación sexual».
Amoretti agrega que para corroborar su culpabilidad tendría que probarse la veracidad de las imágenes, sobre todo porque estas fueron registradas sin el consentimiento del acusado. Además, Calderón debe ser sometida a una prueba toxicológica y otras pericias.
En el supuesto de que el congresista ayacuchano fuese declarado culpable por el delito de violación sexual podría recibir una condena de entre 10 y 15 años de cárcel.
Idelia también respondió a quienes cuestionan su versión por haber accedido a compartir la habitación del hotel en Pucallpa con el legislador. «Conozco a Walter desde el 2006, ya teníamos un grado de confianza y habíamos realizado viajes juntos. Nunca imaginé que algo así podría suceder». Ella describe a Acha Romaní como «un tipo meloso», pero que nunca antes había existido un acercamiento más allá de lo laboral o amical.
ACOSO EN EL SECTOR PÚBLICO
«No es fácil denunciar una violación, eso pone en riesgo el empleo, hay temory vergüenza. Por ello, es importante prestar atención cuando una persona afirma haber sido víctima de abuso», recalca Ivonne Macassi, de la ONG Flora Tristán. Se estima que 3 de cada 10 mujeres sufren hostigamiento sexual en su trabajo. A partir del 2008 han atendido 27 consultas por acoso y 9 por violación hechas por trabajadoras del sector público. En el ámbito privado las cifras ascienden a 253 por acoso y a 7 por abuso sexual.
«En el caso del Poder Judicial, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el tema de la jerarquía pesa mucho y dificulta las denuncias. Es casi imposible cuestionar a tu superior», advierte Patricia Sarmiento, comisionada de la Adjuntía de la Mujer en la Defensoría del Pueblo. Ella está segura de que hay una cifra oculta, pues no existen datos oficiales en el sector estatal, ya que cada institución se autorregula.
Como muchas otras mujeres, a Idelia le queda aguardar que se haga justicia, pero antes le espera un tortuoso proceso. (Marisol Grau)