La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, resaltó la importancia de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en la que se suspenden las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 103, superpuesto con el área de conservación regional Cordillera Escalera, hasta la aprobación del Plan Maestro de esta área natural protegida.
En un comunicado, la SPDA destacó en este caso la importancia de las áreas de conservación regionales en el país como espacios que deben contribuir a las estrategias de desarrollo bajo la premisa de velar por el mejor uso del territorio y elegir su uso para la conservación, pues esta área es fuente proveedora de agua para la región San Martín.
En esa línea, la SPDA calificó como un importante precedente que el Tribunal Constitucional destaque en su sentencia principios ambientales básicos, como el de prevención y el precautorio, bajo la óptica adicional que el interés público debe primar sobre intereses particulares.
Esta sentencia, pone de manifiesto que el otorgamiento de derechos de uso de los recursos naturales renovables y no renovables debe incorporar mecanismos de coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos regionales. Además, se ha evidenciado que el Gobierno Regional San Martín no comparte la idea del Gobierno Central acerca del aprovechamiento de hidrocarburos en esta área.
Igualmente, la SPDA llamó la atención sobre la falta de seguridad jurídica en los derechos de las empresas de hidrocarburos, concesionarios madereros, de conservación o de ecoturismo, entre otras áreas, que ven amenazada su inversión por el otorgamiento de derechos superpuestos a los suyos y que afectan el cumplimiento de sus obligaciones frente al Estado.
Sin embargo, la SPDA recalca que esta resolución no resuelve el problema de fondo al trasladar esta decisión a in nivel que no le corresponde.
“Este tema debería ser resuelto a otro nivel, por Ley del Congreso, identificando los mecanismos de coordinación entre los sectores y niveles de gobierno para definir las prioridades de uso del territorio, y con respeto a los derechos adquiridos”, sentencia.
Finalmente, señala su esperanza de que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional pueda finalmente poner en agenda un tema ampliamente postergado en el Perú, como es la superposición de derechos de uso y los criterios para definir su compatibilidad o incompatibilidad.