Con el objeto de prevenir delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la Fiscalía de Prevención del Delito de Tambopata, intervino diversas clínicas, consultorios y centros médicos, que funcionan en la ciudad de Puerto Maldonado, sin contar con la autorización resolutiva de la Dirección Regional de Salud.
La acción preventiva estuvo a cargo de los fiscales David Alberto Paye Apaza y Jackeline Villavicencio Cano, con participación de funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, la Sub Gerencia de Defensa Civil, la Sub Gerencia de Promoción Empresarial, MYPES y Licencia de Funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Tambopata.
Las anomalías encontradas son que, algunas clínicas privadas carecen de resolución autorización, no cuentan con Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Renipress) actualizado, constancia de autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPREES), no cuentan con cartera de atención publicada, ni formato de referencia según norma técnica vigente; no tienen tarifario publicado y tampoco cuentan con inventario de bienes actualizado.
De igual forma, no se encontró desfibriladores (electroshock), ni áreas específicas para la dilatación de partos; en algunas clínicas tampoco tenían sistema de esterilización, que son servicios básicos en todo centro de salud. También se pudo observar que el área de emergencia no contaba con el coche de paros respiratorios, que es uno de los equipos indispensables en todo nosocomio de esta naturaleza.
Asimismo también se observó que en algunos establecimientos, no empleaban ni registraban guías de manejo quirúrgico ni anestésico, tampoco registraban las historias clínicas de los pacientes y se carecía de stock de medicamentos básicos; Es más algunas “clínicas”, “Centros Médicos” privados ofrecen atención médica especializada, cuando no los posee.
Al respecto el fiscal de prevención del delito y la representante de la Dirección Regional de Salud, recomendaron a los propietarios y conductores de estos establecimientos de salud privados a cumplir con los requisitos mínimos y adecuado recurso humano de acuerdo al nivel de establecimiento identificado, así mismo se exhortó para que se abstengan de recibir a más pacientes por las limitaciones que presentan y cumplan con una atención de calidad y calidez de acuerdo a la norma técnica.
Finalmente se otorgó el plazo de un mes para que estos establecimientos privados cumplan con levantar las observaciones y subsanen las deficiencias constatadas, en cuanto a infraestructura, equipamiento, recursos humanos y organización para la atención; todo ello para el cumplimiento para la capacidad resolutiva del establecimiento de salud, de lo contrario se les retirará la categorización y autorización que poseen; en caso de incumplimiento se informará a Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) para las acciones correspondientes.
Finalmente el fiscal Paye Apaza, acotó que los operativos continuarán, por que se ha detectado que solamente 18 establecimiento privados de salud cuentan con categoría y resolución de autorización legal, mientras que 77 establecimientos privados de salud no cuentan con categoría, es decir sin la autorización resolutiva de Diresa, lo cual ameritaría una denuncia penal por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, el ejercicio ilegal de la medicina, entre otros.
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