El fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Antonio Fernández Jerí, mencionó que la última acción de interdicción en el centro poblado de Puna Ayllu y los sectores de Lacca y Tambillo, en la región Puno, fue la más complicada, pero se logró destruir 121 motores de succión, antenas satelitales, entre otros materiales valorizados en más de 5 millones de dólares.
También se halló a uno de los miembros de la familia Santa María, la cual dominó la zona durante años sin ningún tipo de control, y que al parecer sabía del operativo por infiltración de algún sector regional.
«En este caso se han abierto las carpetas de investigación inmediatamente, porque no encontramos al señor Santa María in fraganti, sino que él ha ido a dirigir a sus operarios para sacar las maquinas que son las que más cuidan. Lo hemos detenido pero en una zona donde no estaba él en actividad, eso es materia de investigación», sostuvo.
Esta acción «nos permitió tener un costo social cero y, por la misma razón, solamente encontramos guardianes en el campamento, algunos de los cuales fugaron y otros comenzaron a subir a las máquinas para llevarlas a buen recaudo en zonas que conocen muy bien», dijo.
Fernández señaló que en esta zona se practica la minería ilegal desde el siglo pasado, de manera hereditaria, y se ubica en áreas donde hay varios afluentes que terminan en las cuencas de los ríos Suches y Ramis, causan daños a la salud de las personas y animales por la contaminación de las aguas.
Comentó también que la zona intervenida se encuentre en el límite con Bolivia, lo que hace que la minería ilegal sea frecuente, porque la maquinaria pesada viene de contrabando. «Tenemos que trabajar mucho más fuerte en el tema de protección de fronteras», añadió.
OPERATIVOS
El fiscal precisó que durante el 2013 se llevaron a cabo 78 operativos y para este año ya se han realizado 14 y se han planificado acciones de control hasta junio próximo.
Dijo que, dentro de los procesos en investigación en todo el país, hay cerca de 3 mil carpetas fiscales desde diciembre hasta enero, que se encuentran en diferentes estados procesales.
La Fiscalía, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas vienen erradicando la minería ilegal en Loreto, San Martín, Amazonas, Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y la zona sur de Cusco.
NORMATIVIDAD
El fiscal Fernández Jerí también resaltó que las normas legislativas actuales permitan la erradicación de la minería ilegal y den el sustento legal para las acciones de interdicción.
La sanción penal para los que se dedican a esta actividad ilícita van desde los cuatro a ocho años de cárcel y aumenta a 12 por la figura de lavado, para los que la financian.
«Desde que se ha criminalizado la minería ilegal han pasado dos años, y en el último año hemos unificado nuestros criterios de actuación con las instituciones citadas, además de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) que nos ayuda en la zona amazónica. Es muy importante la alianza estratégica para el éxito del operativo», manifestó (INFOREGIÓN).