El 25 de junio del 2012 se registró un insólito y sangriento tiroteo entre policías en el Aeropuerto Internacional de México. Tres agentes antidrogas que habían descubierto un paquete de cocaína en el vuelo 019 de la compañía Aeroméxico, procedente de Lima, fueron asesinados por otros cinco agentes.
La noticia no importó mucho a los medios peruanos. Creyeron que era uno de los tantos homicidios cotidianos de la guerra de las drogas en México.
SE EQUIVOCARON
Los asesinos eran parte de una mafia de policías a sueldo del cartel de Sinaloa que trabajaban en el aeropuerto de la Capital Federal mexicana y dejaban pasar droga que llegaba de Perú. Ellos sabían en qué vuelo llegaba la cocaína porque la organización criminal también estaba compuesta por policías antidrogas peruanos asignados en espigón internacional de Jorge Chávez.
Las autoridades de México alertaron de lo sucedido a sus pares peruanos. A partir de agosto del 2012, la Dirección Antidrogas inició la ejecución de la operación de inteligencia “Los Jugadores”, para identificar a la red de policías peruanos que trabajaban para el cartel de Sinaloa.
Al poco tiempo se descubrió que la modalidad de filtración de la droga consistía en el siguiente procedimiento: aprovechando que tienen pases especiales para ingresar en el aeropuerto, los policías cómplices llevan la cocaína adherida a sus cuerpos y ocultan los paquetes en los baños de las zonas de embarque. Los “burriers”, que han traspasado todos los controles, recogen la droga y suben al avión sin problemas.
Una vez que llegaban a su destino, los “burriers” se dirigían a los baños del aeropuerto y camuflan la ilícita mercancía, que luego era recogida por los policías mexicanos cómplices.
Un equipo de inteligencia de la Dirandro hizo un seguimiento meticuloso del personal asignado e identificó a varios sospechosos, a quienes se les levantó el secreto de las comunicaciones.
NUEVO TRUCO
Al cruzar información pudo determinar que los policías implicados en el despacho de cocaína a México eran el mayor Edward Tapia Montalvo, los capitanes Lenin Salas Hoyos y Carlos Peralta de la Peña; el teniente Daniel Chávez Ysique; y los suboficiales José Loayza Contreras, Freddy Rondinel Soto, María Guzmán Soto, Milagros Terrones Huamán, Rivelino Huarachi Zamata y Susy Faman Casas.
Todos trabajaban en la brigada de la Policía Antidrogas asignada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.
El titular de la Cuarta Fiscalía de Crimen Organizado, Manuel Castro Sánchez, dispuso el sistema de escucha de los teléfonos de los implicados para establecer los nexos de los policías antidrogas con una organización de narcotraficantes. El resultado fue extraordinario.
El mayor Edward Tapia Montalvo controlaba los servicios del personal y protegía las salidas constantes de los capitanes Carlos Peralta de la Peña y Lenin Salas Hoyos.
SEPARADOS POR AHORA
De acuerdo con la investigación de la Dirandro, Peralta se encargaba de coordinar la filtración de la droga de la calle hasta la zona de embarque, tarea que cumplía con ayuda del suboficial Loayza, mientras que Salas era el que cobraba los “cupos” a los narcotraficantes para dejar transitar la cocaína.
El teniente Daniel Chávez había reclutado a los suboficiales Freddy Rondinel y Rivelino Huarachi para introducir la droga camuflada en sus cuerpos e introducirla en la zona de embarque.
Las suboficiales María Guzmán, Milagros Terrones y Susy Faman actuaban como “campanas” en caso de que algún efectivo que no era parte de la mafia intervenía algún cargamento de droga.
El Alto Mando de la Policía Nacional ni bien se enteró de los hechos dispuso la separación inmediata de los efectivos del aeropuerto hasta que se esclarecieran la implicancia de los acusados.
En su descargo, los policías bajo investigación negaron algún tipo de participación en actividades del narcotráfico.
La República se contactó telefónicamente con la suboficial María Guzmán, quien dijo que no podía hacer comentarios porque el caso era reservado. El resto de sus compañeros prefirió no decir nada.
El fiscal especializado en Crimen Organizado, Manuel Castro Sánchez, ha denunciado a todos los policías por el delito de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.
REVISAN LAS CUENTAS DE LOS POLICÍAS
El 24 de agosto del 2012 el titular de la Cuarta Fiscalía Especializada de Crimen Organizado, Manuel Castro Sánchez, dispuso abrir investigación por tráfico ilícito de drogas a los diez policías antidrogas implicados.
El 11 de octubre, el Primer Juzgado Penal Nacional ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todos los investigados.
El 30 octubre, el fiscal Manuel Castro dio por concluido el procedimiento especial de inteligencia de carácter reservado y a partir de esa fecha formalizó investigación a los sospechosos.
El 16 de enero del 2013 el fiscal Castro solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Superintendencia de Banca y Seguros , ofrecer un reporte de operaciones sospechosas que hayan efectuado los investigados y sus familiares más cercanos.
El propósito del pedido de la Fiscalía es determinar si los policías vinculados con el caso han recibido cantidades de dinero cuyo origen es el narcotráfico, para luego establecer si existe correspondencia entre sus ingresos y sus bienes.
Los agentes mexicanos que mataron a sus tres compañeros son Zeferino Morales Franco, Daniel Cruz García y Felipe Lugo León, quienes se encuentran en la condición de prófugos.
EN CIFRAS
15 son los agentes antidrogas que trabajan en el aeropuerto Jorge Chávez.
10 agentes del total de 15 se encuentran acusados de pertenecer a la mafia.
2 años tenían laborando en el aeropuerto los agentes denunciados por la Fiscalía.