El importante apoyo de organismos internacionales y del Estado peruano para hacer realidad el programa de reparación a las familias afectadas por la violencia política ocurrida entre 1980 al 2000 en la provincia de Huanta, Ayacucho, fue destacada durante el Foro ‘Por el Derecho a la Reparación: La Experiencia de Huanta’ realizado en esta ciudad.
El primer vicepresidente del Congreso, Aldo Estrada, dio la bienvenida a los participantes, y destacó el apoyo que brindan instituciones como el Movimiento Laico de América Latina, el Fondo Italo Peruano, las autoridades municipales y las organizaciones sociales de los afectados por la violencia.
Fernando Lituma, a nombre del Fondo Italo Peruano, explicó que el fondo se creó el 2002 a raíz del canje de deuda por inversión para proyectos de desarrollo para los sectores de menores recursos que se está aplicando en Huanta, Huamanguilla e Iguaín.
Por su parte, Mario Mancini, del Movimiento Laico, dijo que ellos son coordinadores de la política de reparaciones que ejecuta el gobierno peruano porque, anotó, los recursos provienen de una condonación de deuda al Estado peruano, cuyos fondos se canalizan a la población más necesitada.
Seguidamente, representantes de la comunidad expusieron la experiencia de la violencia vivida en Huanta, con testimonios de Dulia Lozano, Rocío Pineda, Juan Pacheco, Ruth Lunazco, Ricardo Guzmán, Daniel Roca, Jesús Aliaga y el representante del Gobierno Regional de Ayacucho, Mario Roca, quienes explicaron los programas de reparación de la violencia en Huanta, la provincia más afectada por el terrorismo.
El Plan Integral de Reparaciones, es el resultado del esfuerzo participativo de diversas instituciones a fin de hacer cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y busca reparar y compensar los daños humanos, sociales, culturales, sicológicos, morales, materiales y económicos de las familias de las comunidades afectadas.
El foro fue clausurado por la congresista ayacuchana, Elizabeth León, quien destacó el esfuerzo de organismos internacionales, nacionales y locales para hacer realidad las reparaciones a las víctimas de la violencia terrorista, con la ejecución de medidas de capacitación, salud, proyectos de desarrollo y derecho a la identidad e inclusión de las personas afectadas.