Con el fin de contribuir a la lucha contra el narcotráfico, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) entregó equipos informáticos para mejorar los colegiados de la Sala Penal Nacional y gestionó los recursos para brindar 3 vehículos al Poder Judicial.
Todo esto se realizó en el marco del Programa Presupuestal Gestión Integrada y efectiva del control de Oferta de drogas en el Perú, que lleva adelante Devida, la cual considera la provisión de recursos tecnológicos.
El presidente ejecutivo de Devida, Alberto Otárola, remarcó que la entrega contribuye en la mejora de los servicios del Poder Judicial, la cual se enmarca en la Estrategia Nacional de la Lucha Contra las Drogas. La finalidad es incrementar los índices de judicialización y sanción de los delitos relacionados al Tráfico Ilícito de drogas y delitos conexos.
Estos nuevos equipos informáticos tienen como objetivo mejorar funcionamiento de los colegiados “A” ,”C”,” D “ y “E” de la Sala Penal Nacional , de los tres Juzgados Penales Nacionales y del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional especializado en Crimen Organizado.
Por otro lado, los vehículos tipo Van mejorarán la capacidad operativa en las labores judiciales, contribuyendo a la celeridad en el trámite de los procesos por Tráfico Ilícito de drogas y delitos conexos.
De esta manera, el Poder Judicial y Devida reafirmaron su compromiso para mejorar la prestación de los servicios de justicia en el ámbito de la especialidad penal en particular respecto a los procesos por Tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
DATO:
En el mes de diciembre del 2014, DEVIDA entregó 150 equipos informáticos, entre computadoras, monitores e impresoras a la Corte Superior de Justicia de Lima para ser destinados a las Salas y Juzgados penales que tramitan procesos por Tráfico Ilícito de Drogas.
En el año 2013 y 2014 el Poder Judicial del Perú y DEVIDA firmaron un convenio para el financiamiento de la contratación de peritos, capacitación a magistrados y operadores de justicia de la Sala Penal Nacional; y la adquisición de equipos para acciones de peritaje.
Además para el financiamiento de personal de atención en los Centros Juveniles del Poder Judicial ubicados en Lima, Ucayali, La Libertad y Lambayeque en donde se brinda atención y tratamiento a adolescentes en conflicto con la ley penal y con problemas asociados al consumo y dependencia de drogas.